En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       08/10/2014

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2014

Noticias del sector

EL IMPAGO DEL CONSELL PONE AL LÍMITE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS SOCIALES

 

 

27-08-2014.- El País

 

Para algunos de ellos, seguir trabajando es perder dinero. Las nóminas llegan con retraso, sus empresas han tenido que apretarse el cinturón y muchas les han obligado a bajarse el sueldo. Sin embargo, la deuda cada mes va creciendo.

 

Los impagos de la Generalitat están poniendo en situación límite a las empresas que cubren los servicios sociales, en especial las que atienden a los dependientes y a las personas mayores. La falta de cobro también la sufren, entro otros, miles de familias que compraron una vivienda y centenares de dependientes que este año han tenido que hacer frente al copago.

 

El Consell paga con retraso y las empresas, sobre todo las más pequeñas, no tienen liquidez para abonar las nóminas. “Ya se ha sobrepasado el límite, es indecente que no estemos cobrando”, aseguró ayer Asunción Muñoz, delegada sindical de CC. OO. en APSA (Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante), cuya plantilla está formada por 320 personas que llevan más de cuatro meses sin cobrar.

 

Los trabajadores presentaron una queja ante la Consejería de Bienestar Social reclamando el pago de 1,5 millones de euros correspondientes a las últimas cuatro nóminas. “Nos bajaron el sueldo un 20%, y ahora estamos trabajando sin cobrar cinco meses, si contamos agosto”, se quejó Muñoz.

 

Los 80 trabajadores de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Villena (Apadis) tampoco cobran. Uno de los afectados, Juan José Sánchez, leyó un manifiesto conjunto en el que recordaron que la Consejería de Bienestar Social se comprometió a pagar el 30% del segundo trimestre en junio, “después dijeron que en julio y más tarde que en agosto. Y estamos a 27 de agosto y los trabajadores no hemos cobrado nada”, aseguró.

 

Junto a estos impagos procedentes de las consejerías de Bienestar Social, de Economía, Industria, Turismo y Ocupación y de Hacienda, también arrastran una deuda del Servicio de Empleo (Servef). Ya que no han recibido ninguna cantidad correspondiente a los centros especiales de empleo, ni del 50% pendiente de 2013, ni nada de 2014.

 

La delegada sindical de la APSA incidió en que la mayoría de los trabajadores de su asociación son personas con discapacidad intelectual, por lo que “sin las ayudas del Servef es muy complicada la inserción laboral”.

 

Por todo ello, los trabajadores exigieron el pago “inmediato de todas las subvenciones pendientes”, así como que “se realicen rápidamente todas las acciones necesarias entre las diferentes administraciones para que cumplan su responsabilidad y se coordinen de inmediato” para saldar su deuda.

EL GOBIERNO APRUEBA LOS PLANES DE DISCAPACIDAD E IGUALDAD

 

12-09-2014.- Levante

 

EFE / MADRID El Consejo de Ministros ha puesto en marcha hoy la Agenda Social, que incluye tres proyectos con medidas de apoyo a personas con discapacidad, jóvenes y mujeres, con el objetivo de consolidar el crecimiento económico y fortalecer el Estado de Bienestar.

 

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "por y para las personas" y que estas medidas suponen un impulso a la política social del Ejecutivo.

 

Uno de los planes es la Estrategia de Juventud 2020, dotado con 2.942 millones de euros y dirigido a ofrecer principalmente oportunidades a los jóvenes en el ámbito de la formación, el empleo el emprendimiento y la emancipación.

 

Además, el Consejo ha dado luz verde a la Estrategia de Discapacidad, a la que se destinarán 3.093 millones de euros, que prevé la designación de un responsable de esta materia en cada Ministerio y medidas contra la discriminación múltiple y de las personas con discapacidad en el medio rural.

 

El tercer plan, destinado a aumentar la participación de las mujeres en las tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), cuenta con un presupuesto de 40,2 millones de euros, el 85% de los cuales se destinará a la formación de mujeres adultas.

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha explicado que los tres planes cuentan con un "exhaustivo" sistema de seguimiento y control, que permitirá verificar la efectividad de las medidas puestas en marcha.

 

Ha asegurado que las medidas están centradas en el empleo y dirigidas a sectores cuya contribución será "clave" para la recuperación económica de España, aunque ha precisado: "no se trata de cuestiones que no hayamos afrontado en estos tres años".

 

Respecto al plan para los jóvenes, se hace hincapié en la educación, impulsando la Formación Profesional (FP) dual, que combina la enseñanza con aprendizaje en empresas, y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, sobre todo en el ocio digital y las nuevas tecnologías.

 

Asimismo, se potenciará la emancipación de los jóvenes (42,9 % de ellos viven en casa de sus padres y desean emanciparse) y para ello se van a mantener las desgravaciones fiscales y las ayudas para el alquiler de vivienda.

 

La estrategia de Discapacidad está compuesta por 96 medidas y se articula en cinco ejes de actuación que son igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía. El objetivo prioritario se centra en el empleo, que cuenta con el 95 % de los recursos y busca favorecer el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral.

 

Otro de los objetivos es "priorizar la igualdad y erradicar la discriminación" para reducir el número de personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza, y se facilitarán alternativas formativas y laborales a las personas a las que le sobrevenga una discapacidad en edad adulta.

 

El plan de igualdad de oportunidades 2014-2017 incluye 121 medidas para incrementar la participación de las mujeres en las TIC, aumentar la presencia de profesionales y empresarias en este sector, promover los contenidos digitales de interés para este grupo de población e impulsar el uso de servicios digitales, entre otros objetivos.

 

Entre las medidas, Mato ha destacado las campañas de información, difusión y sensibilización a través de las nuevas tecnologías en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, la igualdad salarial y la ciberseguridad.

 

La ministra ha dicho que la segunda parte de esta Agenda Social estará dedicada a planes de apoyo a los menores, los mayores, el voluntariado y las familias.

 

"Si a las familias les va bien al país le irá mucho mejor", ha añadido Mato.

EL GOBIERNO BLINDA LAS AYUDAS AL EMPLEO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

12-09-2014.- El Mundo

 

El plan de Acción de discapacidad, aprobado este viernes en el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo prioritario fomentar el empleo entre las personas con discapacidad, quedará blindado, al menos, hasta finales de 2016, independientemente de los resultados electorales de las próximas elecciones generales. "Vendrá otro gobierno y este plan estará", asegura el director general de discapacidad, Ignacio Tremiño.

 

Para ello se fraccionarán los 3.000 millones de euros que contempla el proyecto en tres cuotas anuales. Una primera de mil euros -en activo desde principios de año- y dos cuotas más, correspondientes a los ejercicios de 2015 y 2016. De esta forma, según explica Sanidad, se asegura que si cambia el Gobierno "cada ministerio sabrá que tiene que reservar obligatoriamente una parte de su presupuesto a esto".

 

Desde el departamento que dirige Ana Mato aseguran que así se evita "lo que ocurrió con el gobierno de Zapatero, que eliminó las ayudas al empleo de las personas discapacitadas". Sanidad responde de esta forma a las críticas que han rodeado al gobierno de Mariano Rajoy, desde su inicio en 2012, en cuanto a la reducción de ayudas a las personas dependientes y a sus familias. Se trata, explica el director general de discapacidad, "de la primera vez que se estudian las necesidades de las personas discapacitadas a medio y largo plazo".

 

Derecho al trabajo

El objetivo del plan es promover el derecho al trabajo de este colectivo, "uno de los más vulnerables" ante las altas tasas de paro y la crisis económica. Para ello promoverá el acceso al empleo a través de informes de capacidades, es decir una mayor comunicación con los centros de empleo que permita resaltar las habilidades y las capacidades de estas personas y así determinar cuál es el trabajo más adecuado para ellas.

 

Por otro lado potenciarán que las personas con discapacidad puedan establecerse como trabajadores autónomos, una fórmula de empleabildiad que se ha incrementado entre este colectivo en un 12% en el último año.

 

También será una campaña de concienciación hacia las empresas, con el fin de que las compañías vean en estas personas "una oportunidad de negocio y que se cumplan los porcentajes que contempla la ley", explica Tremiño. Cada ministerio y organismo público contará con una figura que coordine todas las políticas de discapacidad de su departamento y garantice su cumplimiento.

 

Formación y otras ayudas

La formación es otro de los aspectos a los que más parte del presupuesto destina el plan. La idea es reducir el abandono escolar temprano de las personas con discapacidad, actualmente un 10% sólo tiene estudios primarios, frente al escaso 2% del resto de la población.

 

Por otro lado, se pretende aumentar el número titulados universitarios, que ahora se sitúa entorno al 5%, frente al casi 19% de la población general.

 

Aunque la mayoría de la inversión del plan está destinada a empleo y formación, también se recogen medidas para favorecer la igualdad, mejorar la accesibilidad y dinamizar la economía.

DESORDEN EN LA APLICACIÓN DEL COPAGO A DISCAPACITADOS TRAS OCHO MESES DE VIGENCIA

 

26-09-2014.- Las Provincias

 

Miles de afectados y sus familias están a la espera de la decisión que tome el TSJ la próxima semana ante el recurso presentado contra el decreto en los centros

 

El polémico copago a discapacitados del Consell, que entró en vigor en enero de este año, se está aplicando de forma desigual en centros de día, ocupacionales y residenciales de la Comunitat Valenciana. Hay desorden, con entidades que mantienen su resistencia y siguen sin ponerlo en marcha, mientras otras lo han introducido y algunas familias, ante el temor del coste que tenían que afrontar, decidieron sacar antes a sus hijos.

 

La división entre el colectivo y el Consell se mantiene y varios miles de afectados se encuentran ahora mismo a la expectativa. La próxima semana, el TSJ tomará una decisión sobre un recurso que el Cermi-CV presentó, aunque la resolución puede tardar días en hacerse pública. Una sentencia que tiene pendiente también a la Generalitat. Nadie quiere mover ficha.

 

El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi), Joan Planells, explica que la deliberación, votación y fallo del recurso contencioso-administrativo del TSJ está previsto para el martes y «todos estamos en ascuas» ante la postura que se tomará, ya que hay muchos puntos recurridos y ahora mismo, sobre la aplicación del copago, hay «un poco de desorden». Algunos centros sí que lo están cobrando, pero otros -siguiendo las instrucciones que dieron desde el Cermi- continúan con su boicot y aplican las tarifas antiguas. Planells reconoce que ha habido usuarios que se han salido, pero «hay enfermos que están esperando la sentencia» y en caso de que no sea favorable se marcharán de los centros. El Cermi era una de las entidades que estaba negociando con la Conselleria de Bienestar Social cambios en el decreto 113/2013, de 2 de agosto, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. Su entrada en vigor en enero vino acompañada por una gran polémica. Discapacitados recibieron cartas de la Administración donde se les informaba del nuevo copago que tendrían que abonar y los afectados recordaban que se trataba de un «repago» pues ya están haciendo una aportación para sufragar el servicio que llevan las asociaciones. Se dieron situaciones en los que tenían que abonar desde 65 euros y 100 euros, pero también se superaban los 300 y hubo casos de hasta 725 euros al mes. Las asociaciones y entidades -el decreto señalaba que tenían que actuar de recaudadores- se negaron, consiguiendo el apoyo de ayuntamientos, algunos de ellos gobernados por el PP.

 

Esta oleada de protestas para reclamar a la Generalitat su derogación llevó a la Conselleria a abrir negociaciones con los representantes para suavizar el decreto.

 

Entre las medidas que solicitaron desde el Cermi estaba que el usuario no pagase más del 70% del coste de los servicios y que se redujese a once las cuotas, además de negarse a 'perseguir' a los discapacitados para que cumpliesen con el pago.

 

Según Planells, la Conselleria estaba preparando el nuevo decreto con modificaciones y pensaban que estaría publicado en el mes de julio. Se desconoce cuántas de sus alegaciones quedarían incluidas. «Estando tan cerca la sentencia seguramente se habrá decidido esperar», señala el responsable del Cermi, quien reconoce que «para bien o para mal necesitamos descansar» en referencia a la urgencia que existe en saber la resolución del TSJ.

 

Alfonso Rodríguez, presidente de Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunitat Valenciana (Feafes), asegura que actualmente «muchas asociaciones no están cobrando» a los usuarios a pesar de los problemas financieros y desde la Administración se han rectificado en algunos usuarios el copago tras la revisión de la renta. Rodríguez, -su entidad también presentó un recurso-, confía en que al ser muchos los puntos, en algunos de ellos se falle a favor del colectivo de discapacitados.

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