En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       11/11/2014

OCTUBRE 2014

Noticias del sector

EL CONSELL REGULARÁ POR LEY EL COPAGO DE LOS DEPENDIENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015

 

15-10-2014.- ABC

 

El Gobierno valenciano estudia recurrir la sentencia que anula el decreto que establecía tasas por la prestación de servicios

 

La Generalitat incorporará como tasa el copago a determinados servicios que reciben los dependientes a través de una ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, y con la que acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dictamina la nulidad del decreto del Gobierno valenciano de precios públicos del ámbito de los servicios sociales.

 

La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y el secretario autonómico de Atención Personal y Dependencia, Manuel Escolano, han dado a conocer en rueda de prensa la entrada en vigor de la nueva ley, que incluirá las medidas anunciadas desde antes del verano para el sector de la dependencia, entre ellas la rebaja del copago.

 

Sánchez Zaplana ha anunciado que los servicios jurídicos del Consell estudian recurrir en casación la citada sentencia y trabajan para modificar la normativa actual "en los términos que dice la sentencia", lo que supone que el copago se regule vía tasas por ley en vez de mediante precios públicos.

 

La consellera ha incidido en que el decreto anulado "solo afecta a personas mayores y con discapacidad no dependientes", y ha precisado que de los 4.068 afectados, 700 tenían "copago cero", por lo que el decreto afectaba a 3.350 personas, de las cuales 2.400 son mayores y 950 con discapacidad.

 

"Lo que queremos hacer es que todas las mejoras que estaban trabajadas y pactadas con el sector y que íbamos a incorporar en una modificación de orden y de decreto, se introduzcan, como dice la sentencia, en una normativa de rango superior", ha explicado.

LOS JUECES RECHAZAN IMPONER LA DEVOLUCIÓN DEL COPAGO EN DISCAPACIDAD

 

27-10*2014.- El Pais

 

Los Presupuestos Generales del Estado no contemplan la ayuda a 315.000 dependientes moderados que, tras dos años excluidos de cualquier tipo de prestación, deberían entrar por fin en el sistema de la dependencia y comenzar a ser atendidos en 2015. El Gobierno ha consignado una partida de gasto mínimo de 1.087.179.000 euros, cantidad idéntica a la de 2014, que difícilmente puede dar de sí para atender a los actuales 723.000 beneficiarios de la ley, incorporar a los 172.978 que están en lista de espera y, además, responder por primera vez a las necesidades de un voluminoso colectivo que abarca desde ancianos con escasa movilidad a personas con alzhéimer en los primeros estadios de la enfermedad.

 

¿Significa esto que por tercer año consecutivo se les deja fuera de la dependencia? “No”, garantizan fuentes del Imserso. “La ley establece que en 2015 deben entrar todos los grados pendientes. Las comunidades que reconozcan a una persona con grado I (el dependiente moderado) generan el derecho y la obligación del Estado desde ese momento es transferir el crédito. Se tendrá que aumentar la partida”. Para apuntalar su argumento esas mismas fuentes señalan que, en 2012, el presupuesto se incrementó en 120 millones; 122 en 2013 y unos 60 este ejercicio. Cada persona con Grado I le cuesta al Gobierno 44,33 euros al mes. Medio año de atención exigiría desembolsar 83.783.700 euros más.

 

La denegación de asistencia a los dependientes moderados —hay severos y graves— trae cola desde largo. En una de sus primeras decisiones al llegar al poder en 2011, el actual Gobierno —previo debate con las autonomías que cofinancian la dependencia— acordó una moratoria de la aplicación de la ley. De esta forma, las personas con dependencia más leve que ya habían sido examinadas, habían logrado el derecho a ser asistidas con dinero público y debían empezar a disfrutar de las ayudas en 2012 iban a tener que esperar un año más. En julio de 2012 llegó la segunda sorpresa: el Ejecutivo de Rajoy anunciaba un nuevo parón para el colectivo.

 

El presidente de la Asociación de Servicios Sociales: "Podríamos decir que Rajoy es insumiso"

El calendario de aplicación de la ley solo puede cambiarse por real decreto. Así se hizo entonces. De ahí que los presupuestos de 2015 hayan generado suspicacias entre profesionales del sector. “¿Abandono, torpeza u olvido?”, se pregunta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Un 20% de los dependientes que tienen derecho a prestación están desatendidos en un flagrante incumplimiento de la ley”, continúa. “Podríamos decir que Rajoy es insumiso”.

 

Traducida esta denuncia a cifras significa que en España hay 896.449 personas con derecho algún tipo de prestación —ayuda a domicilio, residencias de mayores, centros de día...—, de las que 723.471 la están recibiendo, según datos oficiales, de septiembre. El resto están en lista de espera. Entre ellos, David Colomer, un niño de cinco años con parálisis cerebral y una discapacidad reconocida del 86% que vive en Canals (Valencia). “No camina, no habla, se atraganta al comer, necesita supervisión las 24 horas del día”, relata su padre, Raúl. Pidieron las ayudas en 2010 y hace tres años le reconocieron el derecho a percibir una prestación por cuidados en el ámbito familiar. “Incluso nos fijaron la cantidad a abonar, que en principio era de 589 euros al mes. Con los recortes, pasó a 450”, apunta. Han reclamado la agilización de su expediente sin éxito. Hartos de esperar, se han puesto en manos de la abogada Sandra Casas, y han presentado una denuncia en los tribunales para reclamar la prestación que mantiene congelada la Administración valenciana.

 

En los últimos años, la bolsa de personas en lista de espera ha descendido —un 9% con respecto a diciembre de 2013 y un 40% menos que en diciembre de 2011— pero no es una caída paralela al incremento de beneficiarios: parte de los dependientes han muerto a la espera de recibir la prestación. “Y a esa lista se suman ahora los 315.000 que necesitan ayuda para levantarse de la cama, comer, lavarse...”, dice Ramírez. “La partida de gasto mínimo de los Presupuestos Generales del Estado es ampliable”, admite, pero “generaría una desviación que dice poco a favor de la responsabilidad de quien elabora un presupuesto”.

 

La decisión de no incluir en los presupuestos de 2015 las ayudas a los dependientes moderados refuerza la sensación de incertidumbre al enmarcarse en una tendencia de caída de beneficiarios. Son 31.118 menos que a principios de año.

LOS PRESUPUESTOS IGNORAN A 315.000 NUEVOS DEPENDIENTES

 

27-10-2014.- El Pais

 

Los Presupuestos Generales del Estado no contemplan la ayuda a 315.000 dependientes moderados que, tras dos años excluidos de cualquier tipo de prestación, deberían entrar por fin en el sistema de la dependencia y comenzar a ser atendidos en 2015. El Gobierno ha consignado una partida de gasto mínimo de 1.087.179.000 euros, cantidad idéntica a la de 2014, que difícilmente puede dar de sí para atender a los actuales 723.000 beneficiarios de la ley, incorporar a los 172.978 que están en lista de espera y, además, responder por primera vez a las necesidades de un voluminoso colectivo que abarca desde ancianos con escasa movilidad a personas con alzhéimer en los primeros estadios de la enfermedad.

 

¿Significa esto que por tercer año consecutivo se les deja fuera de la dependencia? “No”, garantizan fuentes del Imserso. “La ley establece que en 2015 deben entrar todos los grados pendientes. Las comunidades que reconozcan a una persona con grado I (el dependiente moderado) generan el derecho y la obligación del Estado desde ese momento es transferir el crédito. Se tendrá que aumentar la partida”. Para apuntalar su argumento esas mismas fuentes señalan que, en 2012, el presupuesto se incrementó en 120 millones; 122 en 2013 y unos 60 este ejercicio. Cada persona con Grado I le cuesta al Gobierno 44,33 euros al mes. Medio año de atención exigiría desembolsar 83.783.700 euros más.

 

La denegación de asistencia a los dependientes moderados —hay severos y graves— trae cola desde largo. En una de sus primeras decisiones al llegar al poder en 2011, el actual Gobierno —previo debate con las autonomías que cofinancian la dependencia— acordó una moratoria de la aplicación de la ley. De esta forma, las personas con dependencia más leve que ya habían sido examinadas, habían logrado el derecho a ser asistidas con dinero público y debían empezar a disfrutar de las ayudas en 2012 iban a tener que esperar un año más. En julio de 2012 llegó la segunda sorpresa: el Ejecutivo de Rajoy anunciaba un nuevo parón para el colectivo.

 

El calendario de aplicación de la ley solo puede cambiarse por real decreto. Así se hizo entonces. De ahí que los presupuestos de 2015 hayan generado suspicacias entre profesionales del sector. “¿Abandono, torpeza u olvido?”, se pregunta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Un 20% de los dependientes que tienen derecho a prestación están desatendidos en un flagrante incumplimiento de la ley”, continúa. “Podríamos decir que Rajoy es insumiso”.

 

Traducida esta denuncia a cifras significa que en España hay 896.449 personas con derecho algún tipo de prestación —ayuda a domicilio, residencias de mayores, centros de día...—, de las que 723.471 la están recibiendo, según datos oficiales, de septiembre. El resto están en lista de espera. Entre ellos, David Colomer, un niño de cinco años con parálisis cerebral y una discapacidad reconocida del 86% que vive en Canals (Valencia). “No camina, no habla, se atraganta al comer, necesita supervisión las 24 horas del día”, relata su padre, Raúl. Pidieron las ayudas en 2010 y hace tres años le reconocieron el derecho a percibir una prestación por cuidados en el ámbito familiar. “Incluso nos fijaron la cantidad a abonar, que en principio era de 589 euros al mes. Con los recortes, pasó a 450”, apunta. Han reclamado la agilización de su expediente sin éxito. Hartos de esperar, se han puesto en manos de la abogada Sandra Casas, y han presentado una denuncia en los tribunales para reclamar la prestación que mantiene congelada la Administración valenciana.

 

En los últimos años, la bolsa de personas en lista de espera ha descendido —un 9% con respecto a diciembre de 2013 y un 40% menos que en diciembre de 2011— pero no es una caída paralela al incremento de beneficiarios: parte de los dependientes han muerto a la espera de recibir la prestación. “Y a esa lista se suman ahora los 315.000 que necesitan ayuda para levantarse de la cama, comer, lavarse...”, dice Ramírez. “La partida de gasto mínimo de los Presupuestos Generales del Estado es ampliable”, admite, pero “generaría una desviación que dice poco a favor de la responsabilidad de quien elabora un presupuesto”.

 

La decisión de no incluir en los presupuestos de 2015 las ayudas a los dependientes moderados refuerza la sensación de incertidumbre al enmarcarse en una tendencia de caída de beneficiarios. Son 31.118 menos que a principios de año.

EL CERMI DA A CONOCER SUS PROPUESTAS SOBRE DISCAPACIDAD PARA LA ESTRATEGIA DE EUROPA 2020

 

30-10-2014.- Cronica Social

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha hecho públicas sus propuestas para la contribución a la Estrategia de Europa 2020, centradas en la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad.

 

A este respecto, el Cermi destaca que una de cada seis personas en la Unión Europea tiene una discapacidad que oscila entre moderada y severa, cifra que supone que cerca de 80 millones de personas no pueden participar completamente en la vida económica y social debido a barreras en su entorno.

 

En relación con lo anterior, el Cermi subraya que un tercio de las personas mayores de 75 años tiene alguna discapacidad que restringe su capacidad de acción en alguna medida. Además, ante el escenario actual de envejecimiento poblacional y de restricción presupuestaria, señala que es muy probable que esta cifra experimente un aumento.

 

El Cermi ha analizado los objetivos de la Estrategia de Europa 2020 para ejemplificar en qué medida las mejoras de las condiciones de las personas con discapacidad en áreas como la educación, el empleo y la pobreza pueden servir como motor para alcanzar los objetivos en estas áreas que se plantea la Unión Europea (UE).

 

En áreas como el empleo, "donde las personas con discapacidad experimentan condiciones muy desfavorables", el potencial de mejora, según el Cermi, es muy alto, de modo que una mejora en este ámbito del 1% podría significar una mejora de hasta el 0,11% en la tasa de empleo agregada de la Unión.

 

De la misma manera, señala que reducir la tasa de desempleo de larga duración de las personas con discapacidad en un 3% permitiría a la UE rebajar este concepto por debajo de la barrera del 5%.

 

En campos como la educación, las personas con discapacidad muestran las tasas más elevadas en abandono escolar. En esta línea, el Cermi apunta que si se pretende reducir esta tasa por debajo del 10% es interesante considerar que una reducción del 1% en los países con las tasas más altas (Malta, España, Portugal…) supondría un 0,06% en total agregado de la Unión.

 

En el mismo sentido, los datos sobre el acceso a estudios superiores de las personas con discapacidad señalan una mayor dificultad de estos frente al resto de la población (27,2% frente al 40%) por lo que una mejora en este ámbito resulta "esencial", según el Cermi, para alcanzar el objetivo general de la Unión del 40%.

 

En el terreno de la pobreza, las personas con discapacidad "están sometidas a un mayor riesgo de pobreza frente al resto de la población" (a excepción de en Hungría), por ello, la reducción en un punto porcentual en este ámbito supondría una reducción del 0,14% en el agregado de la Unión.

 

El Cermi resalta la "considerable situación de desventaja en la que se encuentran las personas con discapacidad frente al resto de la sociedad". Por ello, este grupo social, con un amplio margen de mejora, supone un colectivo "clave" al que dirigir políticas sociales para la consecución de los objetivos de la Estrategia de Europa 2020.

 

Además el Cermi subraya que cualquier gasto que se realice para con las personas con discapacidad en conceptos como programas de educación o de empleo debe ser considerado una" inversión" al permitir reducir las ayudas públicas y aumentar el ahorro además activar la economía.

 

Para ayudar a lograr los objetivos de la Estrategia de Europa 2020, el Cermi sugiere a la UE descomponer los objetivos generales en subobjetivos divididos por grupos sociales (entre los que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad), lo que permitirá atender mejor a las necesidades de estos.

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