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SEPTIEMBRE 2018

Noticias del sector

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS BLINDAN POR LEY LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE FUTUROS RECORTES

 

06-09-2018.- Público

 

Las comunidades autónomas han comenzado a blindar mediante leyes los derechos de las personas con discapacidad para evitar los efectos de futuros recortes del Estado de Bienestar como los registrados en los últimos años: ya han entrado en vigor en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, mientras los gobiernos de Aragón, Cantabria, Canarias y Murcia han aprobado sus propuestas.

 

La discapacidad será uno de los principales temas de debate en este tramo final de una legislatura en la que varias comunidades han dedicado una parte de su labor legislativa en la recuperación de los servicios públicos.

 

Los discapacitados han sido uno de los colectivos más afectados por los recortes presupuestarios de los últimos años, tanto en el plano del empleo y la actividad de los centros especiales, como consecuencia de los tajos en el gasto público; como en el desplome de la atención a la dependencia, con casi 200.000 muertos en lista de espera para ser valorados en los últimos seis años, y también en el plano asistencial, en el que los cambios legislativos llegaron a provocar una protesta coordinada de los ortopedistas.

 

Se trata de un colectivo amplio, muy amplio: los últimos datos del Imserso, cerrados a finales de 2016, indican que 4,5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad reconocida en España, lo que supone el 9,8% de la población. De ellos, tres de cada cuatro (3,37 millones, el 7,3% del censo) padecen una disminución de las facultades físicas o psíquicas superior al 33%.

 

El INE (Instituto Nacional de Estadística), por su parte, cifraba hace diez años el colectivo de personas con discapacidad en 3,84 millones, lo que revela un aumento del 17% en solo una década.

 

“La prevalencia está en aumento por el envejecimiento de la población y la cronificación de las enfermedades”, señaló la diputada aragonesa del PSOE Pilimar Zamora. “Si Superman se cayó del caballo y se quedó tetrapléjico, cualquiera podemos acabar como discapacitados”, apuntó Raúl Gay, de Podemos, en referencia al accidente que dejó postrado al actor Christopher Reeve.

 

Acoger a los discapacitados sin apoyo familiar

Las dos primeras comunidades en aprobar sus leyes de discapacidad han sido Andalucía, donde está en vigor desde finales de octubre, y Castilla-La Mancha, que la aprobó en mayo.

 

La primera incluye medidas como reservar un 10% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad y un 5% en los talleres y escuelas de oficios, además de asignar un 5% de las contrataciones en determinadas áreas a los centros especiales de empleo.

 

La segunda, que nace con una dotación económica de cinco millones de euros, garantiza el cuidado de las personas mayores de 18 años sin apoyo familiar que sufran una discapacidad psíquica, que hasta ahora quedaban en una situación de desamparo al fallecer o enfermar sus padres y parientes, e incluye una “garantía de apoyo residencial” para los discapacitados que se encuentren en esa situación.

 

Ambos textos, que están sirviendo como base para el resto de iniciativas, incluyen referencias a la accesibilidad universal y abandonan el tradicional enfoque asistencial de esta materia para pasar a otro de tipo inclusivo, centrado en potenciar las capacidades y manteniendo la no discriminación.

 

Derecho a la asistencia personal para dependientes

La norma andaluza reconoce explícitamente el derecho de los discapacitados dependientes “a la asistencia personal para llevar una vida independiente incluida en la comunidad y en igualdad de oportunidades”, una medida que figura en la Ley de Dependencia, de ámbito estatal, pero cuya aplicación ha sigo restringida en la práctica como consecuencia de los recortes. Varios gobiernos autonómicos han incluido este precepto en sus propuestas.

 

La Comunitat Valenciana optó por reformar su Estatuto de las Personas con Discapacidad la pasada primavera para incluir la asistencia personal y medidas relativas, entre otros ámbitos, al empleo (reserva de un 7% de las plazas de empleo público, a la salud reproductiva y a la accesibilidad, que deberá estar garantizada en todos los centros educativos.

 

Multas de hasta 300.000 € por barreras arquitectónicas

Mientras en comunidades como Extremadura, Galicia, Baleares, Catalunya o Navarra salían adelante normas específicas sobre accesibilidad, algo en lo que Madrid  y Euskadi fueron pioneros en los años 90, y  La Rioja y Castilla y León regulan el uso de perros-guía, otros cuatro ejecutivos autonómicos han activado los procesos para disponer de leyes propias sobre discapacidad antes de que finalice la legislatura.

 

El Gobierno de Cantabria, cuyo parlamento reguló hace unos meses el uso de los perros-guía, aprobó en marzo el proyecto de Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, que regula el uso de la lengua de signos, propone flexibilizar el tiempo de permanencia de los niños discapacitados en las distintas etapas de escolarización y reserva algunos concursos de contratas autonómicas para los centros especiales de empleo.

 

El parlamento canario, por su parte, tramita un proyecto de ley de Servicios Sociales que facilita la realización de convenios y conciertos plurianuales con ONG y que incluye instrumentos para que prestaciones y servicios lleguen a todos los municipios de la comunidad.

 

El Gobierno de Murcia, comunidad cuyas normas de accesibilidad (PDF) vetan desde hace unos meses los proyectos urbanísticos que no cumplan las exigencias y sancionan con multas de hasta 300.000 euros su incumplimiento en construcciones y medios de transporte, aprobó en julio el anteproyecto de su ley de Discapacidad.

 

Aragón: alternativas a la prisión y 8% del empleo público

Aragón se sumó este jueves a esta corriente al aprobar por unanimidad sus Cortes iniciar la tramitación de la ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que será la vigesimotercera norma que se acumula en la cámara para los siete meses que quedan de legislatura.

 

El texto, que también contempla la asistencia personal para dependientes con discapacidad, supedita el visado de los proyectos urbanísticos a la inclusión de medidas de accesibilidad, obliga a incluir “las condiciones de accesibilidad que se prevean reglamentariamente” en los recintos temporales para espectáculos y garantiza el libre acceso de los perros-guía “a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno para dichas personas”.

 

El proyecto de ley, que reserva un 4% de la VPO y un 8% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, establece que el Gobierno autonómico y sus entidades instrumentales destinarán “un 6% del importe total anual de su contratación” a “centros especiales de empleo, siempre que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato”.

 

El texto también prevé que la comunidad promueva “programas sociales que posibiliten a los juzgados y tribunales” sustituir por medidas penales alternativas las condenas de ingreso en prisión de personas con discapacidad.

 

Por último, el catálogo de infracciones y sanciones contempla multas de hasta un millón de euros por episodios de acoso, vejaciones, humillaciones y discriminación a discapacitados, “el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que impida gravemente el libre acceso” a recintos y servicios y, también, “las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad”.

 

LA ONCE ENTREGA SUS PREMIOS SOLIDARIOS CV 2018

 

21-09-2018.- Levante

 

Fundación Pequeño Deseo, Pablo Motos, Josefina Mora, MásOil y la UA reciben el galardón.

 

La Fundación Pequeño Deseo, Pablo Motos, Josefina Mora, MásOil y la Universidad de Alicante (UA) han recibido los Premios Solidarios ONCE Comunitat Valenciana 2018 por motivos como contribuir a humanizar centros hospitalarios o la lucha por los derechos fundamentales de personas con discapacidad.

 

La ONCE ha premiado este viernes la solidaridad de la sociedad de la Comunitat en una gala que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de València con más de 700 asistentes, presidida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, detalla la organización en un comunicado.

 

El evento ha contado con la participación del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre; el presidente del Consejo Territorial ONCE CV, Enrique Llin; el delegado territorial ONCE CV, José Manuel Pichel, y el presidente del Cermi y del Tercer Sector CV, Luis Vañó.

 

En esta edición, los galardones han recaído en la Fundación Pequeño Deseo por hacer realidad los deseos de los niños que atraviesan momentos muy difíciles y hacer más llevadera su enfermedad, así como por su contribución a la humanización de los centros hospitalarios.

 

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha sido reconocido por su aportación a la difusión y visualización de aspectos relacionados con las personas con discapacidad, como el código Braille de lectoescritura para personas ciegas, el lenguaje de signos para personas sordas o la aplicación de las tecnologías para mejorar las condiciones de la personas con discapacidad motórica, además de por su "preocupación" por las enfermedades en la infancia.

 

Por su parte, Josefina Mora García ha recibido uno de los premios por su "larga trayectoria" en la lucha por conseguir que las personas con discapacidad puedan ejercitar de un modo efectivo sus derechos fundamentales.

 

El galardón a MásOil ha distinguido su "incansable labor" de inclusión laboral de personas con discapacidad aportando como valor añadido la atención personalizada, y el de la UA su trayectoria por la inclusión de los estudiantes con dificultades a través del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) y de modo especifico a los que tienen alguna discapacidad.

 

Estos premios valoran la labor de personas, instituciones, organizaciones, estamentos de la administración pública, empresas y medios de comunicación que trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad, impulsando una sociedad cada vez más normalizada, situando a todos los ciudadanos, sin exclusión, como centro de atención.

 

El jurado ha estado formado por el secretario autonómico de Inclusión Alberto Ibáñez; la rectora de la UV, Mavi Mestre; la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre; el presidente del Cermi CV, Luis Vañó; la consejera general de la ONCE, Gemma León; el delegado territorial de la ONCE en la Comunitat, José Manuel Pichel, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Enrique Llin.

 

EL GOBIERNO QUIERE ACABAR CON LA INCAPACITACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

21-09-2018.- ABC

 

El Gobierno quiere eliminar la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, que son sustituidas por tutores en la toma de decisiones, y pasar a un sistema que proporcione a este colectivo los apoyos y medidas más pertinentes, según el caso, para que se respete su voluntad en la toma de decisiones y puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

 

Para ello, según recoge el anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, el Ejecutivo pretende reformar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley del Registro Civil.

 

Tras la aprobación este viernes por el Consejo de Ministros del texto elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, el anteproyecto pasará a trámite de audiencia pública para que intervengan y haga sus aportaciones los diferentes colectivos.

 

 

Con esta reforma se pretende adecuar la legislación española a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006, que en su artículo 12 obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

 

«Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones», indica el Ministerio de Justicia en la 'exposición de motivos'.

 

Una de los cambios que introduce el anteproyecto tiene que ver con la tradicional figura del 'tutor', que es sustituida por otras que ejerzan de guía y apoyo en la toma de decisiones. Las funciones de representación de una persona con discapacidad solo se llevarán a cabo en los casos que presenten una mayor gravedad.

 

«No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de 'incapacidad' e 'incapacitación' por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado», señala el texto.

 

UNANIMIDAD EN EL SENADO PARA EQUIPARAR POR LEY EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CON EL 33% DE DISCAPACIDAD

 

26-09-2018.- Servimedia

 

El Pleno del Senado aprobó este miércoles por unanimidad una proposición de ley de Unidos-Podemos-En Común Podem-En Marea para equiparar de forma automática el reconocimiento de dependencia con el grado del 33% de discapacidad

 

Con 322 votos a favor, la iniciativa pide así reformar el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de asimilar la valoración de las situaciones de Dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad.

 

En su intervención, la senadora Miren Gorrochategui quiso dejar claro que “discapacidad y dependencia no son términos sinónimos ni pueden llegar a serlo”, ya que una persona con discapacidad no tiene por que estar en situación de dependencia si ha logrado un grado de autonomía personal suficiente y está en condiciones para llevar una vida independiente.

 

En general, “las leyes de Dependencia están dirigidas a garantizar los apoyos y prestaciones sociales”, prosiguió, mientras que la legislación sobre discapacidad suele estar encaminada “a promover la autonomía personal” del colectivo.

 

Los procedimientos que se siguen para obtener ambos reconocimientos “son diferentes y muy distintos”, indicó Gorrochategui. A su juicio, “el problema es que una persona dependiente que quiera ver reconocido también un grado de discapacidad tiene que emprender un procedimiento distinto, con el engorro y el coste económico, psicológico y físico que ello supone”.

 

De hecho, Gorrochategui se mostró favorable a la posibilidad de unificar los procesos de valoración y reconocer una u otra condición (o ambas).”Sin embargo, “la propuesta que hoy traemos aquí es mucho más humilde”, puntualizó. “Consiste en dar vía a una reclamación de los movimientos sociales de la discapacidad, para reconocer de manera automática a las personas calificadas como dependientes el grado del 33% de minusvalía, que es el que permite gozar de las medidas compensatorias reconocidas en el ordenamiento jurídico”.

 

Todos los grupos de la oposición votaron a favor de la propuesta, aunque varios de ellos anunciaron la presentación de enmiendas durante el trámite parlamentario. El portavoz de Ciudadanos, Tomás Marcos, insistió en la distinción entre discapacidad y dependencia, y pidió unificar criterios a nivel nacional para ambas valoraciones.

 

Según Nerea Aedo, la portavoz del PNV, esta iniciativa busca “mejorar la vida de los ciudadanos al ahorrarles papeleo y el engorro de emprender” dos procesos simultáneos. El portavoz del PSOE en el debate, Nemesio de Lara, anunció que su grupo presentará varias enmiendas, a fin de establecer “los mismos baremos” y promover un método de valoración único “en el que los profesionales sean capaces de determinar las situaciones de discapacidad o de dependencia en el mismo proceso.

 

Finalmente, la senadora popular María Isabel Sánchez Torregrosa se refirió a la utilidad de la propuesta y agradeció el trabajo del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en este sentido. Criticó el uso del término minusvalía por parte de la representante morada, porque “los políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo con el lenguaje”, a lo que Gorrachategui contestó que ella había usado el término discapacidad en su discurso, pero que al citar textos legales empleó minusvalía por ser esta la palabra que aparece.

 

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