En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                         16/10/2020

SEPTIEMBRE 2020

Noticias del sector

IGUALDAD HABILITA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 

El Periódico de Aquí .- 03-09-2020

 

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha activado el procedimiento de tramitación electrónica para solicitar el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, así como su revisión, según ha informado la directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert.

 

La tramitación electrónica supone "un avance en el proceso de modernización de la Administración autonómica", ha destacado Albert, quien ha resaltado que este nuevo mecanismo mejorará el servicio a la ciudadanía, a la vez que "permitirá agilizar el trabajo de los distintos centros de valoración" que existen en la Comunitat Valenciana.

 

Las personas que deseen tramitar su solicitud vía digital deberán disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad o bien con el certificado reconocido para ciudadanos, pudiendo utilizar cualquier sistema de firma electrónica admitido por la sede electrónica de la Generalitat.

 

La solicitud deberá ir acompañada, entre otra documentación, de aquella que acredite la discapacidad alegada (física, mental, intelectual o sensorial), entre la que deberán figurar informes clínicos actualizados, y en aquellos casos en que sea necesario, el informe psicopedagógico oficial emitido por el especialista en orientación educativa.

 

Por otra parte, para la valoración de los factores sociales la persona interesada puede presentar un informe social o bien una declaración responsable de factores sociales complementarios.

 

La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental ha explicado que para facilitar la tramitación de estas solicitudes la ciudadanía puede acceder al siguiente enlace:consultar aquí, donde se reúne toda la información que relativa al certificado y desde donde también se puede acceder directamente al mismo.

 

Beneficios del grado

 

Las personas que tienen un grado de discapacidad reconocido pueden acceder a determinados beneficios, como puede ser el acceso a subvenciones o ayudas de carácter individual para tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo accesibilidad y adaptaciones en el hogar, entre otras.

 

Asimismo, pueden solicitar el cobro de una pensión no contributiva o de prestaciones económicas y sociales, como son la asistencia sanitaria y prestación farmaceútica y el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transportes; y en aquellos casos en que proceda también pueden demandar recursos y apoyos educativos.

 

Las mejoras fiscales son otros de los beneficios que comporta el grado de discapacidad, que también puede incluir prestaciones familiares, como es el cobro de una asignación económica por hijo, hija o persona menor de edad acogida a cargo, que puede mantenerse una vez superados los 18 años si la discapacidad reconocida es igual o superior al 65%.

 

Prórroga por la COVID

 

Albert ha recordado que, el pasado mes de marzo, ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidió prorrogar un año la vigencia de las resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad que se encontrasen sometidos a revisión durante el año 2020.

 

Así, con la finalidad de que estas personas no pierdan el acceso a los beneficios a los que les da derecho el reconocimiento, se establece prorrogar de forma automática hasta el día 14 de marzo de 2021, la vigencia del grado de discapacidad reconocido y las tarjetas de discapacidad cuyas resoluciones y certificados de reconocimiento se encontrasen sometidos a una temporalidad que se hubiera sobrepasado o a una vigencia temporal con fecha de finalización anterior al 31 de diciembre de 2020.

 

La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental ha señalado que esta medida beneficia a 4.834 personas con diversidad funcional de toda la Comunitat Valenciana, de las que 2.414 son de la provincia de Valencia, 1.771 de Alicante y 649 de la provincia de Castellón.

 

LA COVID Y EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

El Mundo.- 06-09-2020

 

La inesperada pandemia de la COVID19, además de sus no deseadas consecuencias sanitarias, está teniendo también sus descomunales efectos negativos en las economías de los estados de nuestro entorno con su grave repercusión en el mercado laboral con la consiguiente destrucción de empleo y el también indeseado repecho de la tasa de paro.

 

La pandemia ha venido a truncar una línea de recuperación y consolidación de la economía valenciana que en los últimos años, con el Consell del Botànic presidido por Ximo Puig, venía demostrando su robustez reconocida por los agentes económicos y sociales.

 

El dinamismo de nuestra economía y actividad empresarial -la Comunitat Valenciana ha liderado en varias ocasiones la creación de empleo en España- queda registrada en parámetros como el aumento de las exportaciones, superando los 30.000 millones; la cifra récord de turistas que visitaron nuestra Comunitat el pasado año, con el máximo histórico de 9,5 millones de viajeros internacionales llegados y la cifra de 9.620 millones de euros como gasto; también una costosa pero paulatina recuperación del sector de automoción...

 

Paralelamente a esta bonanza de recuperación sin finalizar de la crisis iniciada en 2008, el colectivo de personas con discapacidad, uno de los más duramente castigados, por su vulnerabilidad, con esa lacra social que supone el paro, fue reconquistando a partir de 2012 algunos puntos en la tasa de empleabilidad, doblándose en el ámbito estatal las contrataciones desde este año (61.000 contratos) hasta 2019 (117.818 contratos). Aunque esto, realmente es un espejismo por las altísimas tasas de inactividad que afecta al colectivo, 24 puntos por encima de la población sin discapacidad.

 

En el contexto de la crisis sanitaria que nos azota, las perspectivas de empleabilidad actuales y futuras del colectivo, si no hay un cambio radical en sus perfiles, no son nada halagüeñas por la peculiaridad de los puestos de trabajo ocupados, en su gran mayoría de baja cualificación y acogidos al empleo protegido en los centros especiales de empleo porque, entre otras circunstancias, el mercado laboral ordinario sigue sin dar una respuesta cuantitativa a la contratación de personas con discapacidad.

 

El caso es que la actividad laboral y profesional de la mayoría de centros especiales de empleo se realizan en el sector servicios y en el de la automoción en la Comunitat Valenciana, dos de los sectores más castigados por la pandemia y en la que los ERTEs y la destrucción de empleo han sido dos de los vectores que están marcando nuestro mercado laboral.

 

Y para que el desempleo de las personas con discapacidad no sea algo endémico y estructural en nuestra Comunitat, y siendo que un 60% de trabajadores desarrolla puestos de trabajo secuenciales o de "manera mecánica", con el riesgo de ser sustituidos por la robótica, tenemos que prepararlos, a base de formación y más formación, para el escenario laboral que se nos viene marcado por la inteligencia artificial y la digitalización.

 

Ahora bien, si no queremos marginarlos de por vida, tenemos que ser conscientes también de sus gravísimas carencias frente a la digitalización, siendo otro de los colectivos que más sufre la brecha digital entre otras cuestiones por su bajo nivel adquisitivo, por lo que hay que dotarlo de herramientas y que, de manera transicional, la formación presencial siga siendo más importante que la telemática. En este sentido hay que hacer un esfuerzo también para atender a las características de salud del colectivo, en base a sus inhibiciones frente a los temores, más que fundamentados por sus patologías, a contraer el coronavirus. En definitiva, dar respuesta a sus necesidades y me consta que por parte de la Generalitat, de Labora, se están planificando acciones para paliar esta problemática.

 

Carlos Laguna es portavoz de Empleo del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes.

CERMI ALERTA DE QUE LA PANDEMIA AGRAVARÁ LA DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Europa Press.- 15-09-2020

 

El 'Informe España Derechos humanos y Discapacidad 2019' constata las barreras físicas y las carencias en las escuelas    MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -    El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha advertido este lunes de que la situación de falta de igualdad de oportunidades que dejó 2019 para las personas con discapacidad se agravará notablemente debido a las consecuencias humanitarias, sociales y económicas de la pandemia de coronavirus.    Así ...

 

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LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD PIDE A LAS ADMINISTRACIONES QUE GARANTICEN QUE LAS EMPRESAS CUMPLEN LAS LEYES

 

Servimedia.- 24-09-2020

 

  • Reclama que se respeten las obligaciones legales sobre contratación de personas con discapacidad o adaptación de puestos de trabajo

 

El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, pidió este jueves a las administraciones que "presionen a aquellas empresas que incumplen" las obligaciones legales sobre contratación de personas con discapacidad o que se niegan a adaptar los puestos de trabajo, durante la presentación de la 7ª campaña 'Que lo escuche todo el Mundo' de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas).

 

Según Celada, "los ciudadanos deben saber que la administración persigue y castiga a aquellos que incumplen", pues lo contrario causa "una sensación de "dejadez de funciones". El acto, celebrado de forma presencial y retransmitido también online desde la sede de Fundación ONCE, tiene lugar con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas.

 

En su intervención, Celada destacó que "se ha avanzado mucho en la integración social y laboral de las personas con discapacidad en los últimos años", aunque "todavía es mucho lo que nos queda por hacer", también en el caso de las personas con sordera. Se refirió así a la necesidad de que desde los poderes públicos se vigile el cumplimiento de la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad y a la conveniencia de que "se note esta presión".

 

REFORMAS

 

También lamentó la falta de "sensibilización sobre discapacidad que aún hoy persiste, en el sector privado pero también en el público", y subrayó "el cambio normativo que aún está pendiente".

 

De hecho, avanzó que el año que viene espera tener listo el desarrollo reglamentario de la Ley Reguladora de las Lenguas de Signos Española y de Apoyos a la Comunicación Oral que, en su opinión, "nos habría permitido exigir a las empresas soluciones de subtitulado y de accesiblidad, que tanta falta han hecho en estos tiempos de pandemia". Su ausencia a estas alturas "es un punto negro para mi departamento", confesó.

 

Asimismo, Celada indicó que se está trabajando en una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para garantizar "no solo la cantidad de los subtítulos, sino también su calidad y la variedad de contenidos".

 

"La ley ya se cumple en cuanto a cantidad", apuntó, pero "es importante que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a todo tipo de contenidos". Además, señaló cómo este colectivo resultó "especialmente perjudicado durante el confinamiento y el posconfinamiento".

 

Primero fue la falta de accesibilidad en los contenidos que emitían los medios, "en un momento en el que la información era muy necesaria", a lo que se unieron las barreras a la comunicación que encuentran las personas con sordera a causa de las medidas sanitarias impuestas para contener la expansión de la Covid-19. Como ejemplo citó la utilización de mamparas y mascarillas que impiden la lectura de labios y resultan especialmente perjudiciales en el caso de los niños con sordera, que "han vuelto al cole y no pueden seguir sus clases".

 

En este sentido, Celada recordó la promesa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de agilizar la homologación de las mascarillas transparentes, "garantizando siempre que cumplen los estándares de calidad sanitaria exigidos".

 

En el acto participaron también la subdirectora de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Consolación Rodríguez; el presidente de Fiapas, José Luis Aedo, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

 

Rodríguez destacó la importancia de "los ajustes razonables" como "medio legal para que la inserción laboral (de las personas con discapacidad) sea efectiva", y resaltó que estas adaptaciones deberían entenderse dentro de las obligaciones de la prevención de riesgos laborales.

 

En su opinión, lo importante es que todos estos principios "tengan un efecto útil en la práctica", para lo que "las empresas deberían verlo como un gesto cotidiano", como una parte más de su política de salud laboral.

 

También mencionó la utilidad de las sanciones para que las empresas cumplan las normas sobre personas con discapacidad, aunque afirmó que ya se llevan a cabo campañas de vigilancia.

 

Por su parte, Martínez Donoso subrayó la contribución de la tecnología a la inserción laboral de las personas con sordera y con otros tipos de discapacidad, así como la mejora de su nivel formativo.

 

Finalmente, Aedo apeló a la concienciación social para avanzar en la integración laboral de este colectivo, objetivo al que este año Fiapas dedica su campaña, que lleva por título 'Nuestro Talento Suma'. Para ello, muestra testimonios de personas sordas que han logrado un puesto de trabajo en distintas empresas y las reflexiones de sus compañeros y jefes.

EXPERTOS PIDEN QUE EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD PARTICIPE EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

 

Servimedia.- 28-09-2020

 

Los participantes en la jornada sobre el impacto de la Covid-19 en los derechos sociales de las personas con discapacidad organizada este lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y las Cortes Generales coincidieron en destacar la necesidad de que las organizaciones de la discapacidad participen en la planificación y gestión de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia.

 

Así lo declaró a Servimedia el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidente de la Delegación española ante la Asamblea. En el encuentro intervinieron el presidente del Grupo Social Once, Miguel Carballeda; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez; la presidenta del Senado, María pilar Llop; el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Rik Daems; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Raúl Canosa, y los presidentes de las comisiones de políticas de discapacidad del Congreso y del Senado, Joan Ruiz y María Teresa Fernández, respectivamente.

 

Según Gutiérrez Limones, la experiencia de organizaciones "como la ONCE y el Cermi debe ser tenida en cuenta" en el reparto de los fondos para la reconstrucción.

 

En esta línea, Carballeda consideró "fundamental" que “los fondos europeos "tengan una parte pensada para las personas con discapacidad”, pues “sería injusto que no fuera así”. Lamentó que “las personas con discapacidad nos hemos visto abandonadas, en el último lugar de la cola, y hemos sentido que nadie pensaba en nosotros en los momentos más difíciles”.

 

Por eso, Gutiérrez subrayó que esta organización, así como el resto del sector, "debe ser escuchada" a la hora de planificar políticas de acción positiva para este colectivo. "Cuando uno es el principal motor de empleo de personas con discapacidad en el mundo, como es el Grupo Social ONCE, merece esta oportunidad", indicó Carballeda.

 

De hecho, Gutiérrez Limones abogó por que las buenas prácticas que ya funcionan, como el empleo protegido y la bonificación de la contratación, se extiendan a todos los países. Esta será una de las conclusiones que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recogerá en su informe sobre la pérdida de derechos por parte de los colectivos más vulnerables a causa de la pandemia. Los trabajos, que se realizan en colaboración con los parlamentos nacionales, serán después enviados a las instituciones europeas y a los Estados miembro.

 

Otro de los aspectos a abordar tiene que ver con la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en el acceso a la salud, a la protección de la vida y en el acceso a servicios sociales, apuntó Gutiérrez. Agregó que el Consejo de Europa también estudia la situación de las residencias, aspecto que hoy trató en su intervención el presidente de Cermi.

 

Para Luis Cayo Pérez Bueno, la permanencia en instituciones "masificadas" de personas mayores y con discapacidad aumentó la letalidad del coronavirus entre el colectivo. "Deberíamos salir de esta crisis con otro modelo residencial y con un refuerzo de todos los servicios públicos, y acabar con los años de privatizaciones que llevamos a la espalda", concluyó Gutiérrez Limones.

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