En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                         12/11/2020

OCTUBRE 2020

Noticias del sector

NACIONES UNIDAS PRIORIZA A LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA ALCANZAR LA AGENDA 2030

 

Discapnet.- 06-10-2020

 

  • Naciones Unidas reclama “fortalecer las empresas centradas en las personas que sustentan la Economía Social, según recogen las conclusiones del Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado la pasada semana.

 

Las Naciones Unidas han situado a la Economía Social como una de las prioridades en las políticas de reconstrucción global para poder conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Esta es una de las conclusiones que se presentaron en el Encuentro de Jefes de Estado celebrado la pasada semana, en el que participaron, entre otros, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; así como dirigentes de 57 estados, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

 

En este encuentro, denominado “Evento de alto nivel sobre Financiación para el desarrollo en la era de COVID-19”, se acordó “fortalecer las empresas centradas en las personas que sustentan la Economía Social” dentro de las medidas para asegurar “una transición hacia un sistema más sostenible e inclusivo, y un futuro resiliente, con los derechos humanos y la igualdad de género en el centro”.

 

Estas recomendaciones de la ONU son coincidentes con las del Gobierno de España, tal y como se manifestó en la reciente reunión del Presidente Pedro Sánchez con una delegación de la Junta Directiva la pasada semana en el Palacio de la Moncloa.

 

Además, el documento de la ONU precisa que ante “la destrucción sin precedentes de puestos de trabajo provocada por la pandemia COVID-19”, que “requiere una acción a gran escala y un fuerte apoyo financiero”, son necesarios “fondos públicos” para hacer frente “al desempleo a gran escala y la sobrecarga de los sistemas de salud” para asegurar un ingreso básico universal, generar empleo, prestar apoyo específico a la economía informal y fortalecer a la Economía Social.

 

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, subrayó que en estos momentos que celebramos el quinto aniversario de la Agenda 2030, “estas conclusiones reflejadas por las Naciones Unidas a favor de la Economía Social sintonizan con las recogidas por la Comisión Europea, cuya Presidenta, Ursula von der Leyen, ha encomendado implementar en la actual legislatura un Plan de Acción Europeo para la Economía Social”.

“Por ello”, añadió el presidente de CEPES, “tanto las Naciones Unidas como la UE están alineados a favor de impulsar una reconstrucción basada en la Agenda 2030, y en ella la Economía Social desempeña un papel prioritario al generar empresas que aúnan desarrollo económico y social, comprometidas con el territorio y que no se deslocalizan, que generan empleo estable y de calidad y en las que se priorizan la innovación, la sostenibilidad, la inclusión y las personas”.

 

“Además, hay que destacar que estas importantes conclusiones recogidas en el encuentro de Jefes de Estado se trasladarán y debatirán dentro de las reuniones que mantendrán próximamente el G7, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, añadió Pedreño.

 

SOBRE CEPES

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) es la máxima institución representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. Sus 28 socios representan los intereses de más de 43.192 empresas, representado al 12,5% del empleo y con una facturación en torno al 10% del PIB. Sus socios, con más de 200 estructuras autonómicas, son organizaciones nacionales o autonómicas y grupos empresariales, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Asociaciones del sector de la discapacidad y Cofradías de Pescadores.

 

PP: "EL BOTÀNIC RECHAZA UN FONDO DE AYUDA PARA QUE ENTIDADES COMO CRUZ ROJA, CÁRITAS O EL CERMI PUEDAN HACER FRENTE A LA SEGUNDA OLA DE COVID"

 

El Periodic.- 19-10-2020

 

  • El PPCV solicita un Fondo Extraordinario de 23 millones para que estas entidades “que han trabajado sin descanso” puedan seguir dando respuesta a las personas más vulnerables

 

La portavoz de Política Social Sanidad de Les Corts, Elena Bastidas ha denunciado hoy que el Botànic ha tumbado por cuarta vez la creación de un Fondo Extraordinario para las entidades del Tercer sector como Cruz Roja, el Cermi o Cáritas para atender a los colectivos más vulnerables “que están llamadas a jugar un papel determinante en la segunda oleada de COVID”.

 

Así, Bastidas ha señalado que esta iniciativa tiene objetivo ayudar a las entidades de acción social que dedican su día a día a los que más lo necesitan, sobre todo, en los momentos de crisis. “Es la cuarta vez que trae sobre la mesa esta iniciativa y en las tres anteriores han sido rechazadas” ha señalado al tiempo que ha criticado que el Consell “no ha valorado el esfuerzo titánico que están desarrollando las entidades de acción social en esta pandemia”.

 

Bastidas ha señalado que son entidades que sostienen a una parte importante de la sociedad por eso el PPCV ha solicitado un fondo de 23 millones para que estas entidades que “que han trabajado sin descanso puedan seguir dando la respuesta necesario a las personas que más lo necesitan”.

 

Un fondo que ya se está negociando en CC.AA como Madrid” ha explicado al tiempo que ha advertido que “de no ayudar a estas entidades tendrán que tirar de recursos propios, lo que repercutiría en el funcionamiento y en el futuro de los trabajadores que día a día dan lo mejor de sí mismo”.

 

Bastidas ha añadido que el Consell se niega a ver que “son actores fundamentales de la Comunitat, que integran a 31.000 entidades, 91.000 empleos directos, más de 100 centros especiales de empleos y 800.000 voluntarios, un sector que tiene un enorme impacto social pero el mayor impacto es el que tiene sobre los colectivos más vulnerables”. Pero para seguir con su labor, ha añadido, “necesitan recursos”.

 

Entidades como Cruz Roja Española Comunitat Valenciana, Cáritas Comunitat Valenciana, CERMI Comunitat Valenciana, Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana y ONCE Comunitat Valenciana, etc. y tantas otras han demostrado y siguen demostrando cada día que están cuando la sociedad valenciana les necesita”, ha defendido.

 

Así mismo, ha añadido que el Tercer Sector de la Comunitat Valenciana “necesita una ley como la que ya se ha aprobado en otras CCAA, Extremadura o Castilla la Mancha con el fin de que estas entidades puedan trabajar “con más certidumbre y desde un marco estable, previsible y garantizado de financiación”.

 

Bastidas, ha hecho suyas las reivindicaciones de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana que reivindica que la Generalitat efectúe una aportación extraordinaria que asegure la inversión social necesaria para que pueda dar respuesta adecuada ante las consecuencias sociales de la COVID-19, que va a repercutir en mayor medida en las personas que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad antes de la pandemia.

 

Este fondo de rescate extraordinario de emergencia, ha explicado, servirá para minimizar todos los gastos extraordinarios de carácter económico y social causados por la pandemia de la COVID-19 en la red de apoyo a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

 

LAS CONTRATACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAEN DURANTE LA PANDEMIA

 

Europa Press.- 15-09-2020

 

Si en un contexto normal, las personas con alguna discapacidad lo tienen complicado para formar parte del mercado laboral, en estos momentos de pandemia, la dificultad aumenta. Justo cuando la inclusión comenzaba a formar parte de nuestro lenguaje y hablábamos de distintas capacidades, hay que volver a reivindicar a este colectivo de personas valiosas.

 

Las nuevas contrataciones de profesionales con discapacidad intelectual han descendido un 80% desde el inicio de la pandemia del coronavirus, según datos de la Oficina de Empleo Fundajobs, de la Fundación A LA PAR.

 

La destrucción de este tipo de empleo, tiene un doble impacto: por un lado, la propia destrucción del empleo en sí misma, y por otro, que los sectores vulnerables retornarán al circuito asistencial volviendo a depender de la administración. Y si hay algo que a una persona le haga sentirse válida, esa es tener un trabajo.

 

El esfuerzo que hacen desde numerosas asociaciones en España, para formar y que hombres y mujeres con diferentes capacidades puedan trabajar en diversos puestos, está dando un paso atrás ya que las empresas no atraviesan un buen momento, y ellos son los últimos de la lista de prioridades.

 

Para darle un vuelco a la situación están echando mano de la imaginación, adaptándola a las necesidades del momento. En algunas fundaciones han creado una formación relacionado con el Covid-19, porque ahora muchas empresas precisan de esa figura que esté pendiente de que se cumplan los protocolos de seguridad, la distancia en las filas, las mascarillas, el gel, etc.

 

El confinamiento no fue positivo a nivel psicológico para la gran mayoría de nosotros, pero para las personas con discapacidad al no conectarse por internet, les ha llevado al aislamiento cuando habían avanzado gracias a sus empleos y rutina.

 

Por ello, es necesario que poco a poco, se reincorporen a sus actividades y sobre todo que se inicien en la transformación digital, ya que les ayudará a nivel profesional y personal.

EL CERMI SOLICITA EN EL CONGRESO QUE LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL SE REALICE CON “AGILIDAD” Y “CONSENSO”

 

Plena Inclusión.- 21-10-2020

 

  • Reclama que se respeten las obligaciones legales sobre contratación de personas con discapacidad o adaptación de puestos de trabajo

 

El El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expuesto en el Congreso de los Diputados la necesidad de que la reforma del Código Civil en materia de discapacidad, que permitirá migrar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en la provisión de apoyos para las personas que lo requieran, se realice con “agilidad” y “consenso”.

 

Así lo reclamó el presidente del comité, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la comparecencia de expertos convocados por la Comisión de Justicia para conocer el posicionamiento del sector con respecto a la Proposición de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal, en la que también participó el asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y coordinador de juristas de Plena inclusión, Torcuato Recover Balboa.

 

En su comparecencia, el presidente del CERMI defendió que “el sistema jurídico de sustitución vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias” vulnera el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Asimismo, alertó del “efecto expansivo perverso” de la supresión de la capacidad jurídica, puesto que medidas como la exclusión del derecho al voto (que no se modificó hasta 2018) o  las esterilizaciones forzosas (en trámite para ser derogadas) “estaban conectadas” con las incapacitaciones.

 

Pérez Bueno recordó que el Proyecto de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal ha sido elaborada durante años por ministros de Justicia de diferentes partidos políticos (Rafael Catalá, Dolores Delgado y Juan Carlos Campo) y la participación del movimiento de la discapacidad. Del mismo modo, destacó que la redacción del texto fue encargada a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y contó con el respaldo de todos los grupos de interés, incluidos tribunales de justicia y organismos internacionales de derechos humanos.

 

Por ello, pidió a las formaciones políticas “agilidad” en su aprobación y un “amplio consenso o unanimidad”, pese a que se introduzcan mejoras en la Proposición de Ley durante su tramitación.

 

“El nuevo paradigma sería no restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos y preferencias y decisiones, igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales”, manifestó Pérez Bueno.

 

Una reforma “urgente” y “necesaria”

Torcuato Recover, por su parte, reivindicó que esta reforma es “urgente y necesaria porque arrastramos más de 12 años de retraso en la aplicación de la Convención” y defendió la importancia de articular un sistema que evite respuestas genéricas a las necesidades y realidades de cada persona.

 

Además, reivindicó el establecimiento de sistemas y adaptaciones que favorezcan la accesibilidad, medida que “también debería aparecer en la nueva regulación de los actos de jurisdicción voluntaria”.

 

Por último, Recover instó a “los diferentes grupos parlamentarios” a llevar adelante esta “necesaria” reforma y a mantener “el nivel de participación de las organizaciones sociales con el que se abordó el proyecto desde el inicio de su trámite parlamentario”.

© AGEVALCEE | Av. Cortes Valencianas, 41 - 1° - A | C.P. 46015 Valencia | Telf. 963 470 042

Web: www.agevalcee.es | E-mail: prensa@agevalcee.es

 

Portada I Editorial I Legislación I Noticias del sector I Suscripción I Hemeroteca

 

Realización por Agenciamanía