En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       07/10/2015

SEPTIEMBRE 2015

Noticias del sector

COCEMFE PROPONDRÁ AL ALCALDE DE VALENCIA INCLUSIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS

 

01/09/2015.- La Vanguardia CV

 

Cocemfe CV propondrá al alcalde de Valencia, Joan Ribó, la incorporación de cláusulas sociales de discapacidad en los nuevos contratos de la administración pública local y le presentará diferentes medidas de inclusión laboral de personas con discapacidad.

 

En un comunicado, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV) ha explicado que las cláusulas sociales son condiciones especiales que deben cumplir las empresas candidatas en un concurso dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social.

 

El presidente de Cocemfe CV, Javier Segura, ha asegurado que "el mejor medio para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad es el trabajo, y precisamente este colectivo ha sido golpeado más duramente por la crisis. De hecho solo tres de cada 10 personas disponen de un empleo".

"Por ello, la administración pública debe abrir todas las vías posibles la contratación responsable, tanto en ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones como en el gobierno autonómico, e impulsar que el sector privado cumpla con sus obligaciones legales", ha agregado.

 

La entidad de utilidad pública presentará a Ribó una serie de propuestas al respecto relacionadas con la discapacidad para que puedan ser estudiadas por el equipo de gobierno e incluidas en los nuevos concursos.

 

Estas medidas ya han sido tratadas con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y con la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, con el objetivo de que los nuevos contratos de la Generalitat sirvan de ejemplo para potenciar el empleo en el colectivo.

Entre las propuestas, destaca que la administración pública admita a concurso únicamente a aquellas empresas que cumplan con la reserva mínima del 2 % de los puestos de su plantilla para trabajadores con discapacidad (más de 50 trabajadores).

 

O en su defecto, medidas alternativas como la contratación de servicios con un centro de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad o la realización de donaciones y de acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad a una entidad de utilidad pública con estos fines sociales.

 

Asimismo, exigirá que se inste a la Inspección de Trabajo cuando se tenga conocimiento de empresas que no cumplen con la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad y solicitará un aumento de las plazas de empleo público reservadas a personas con discapacidad del 7 % en vez de 5% actual.

 

Igualmente, propondrá la contratación a Centros Especiales de Empleo, ya que este tipo de organizaciones debe contar en su plantilla al menos con un 70 % de trabajadores con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33 %.

 

Como matiz, la ONG ha añadido que debería primarse a aquellas organizaciones de carácter social sin ánimo de lucro, puesto que su trabajo repercute en todo el colectivo en general, y en aquellas personas con mayor dificultad para su inclusión, en particular.

SANIDAD RECONOCE UNA LISTA DE ESPERA DE 433.852 DEPENDIENTES

 

01/09/2015.- El País

 

 

Sanidad reconoce en las últimas estadísticas publicadas sobre dependencia que en la lista de espera hay 433.852 personas, un 37% del total de los que tienen derecho a una ayuda. Ello se debe a los dependientes leves, cuya incorporación estaba prevista el 1 de julio. Prácticamente la totalidad ha pasado a engrosar la lista de espera y eso deja una situación similar a la que se registraba en 2009, a pesar de las manifestaciones de los responsables gubernamentales, que insisten en que esta lista había bajado hasta un 15% del total de beneficiarios.

 

Una de las primeras medias que tomó el Gobierno de Rajoy al llegar al poder fue aplazar el calendario de implantación de la Ley de Dependencia, de tal forma que los dependientes moderados, los leves, no fueran atendidos hasta el pasado mes de julio. En una situación de crisis y recortes el Gobierno argumentaba que era prioritario atender a los que más lo necesitaban, los graves y los severos. Pero ni a los unos ni a los otros. Los datos oficiales del Gobierno muestran, además, que hay 91.421 personas con dependencia grave o severa que están por atender. El resto son moderados.

 

Las personas que han conseguido una ayuda en los últimos años eran menos que las que causaban baja en el sistema, de tal forma que prácticamente cada mes el balance era deficitario: menos beneficiarios atendidos. Pero la lista de espera no dejaba de bajar por lo que los expertos lo achacaron de inmediato a los muchos fallecimientos que se registran entre estas personas: son ancianos en su mayoría y con enfermedades incapacitantes. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes ha calculado, siempre con datos oficiales, que unas 100.000 personas han muerto estos últimos cuatro años esperando por una ayuda.

 

Para el Gobierno, sin embargo, era la eficacia en la gestión lo que hacía descender la lista de espera, que aún cifran en un 15% en un documento oficial colgado en la web del Ministerio de Sanidad. Y no quieren oír hablar de muertos, como dejó claro la responsable ministerial de Servicios Sociales, Susana Camarero. Sin embargo, en aquellas comunidades en las que gobierna el PSOE, como en Andalucía, los populares calculan con una precisión de relojero los fallecidos sin haber recibido su ayuda: 7.781 en Andalucía, según recoge la web del PP. En su primera comparecencia en el Congreso tras ser elegido ministro, Alfonso Alonso se congratuló de lo mucho que había bajado la lista de espera y anunció nuevas incorporaciones de usuarios al sistema en julio. Se han incorporado, pero por ahora solo a la lista de espera. Un portavoz del ministerio dijo este martes que la lista de espera ha aumentado porque no es fácil para las comunidades atender de pronto a todos los moderados, pero aseguró que alrededor de un 15% ya tienen ayuda. Y recordó que se ampliará el crédito para ello.

 

Pacto de Estado

La financiación anunciada en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 ha experimentado un incremento de 75 millones para dependencia. Con eso, “atender a todos los que esperan llevaría 25 años”, calculan los expertos. “Es imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del sistema de dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, pidió este martes el presidente de la asociación de gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez.

 

Recomendar en Facebook12 MilTwittear1.002Enviar a LinkedIn15

EL CONSELL ELIMINARÁ EL COPAGO FARMACÉUTICO A PENSIONISTAS CON RENTAS BAJAS Y DISCAPACITADOS

 

24/09/2015.- Discapnet

 

  • La consellera de Sanidad, Carmen Montón, anuncia la medida para personas con rentas inferiores a 1.000 euros mensuales

 

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado hoy que eliminará el copago farmacéutico a pensionistas con rentas por debajo de 1.000 euros mensuales y discapacitados, que tenían gratuidad de acceso a los medicamentos hasta 2013 cuando fue implantado. Montón ha hecho este anuncio en su comparecencias en las Corts en la ronda de miembros del Consell ante el pleno para explicar sus proyectos para esta legislatura.

 

Durante su intervención, Montón ha desgranado las bases del cambio de modelo sanitario que va a impulsar el nuevo Consell, basado en los principios de universalidad, gratuidad en la atención, calidad y equidad.

 

Un cambio de modelo que fomentará la prevención y la atención de los pacientes crónicos, que representan el 80% de las consultas en Atención Primaria. En 15 años, el 25% de la población tendrá más de 65 años y es a partir de esta edad cuando se concentran las enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia). La atención a estas enfermedades representa el 80% del gasto sanitario.

 

"Esta tendencia demográfica y epidemiológica es nuestro gran reto, reto que vamos a abordar desde nuestros equipos de atención primaria, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras de familia", ha señalado la consellera. Montón ha anunciado medidas como la integración sociosanitaria en las zonas básicas de salud, la potenciación de la enfermería de gestión de casos o la puesta en marcha de programas de Cirugía Menor Ambulatoria desde primaria.

 

Este cambio pivota sobre tres ejes: La recuperación del sistema público, la recuperación de derechos arrebatados en materia de salud y la democratización del sistema para devolver la voz a los profesionales y a la ciudadanía sobre la base de la transparencia.

 

Carmen Montón ha lamentado el proceso progresivo llevado a cabo en los últimos 15 años que ha conducido a la entrega al sector privado de la atención sanitaria integral de un millón de personas (el 20% de la población valenciana) por el sistema de desgajar departamentos de salud de la red pública para dejarlos bajo el control de la gestión privada a través de la fórmula de la concesión administrativa.

 

En esta línea, y en lo relativo al diagnóstico mediante resonancia magnética, la consellera ha anunciado el primer paso en el camino de la integración plena del servicio a la red pública: serán los radiólogos de los hospitales públicos en los que se encuentran los equipos de resonancia privados los que supervisarán las exploraciones, en lugar de profesionales de estas empresas. Este modelo, con mayor utilización de recursos públicos se extenderá progresivamente al conjunto de centros donde siga vigente el concierto, que concluye en 2018.

 

Igualmente se ha referido a la reversión de las concesiones administrativas, iniciando el proceso con una escrupulosa fiscalización de la actividad y del cumplimiento de los contratos, que se van a hacer públicos con sus correspondientes cláusulas para que puedan ser revisados por la ciudananía, "permitiendo que la luz entre en la conselleria".

 

Recuperación de derechos en materia de salud

La consellera ha criticado el modelo mercantilista y de exclusión sanitaria que ha dejado sin derechos a colectivos como las personas migrantes en situación irregular, los pensionistas o las personas con pocos ingresos. Así, tras recordar que, según los datos de Barómetro Sanitario, un 7,9% de los valencianos ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico los últimos dos meses al no poderlo pagar, Montón ha anunciado que se eliminará el copago farmacéutico a pensionistas con rentas por debajo de los 1.000 euros mensuales y a las personas con discapacidad, que tenían gratuidad de acceso a medicamentos hasta 2013.

 

"También vamos a acabar con el veto impuesto a las parejas de lesbianas y a las mujeres solas para acceder a tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública", ha afirmado la consellera, en referencia al decreto 16/2012 de recortes en el sistema sanitario público, que también cerró el paso a la atención normalizada de los inmigrantes en situación irregular. En este sentido ha reiterado que el primer decreto aprobado por la Generalitat en esta nueva etapa perseguía precisamente la restitución de la atención sanitaria integral a estas personas, para garantizar la igualdad en el acceso a la salud en la Comunitat Valenciana, donde ya hay más de 3.500 personas con cobertura normalizada, de las 30.000 que se estima que resultarán beneficiadas.

 

"Tenemos además un listado de 2.248 menores que se han mantenido durante años sin derecho a la atención sanitaria, sin tarjeta, sin control sobre su vacunación, contemplados como pacientes privados para ser facturados", ha explicado Montón. "Desde hoy -ha añadido- todos estos menores ya están incluidos en el Sistema Valenciano de Salud".

 

Oferta pública de empleo

La consellera Montón ha asegurado que para llevar a cabo este cambio de modelo hay que contar con los profesionales sanitarios, cuyas condiciones laborales hay que mejorar, incorporando nuevos trabajadores para combatir la precariedad y la falta de contratación de los últimos años. Así, ha anunciado la próxima publicación en el DOCV de la convocatoria de las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2014 y 2015, que suman un total de 1.216 plazas, de las que 435 son de promoción interna y 781 son de turno libre.

 

Participación ciudadana

Carmen Montón ha defendido la implicación de la ciudadanía en el sistema sanitario y ha anunciado que la futura Ley de Participación en Salud dotará de soporte legislativo a la participación, a través de los consejos de salud y los consejos locales, para implicar a las autoridades municipales y a los ciudadanos, y que se corresponsabilicen y sus opiniones sean tenidas en cuenta.

 

En esta línea ha anunciado también la reforma de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, para que cuente con una amplia participación política, social y cívica. Y el desarrollo de una ley que aborde la atención del final de la vida para morir con dignidad.

 

La Fe de Campanar tendrá uso sanitario

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha enumerado las medidas adoptadas desde que el nuevo equipo directivo empezó a gestionar, hace hoy 87 días. La primera de ellas fue parar la demolición del antiguo hospital La Fe en Campanar. "La anterior administración sacó a licitación la demolición del complejo del centro sanitario a solo tres semanas de las pasadas elecciones de mayo, pero una decisión tan importante merece una profunda reflexión y no se puede imponer", ha explicado Montón.

 

La conselleria ha analizado los informes elaborados hasta el momento y los ha remitido a una entidad externa, el Colegio de Arquitectos de Valencia, para contar con una voz independiente, que indique cuál es la situación real de los edificios de La Fe de Campanar. A la espera de esa evaluación, la consellera ha asegurado que el recinto de Campanar tendrá un uso sanitario.

 

"El espacio de Campanar debe ser renovado, no solo en términos de construcción, los edificios abandonados deben transformarse en un nuevo entorno de salud donde ubicar construcciones sostenibles y modernas. Al mismo tiempo debe volver a ser el referente asistencial, en calidad e innovación en la transformación del modelo asistencial Valenciano", ha explicado Montón. "Para conseguirlo, la Conselleria propondrá a la sociedad civil, desde el espíritu de participación que declaramos en este inicio de legislatura, la creación de un espacio de salud, a través de un Plan Director, que contendrá las propuestas tanto desde el punto de vista de su interés asistencial como financiero y arquitectónico", ha añadido.

 

Desbloqueo al acelerador lineal

Además de aspectos sencillos como atender las quejas de los pacientes con diabetes, respecto a una correcta dispensación de agujas, se ha modificado la contratación a través de la fórmula de la bolsa interna, el llamado 'bolsín', una fórmula muy criticada por su abuso para la contratación discrecional.

 

"También hemos desatascado la compra de un nuevo acelerador lineal para el hospital Provincial de Castellón. A pesar de que se encuentra en el tramo final de su vida útil, ni la diputación de Castellón ni la anterior Conselleria de Sanitat, habían habilitado fondos para licitar un nuevo acelerador.

 

Cabe citar por último que la conselleria ha incorporado a Calcsicova a la comisión de seguimiento de la dispensación de los fármacos antivirales de última generación contra la hepatitis C. Hasta el momento, ya se han tratado a 3.300 personas con los nuevos fármacos, y se estima que a final de año ya sean 5.000 las personas tratadas.

 

"Hemos desbloqueado las negociaciones sobre el nuevo acuerdo marco entre la Generalitat y los Colegios de Farmacia que se encontraban en punto muerto debido a la ruptura de las conversaciones entre los farmacéuticos y la anterior administración" ha señalado por último la consellera, tras anunciar que ya han comenzado las reuniones para poder alcanzar a un acuerdo pactado.

EL CONSELL RECTIFICA Y ESTUDIA DEVOLVER 240 MILLONES DEL COPAGO A LOS DEPENDIENTES

 

29/09/2015.- Levante

 

  • La Conselleria de Políticas Inclusivas anunció al colectivo que no reintegraría lo que abonaron entre 2013 y 2015 - El área de Oltra asegura que su prioridad es ponerse al día con los pagos e introducir en el sistema a 44.000 discapacitados y mayores

 

Las promesas en la oposición se deben cumplir en el gobierno o, de lo contrario, los damnificados que pidieron el voto por el cambio pueden convertirse en un conflicto político. Los dependientes reclaman al Consell que les devuelva los 240 millones de euros que abonaron por copago entre los años 2013 y 2015. En un primer momento, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se negaron a reintegrar este dinero e instaron a los usuarios del sistema a acudir a la Justicia a reclamarlo. Pero las plataformas que representan a este colectivo montaron en cólera y filtraron esta respuesta del área que dirige Mònica Oltra, lo que obligó a este departamento a anunciar que estudiarán resarcir «de oficio» a mayores y discapacitados.

 

Hace dos años, PSPV y Compromís reclamaban al anterior Consell que derogara el copago a los dependientes y que devolviera el dinero abonado desde 2013, cuando se implantó esta aportación obligatoria. Tuvo que ser la Justicia la que eliminara este pago aunque, a día de hoy, sigue vigente y no se eliminará hasta el 1 de enero de 2016 cuando entren en vigor los presupuestos de 2016.

 

«Estamos decepcionados»

La Plataforma de la Dependencia del País Valencià emitió ayer por la mañana un comunicado en el que revelaba la intención del Consell de no devolver «de oficio» el copago de los dependientes y que se les obligaba a acudir a los juzgados, algo que consideran «inaceptable» y que ya les planteaba el Gobierno de Alberto Fabra. Para esta plataforma, el copago vulnera desde 2013 «sus derechos» y consideran que no resarcirles «supone un recorte económico para las familias». «Estamos un poco decepcionados porque se comprometieron públicamente hace un año», aseguró Carme Santamaría, coordinadora de la plataforma.

 

Desde estos colectivos, que fueron muy beligerantes con el anterior Consell, argumentaron que el copago que se implantó en 2013 es ilegal pero continúa en marcha hasta el 1 de enero del próximo año. Sobre las medidas de la conselleria de Oltra de reducir los retrasos explicaron que justo ayer habían cobrado el mes de agosto, por lo que todavía continuaban «recibiendo la prestación con un mes de desfase».

 

Nada más trascender el malestar de los dependientes, en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hubo una reunión de urgencia y se viró la postura inicial. Así, se lanzó un comunicado en el que se anunció que estudiarán resarcir de oficio estos 240 millones que han abonado los dependientes desde el año 2013.

 

Desde el departamento que dirige Mònica Oltra recordaron que su prioridad no es devolver el dinero pagado sino acabar con los retrasos e introducir en el sistema de dependientes a otras 44.000 personas cuyos expedientes dejó sin resolver el anterior Consell del PP. Además, aseguraron que han invertido 1,5 millones en la reforma de los centros que atienden a este colectivo. Por su parte, también se comprometieron a que las residencias de atención a discapacitados empiecen a cobrar la subvención en septiembre y no en diciembre.

 

La Conselleria de Políticas Inclusivas tiene una difícil papeleta con la devolución del copago, ya que durante varios años en discapacitados y mayores fueron las residencias concertadas los que recaudaron. Esto se modificó a partir del pasado 1 de enero. Más fácil lo tendrán las familias que cuidan a sus familiares y a las que la Generalitat y el Gobierno les redujo un porcentaje de la prestación.

© AGEVALCEE | Av. Cortes Valencianas, 41 - 1° - A | C.P. 46015 Valencia | Telf. 963 470 042

Web: www.agevalcee.es | E-mail: prensa@agevalcee.es

 

Portada I Editorial I Legislación I Noticias del sector I Suscripción I Hemeroteca

 

Realización por Agenciamanía