En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                      09/11/2018

OCTUBRE 2018

Noticias del sector

REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PIDEN UN "GIRO SOCIAL" EN LA CONSTITUCIÓN

 

06-09-2018.- Público

 

  • Reclaman una refoma de la Carta Magna que incluya los derechos de los más vulnerables

 

Representantes del Tercer Sector y académicos han reclamado este lunes una reforma de la Constitución que suponga un "giro radical en lo social" y por la que los derechos sociales de las personas más vulnerables recogidos entre sus principios rectores, en el tercer capítulo del título primero, "sean protegidos como los derechos fundamentales que son".

 

Así lo han explicado, en declaraciones a los medios, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en la Comunitat y del Cermi CV, Luis Vañó; el asesor jurídico del Consejo General de la ONCE y doctor en Derecho, Fernando Pindado, y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat de València, María Josefa Ridaura, antes de participar en el seminario 'La reforma social de la Constitución Española', organizada por la Plataforma del Tercer Sector.

 

Vañó ha afirmado que en la Carta Magna, actualmente, hay derechos sociales que "están en los llamados principios rectores de la propia Constitución", en el capítulo tercero, "y eso habrá que trasladarlo y trasponerlo a lo que son derechos fundamentales".

 

Es el caso de los "derechos humanos para las personas más vulnerables, personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social". Cambiar esta situación supondría "un giro, un cambio radical en lo social en la Constitución", ha asegurado.

 

Además, ha reivindicado que la reforma "social" de la Constitución tenga "la misma fuerza" e "importancia" que la reforma territorial.

 

"Si nos metemos en una reforma constitucional, siendo lógicamente costoso lo que es en sí una reforma constitucional y lo que implicaría, ya que nos metemos en ella, lógicamente todos los puntos de tema social deben ser tan o más importantes que solo hacer una reforma basándose en el tema territorial, el tema de las comunidades autónomas o el federalismo", ha señalado.

 

En este sentido, al ser preguntado sobre si considera que existe el consenso político y social para efectuar una reforma constitucional, ha manifestado que espera que sí, y ha recalcado: "Las voces que se oyen en este aspecto son, sobre todo, en el tema territorial, pero yo estoy convencido de que el consenso llegaría antes en esa reforma social que en esa reforma primera territorial. Por lo tanto, estoy convencido de que el consenso en los temas de esa reforma social de la Constitución tendrían que darse sin problemas".

 

"Una exclusión clara"

 

En la misma línea, el asesor jurídico de la ONCE Fernando Pindado ha destacado que los profesionales y activistas que trabajan con personas en riesgo de exclusión se encuentran con "problemas prácticos muy graves" que "acreditan" que, "efectivamente, en el texto constitucional, el encaje de los derechos de estas personas en un capítulo tercero se malinterpreta por los grupos políticos y la judicatura". "Al final, se traduce en una situación de exclusión clara", ha advertido.

 

Pindado ha puntualizado que esta modificación incide en elementos que "están ya en el propio texto de la Constitución" y que "lo único que hay que hacer es interrelacionarlos".

 

Su propuesta de reforma "manifestaría que los derechos sociales no son derechos que han de ser necesariamente interpretados, si no que se vinculan con las situaciones de riesgo de exclusión y con la dignidad humana y, por lo tanto, quedan encuadrados en el grupo de derechos fundamentales y derechos humanos", ha subrayado.

 

Por ejemplo, ha indicado que "hay de forma aislada bastantes sentencias en las que se reconoce el derecho a la vivienda, que es un derecho social del capítulo tercero y se reconoce el derecho cuando los desalojos de determinadas personas, madres con hijos, dependientes o personas mayores".

 

A su juicio, el "hecho de que se analice esa situación desde un punto de vista de la exclusión social lo configura como un derecho preferente, como un derecho fundamental". Así, "está en el capítulo tercero pero los tribunales interpretan que ese bien jurídico esencial para la vida de esas personas debe ser protegido", ha añadido.

 

"Podemos hablar del derecho de la vivienda, el de las personas con discapacidad, son derechos que en su propia configuración se reenvían a una ley que los desarrolla. Son derechos fundamentales porque son esenciales para la dignidad de las personas y, por tanto, a la luz del artículo 14 que es el principio de igualdad formal y luego el artículo 9.2 de igualdad material, deben ser protegidos como los derechos fundamentales que son", ha remarcado.

 

Por su parte, la catedrática de Derecho Constitucional de la UV María Josefa Ridaura ha advertido que el "capítulo tercero del título primero de la Constitución es el que menos protección ha recibido o no goza de una hiperprotección como los demás derechos".

 

En su opinión, esta circunstancia supone que el texto "requeriría una puesta al día y posiblemente introducir algunos principios que supusieran la consolidación de determinados derechos sociales, de determinadas prestaciones, y que guiaran y forzaran más la actuación de los poderes públicos para que no hubiera una regresión de los mismos", ha explicado.

 

No obstante, ha admitido que "quizás sea un momento difícil" para abordar una reforma constitucional, pero "debe actualizarse para no convertirse nunca en una camisa de fuerza, si no que haya una correspondencia siempre entre la norma y la realidad". Llevar a cabo esta modificación "exigiría que todos los grupos políticos estuvieran en un determinado consenso", ha señalado.

 

En una reforma constitucional, "las mayores dificultades están en el modelo de territorial", pero hay "aspectos de menor dificultad para abordar la reforma", los que "no supusieran una reforma total de la Constitución porque el procedimiento es quizás excesivamente rígido y posiblemente ningún grupo está por disolver las cámaras para convocar esa reforma constitucional", ha dicho. "Solamente en algún supuesto en el que estuviera excluido del procedimiento de reforma extraordinario sería posible hoy en día abordarlo", ha manifestado.

PLAN DE CHOQUE CONTRA EL COLAPSO EN LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD

 

04-10-2018.- Las Provincias

 

  • El Consell se ve obligado a ampliar las plantillas de evaluadores y crear una tarjeta acreditativa ante retrasos en la tramitación que rozan los dos años

 

Los retrasos en los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y, por tanto, de la emisión del pertinente certificado que lo acredita rozan ya los dos años en algunas comarcas de la Comunitat, lo que ha obligado a la Generalitat a activar un plan de choque para tratar de atajar los graves inconvenientes que este problema origina a los afectados. Los discapacitados que carecen de este documento, bien porque lo han solicitado por primera vez o porque están inmersos en una variación de su grado de discapacidad, no pueden, por ejemplo, optar a las plazas reservadas para ellos en las oposiciones o las universidades, becas de estudios, ayudas o, en el caso de personas con movilidad reducida, a las plazas de aparcamiento específicas.

 

Ante esta situación, que recogió LAS PROVINCIAS el pasado 20 de septiembre, en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas están empezando a adoptar medidas. Al respecto, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, indicó ayer que «se era consciente de que el incremento de personal de los centros de valoración debía tener un carácter estructural», por lo que además de los contratos estacionales que se han llevado a cabo -en concreto, 42-, se ha apostado por un refuerzo permanente «que se ha traducido en la creación de 18 nuevos puestos funcionariales, nueve en la provincia de Valencia, seis en Alicante y tres en Castellón».

 

Junto al refuerzo del sistema actual, otro de los pilares de este plan pasa por la adopción de medidas que permitan «mejorar y optimizar el funcionamiento de los centros de valoración», con iniciativas como la modificación de la orden por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat.

 

«El objetivo es establecer las reglas de colaboración, para la mejor gestión y agilización del procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, en base a los informes de salud y sociales que disponga la persona en el momento de la solicitud para poder realizar con garantías la valoración», indicó Ferrando.

 

La secretaria autonómica detalló que la modificación de la norma busca mejorar la coordinación de los informes que realizan los médicos y trabajadores sociales de los centros de salud con los que emiten los trabajadores de los centros de valoración, «con el objetivo de evitar duplicidades de trabajo y que las personas tengan que pasar varias veces por el mismo trámite». Al respecto, Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanidad «están trabajando conjuntamente para crear unos criterios únicos, de manera que «se optimicen al máximo los recursos existentes».

 

La conselleria también está trabajando en otras medidas, como la concesión de la tarjeta acreditativa de la condición de persona con diversidad funcional de forma directa a todas aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%.

MÁS DEL 70% DE LAS DENUNCIAS SOBRE DISCAPACIDAD RECOPILADAS POR EL CERMI EN 2017 FUERON POR FALTA DE ACCESIBILIDAD

 

15-10-2018.- Europa Press

 

El 71% de las denuncias recogidas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) son relativas a carencias de accesibilidad universal, según su informe anual sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España, correspondiente a 2017. Así lo ha explicado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante la jornada 'En defensa propia: defensa legal de las personas con discapacidad', ...

 

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EL CONGRESO APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE LOS DISCAPACITADOS INTELECTUALES PUEDAN VOTAR

 

18-10-2018.- Las Provincias

 

  • A pesar del consenso, Podemos, ERC y Bildu recelan de la enmienda que introdujo el PP porque creen que pone condiciones

 

El Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitirá el voto de personas con discapacidad intelectual, una situación que afecta a más de 100.000 en todo el país.

 

El texto completa así su tramitación en la Cámara baja y pasará al Senado. Si en el proceso en la Cámara alta no se registran enmiendas para su modificación y consigue la mayoría de apoyos en el Pleno, pasaría directamente a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a su aplicación.

 

La reforma, ha contado con el consenso de todas las fuerzas políticas durante todo el proceso y sólo se ha descolgado EH Bildu -que se abstuvo en la votación de la ley en la Comisión Constitucional- en la última parte de su tramitación, como consecuencia de una enmienda presentada por el PP y que, finalmente, ha sido incluida en el texto votado este jueves.

 

Cuando entre en vigor, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que establece que «carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme» y «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial».

 

Ya no lo decidirán los jueces

Además, a iniciativa de los 'populares', ya no serán jueces y tribunales los responsables de pronunciarse al respecto de este procedimiento. El nuevo redactado determina que «toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera«.

 

Este punto ha vuelto a ser la única discrepancia durante un debate en la Cámara que, en líneas generales, se ha producido en tono de celebración por parte de todos los grupos parlamentarios.

 

La portavoz 'morada' en esta materia, Teresa Arévalo, ha criticado que los 'populares' incluyan en este texto las palabras «consciente, libre y voluntariamente» que, a su juicio, son «condiciones» para estas personas. «Pero no nos sorprende», ha apuntado. Mientras, su homóloga de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, cree que los populares han presentado la enmienda porque no querían quedarse «fuera de la foto». ERC, a través de la diputada Carolina Telechea, ha reconocido que no la comparte, pero han votado a favor «por responsabilidad».

 

«No se preocupen, que no les quite el sueño aceptar una enmienda del PP», ha respondido a estas críticas el portavoz del PP en esta materia, Nacho Tremiño, quien ha explicado que, con este texto sólo buscan que a las personas con discapacidad se les exija «lo mismo» que al resto de ciudadanos. «Sólo queremos igualdad», ha reclamado, para señalar que, al PP, «lecciones de discapacidad ninguna».

 

«Estoy muy feliz»

El resto de partidos han celebrado la jornada, que han calificado de «histórica» o de «gran día». Desde el PSOE, el portavoz de Discapacidad, Joan Ruíz, ha señalado que su partido vota a favor de esta iniciativa porque está en su programa electoral, porque es un compromiso personal del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por «coherencia por la trayectoria» de la formación y porque han «aprendido mucho» durante la tramitación de la propuesta.

 

Desde Ciudadanos, su representante Diego Clemente, ha señalado que «la pereza» o «el olvido» no debe se excusa para que el Parlamento haya tardado tanto en cumplir con los derechos de estas personas; mientras que el diputado de PNV, Mikel Legarda, ha destacado que lo de este jueves es «un paso importante» para incluir a personas que no podían cumplir con un derecho fundamental. «Todos tenemos que sentirnos orgullosos», ha apuntado.

 

Por su parte, el portavoz parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iñigo Alli, ha calificado esta aprobación como «el acto más relevante» de todos los que se han convocado para la celebración de los 40 años de la Constitución y el portavoz del PDeCAT, y también presidente de la Comisión de Políticas para la Discapacidad del Congreso, Jordi Xuclà, ha apuntado que este jueves se «ha perfeccionado la democracia». «Hoy estoy feliz», ha reconocido, para concluir asegurando que el Parlamento «ha sido muy cuerdo» con esta decisión.

 

Todos los grupos han saludado al Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Pleno Derecho y otras organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, que han presenciado la jornada desde la tribuna de invitados del Congreso. La probación ha sido celebrada con un gran aplauso en el Hemiciclo en donde, gran parte de los diputados llevaban un clavel blanco, símbolo de los defensores de este derecho.

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