En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       05/12/2013

NOVIEMBRE 2013

Noticias del sector

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN, NECESIDADES Y RETOS FUTUROS DE LA DISCAPACIDAD

 

03/11/2013.– Cocemfe

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE presentaron su estudio “El sector de la discapacidad: situación, necesidades y retos futuros, en un acto presidido por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

 

El estudio ha sido promovido por la Fundación ONCE, publicado por el CERMI en su colección cermi.es y dirigido por el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero. Según ha detallado Cabrero, el enfoque del libro (fruto de un proceso de reflexión y análisis por parte del sector de la discapacidad en España) está centrado en el modelo social europeo, basado, principalmente, en la recomendación sobre inclusión activa de la UE y la Estrategia Europea 2020.

 

El estudio, según Cabrero, habla de 3.787.000 personas con discapacidad en 2008 y de un escenario de 4.034.890 en 2020, caracterizado por tasas de una pobreza relativa que duplican la media nacional a pesar de las mejoras de empleo y protección social; tasas de ocupación que son justamente la mitad de la media nacional; niveles educativos con elevadas tasas de abandono escolar (57%) y bajo nivel de titulación superior; y razonable acceso a servicios socio-sanitarios con limitaciones que afectan la accesibilidad física y social.

 

Uno de los problemas que ha destacado es la financiación de las organizaciones, las cuales hasta 2010 tenían un elevado nivel de solidez patrimonial y un bajo nivel de endeudamiento a largo plazo, así como una poca elevada dependencia de recursos públicos, una diversificación limitada de los recursos que la crisis ha agudizado, un modelo de colaboración entre las entidades aún muy limitado, y unas amplias mejoras en la gestión y un cierto déficit en la transparencia.

 

Entre los retos que ha señalado a los que se enfrenta el sector, ha apuntado a los cambios en la base social  de la discapacidad (envejecimiento), a las tensiones entre la gestión de servicios, la función reivindicativa, la defensa de derechos e innovación social, y las incertidumbres sobre el devenir del Estado de Bienestar.

 

También ha indicado que las entidades de la discapacidad orientan su acción organizativa hacia la redefinición de la identidad y misión del sector económico del conjunto del Tercer Sector de Acción Social; hacia nuevas formas de colaboración con las administraciones, y nuevas formas de financiación (cláusulas sociales y, sobre todo, el desarrollo de la economía social).

 

En relación con el horizonte 2020, en materia de empleo ha hablado de una población en 2010 de 1.171.000 en edad de trabajar, la cual en 2020, será de 1.501.000 personas. En este sentido, según ha ejemplificado, "un escenario de una tasa de ocupación del 45% supone pasar de 325 millones de personas ocupadas en 2010, a 677 millones en 2020".

 

Asimismo, ha situado en 958.000 personas en situación de pobreza relativa en España de cara a 2020, lo que supone una reducción del 25%, con un coste de 800 millones de euros anuales y retornos importantes en demanda agregada e imposición indirecta; y, por otra parte, en materia de educación, Cabrero ha expuesto que hay que reducir las tasas de abandono escolar del 57% al 18,3% en 2020, que supone un coste medio de 115,8 millones de euros al año; y el aumento de la tasa de titulación superior para personas con discapacidad (del 19,3 al 42%, que supone 160,8 millones de euros al año).

 

Para alcanzar la sostenibilidad en el sector, el catedrático ha manifestado que es "necesaria" una mayor exigencia de las cláusulas sociales para competir con su valor añadido; un tratamiento no discriminatorio del IVA; nuevas formas de colaboración y un trabajo conjunto en el seno del Tercer Sector de Acción Social; las mejoras en su transparencia, una rendición de cuentas y una mayor apelación a la sociedad civil.

 

Así, ha incidido en que el sector de la discapacidad tiene que afrontar una reestructuración para superar la atomización a través de fusiones o formas de colaboración permanentes; una incidencia creciente en innovación como valor añadido; un desarrollo de la economía social; y un reforzamiento de la participación social interna y cívica en el conjunto de la población española.

 

En definitiva, según se recoge del estudio, hay que garantizar el efectivo cumplimiento de avances legislativos y de estrategias y planes hasta ahora logrados; la apertura a la diversidad emergente de la discapacidad y otras formas de exclusión; el reforzamiento de la capacidad de negociación, cooperación, y reivindicación ante las Administraciones Públicas en conexión con el conjunto del Tercer Sector; alianzas y trabajo continuo de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social; una mayor diversificación de fuentes de financiación del sector de la discapacidad; nuevas formas de inversión social, innovación y economía social en línea con las nuevas recomendaciones de la Comunidad Europea sobre inversión social.

 

Presentación del estudio

 

El acto de presentación ha contado con la presencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y el secretario general del CERMI y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; además de numerosas personalidades del movimiento asociativo de la discapacidad en España.

 

Por su parte, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha asegurado que este estudio "traza algo absolutamente necesario, como es el mapa socio-demográfico de las personas con discapacidad y sus necesidades actuales". Para Moreno, "sus reflexiones pueden ayudar a orientar las estrategias de presente y futuro, no sólo para el movimiento asociativo de la discapacidad, sino para la propia Administración Pública".

 

En este sentido, ha subrayado que actualmente se está trabajando en un modelo centrado en la autonomía de las personas, que enfoca una nueva forma de entender las nuevas políticas sociales de futuro".

 

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado cómo el movimiento asociativo de la discapacidad se encuentra en una fase de reinvención, en la que era necesario replantearse sus estructuras, por lo que, según ha dicho, "necesitábamos una cartografía para saber dónde dirigirnos en esta línea hacia el 2020". Así, ha recalcado que esta reinvención "no viene impuesta por la administración, ni por la crisis, sino por el propio sector de la discapacidad".

 

"Son las personas con discapacidad y sus familias los agentes activos de su propia inclusión, y el movimiento asociativo y los gobiernos, sus acompañante en este proceso", ha subrayado.

 

En esta línea, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, se ha referido al estudio como "una linterna", que "ilumina nuestro camino y saber hacia dónde vamos". Así, "todos tendremos más opciones para seguir adelante, ya que somos un sector que sabemos andar entre las dificultades".

EL CONSELL BLINDA POR LEY LOS FONDOS PARA LA DEPENDENCIA, QUE NO PODRÁN DESVIARSE A OTRO FIN

 

07/11/2013.– Levante

 

La consellera de Bienestar Social peleó para incluir una cláusula que figura en los presupuestos de 2014

 

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA Las transferencias del Estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la Dependencia estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014. Es la principal novedad de las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social que ayer presentó en la comisión de Economía de las Corts la titular del departamento, Asunción Sánchez Zaplana. La citada cláusula establece de forma taxtativa que "durante 2014, todas las aportaciones, ya sean del Estado o de cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones de la ley 39/2066 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de ésta".

Pero además añade: "En el supuesto de tratarse de ingresos superiores sobre los totales previstos, así como de ingresos no previstos, y que estén vinculados en origen a la materia, habrá de tramitarse la correspondiente generación de créditos con vistas a formalizar la mencionada afectación". De este modo, se pretende impedir legalmente una práctica del pasado, que permitía gestionar temporalmente a lo largo del ejercicio transferencias recibidas para financiar la Dependencia con el fin de cubrir otros huecos. Aunque a finales de año esos recursos se dedicaran finalmente a la Dependencia, la inversión se producía con un retraso de meses. No obstante, como no eran fondos finalistas, podía desviarse una parte a otros objetivos. La consellera Sánchez Zaplana ha peleado por la inclusión de esta cláusula que blinda por ley los recursos de que dispondrá para Dependencia.

En la comisión, Sánchez Zaplana defendió que su conselleria incrementa su presupuesto para 2014 en un 2,1 % para "mejorar la gestión y mantener los niveles de atención social a los colectivos más vulnerables". Con 703,8 millones, centrará su actuación en discapacidad, menores, cooperación e integración. Admitió que le hubiera gustado que sus presupuestos de 2014 "subieran más" pero defendió que son "ajustados a la realidad social".

El socialista José Manuel Sánchez calificó las cuentas de "decepcionantes, ineficientes e injustas con los más débiles" y lamentó que la Cooperación suponga un "exiguo" 0,4 %, así como que no añadan "ni un euro más" para la violencia de género. Según el socialista, pese a los "datos dramáticos" de paro y pobreza, el presupuesto es "más de lo mismo: lleno de recortes".

EL GOBIERNO ACTUALIZA LA NORMATIVA DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

08/11/2013.– El Economista

 

El Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima la aprobación de un real decreto por el que se actualizará la normativa de acceso al empleo público de las personas con discapacidad y que se aplicará a la Administración General de Estado. Se dará respuesta así a una demanda del Cermi, que venía planteando la renovación de la normativa de ingreso en el empleo público.

 

El proyecto de nuevo real decreto, que acaba de someterse a consultas del Consejo Nacional de la Discapacidad, pone al día las normas reguladoras del acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración central, tras los cambios legales introducidos en el Estatuto del Empleado Público en 2011, que elevaban la cuota de reserva en favor de personas con discapacidad del 5 al 7%, creando un subcuota específica para personas con discapacidad intelectual.

 

Con este nuevo texto, se regula reglamentariamente esta subcuota específica, de modo que se garantice la igualdad de oportunidades y la acción positiva compensatoria para las personas con discapacidad intelectual, que tendrán que competir solo entre ellas.

 

Además, la norma amplía la aplicación de la cuota de reserva a todas las modalidades de ingreso en el empleo público, como el de funcionarios interinos, el temporal, así como a las conocidas coloquialmente como bolsas de empleo, con ciertas peculiaridades, lo que extenderá el radio de

 

acción del cupo aumentando las posibilidades de empleo para personas con discapacidad.

 

Cuando entre en vigor, este nuevo real decreto sustituirá al vigente de 2004, el cual durante su aplicación ha permitido el acceso de casi 2.000 personas con discapacidad al empleo público en la Administración del Estado.

VII FERIA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013 EN MADRID

 

08/11/2013.– Discapnet

 

Los días 13 y 14 de noviembre de 2013 se celebra la séptima Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

 

Esta edición tendrá lugar en el pabellón 2 del recinto ferial de IFEMA de la capital. El acceso es gratuito a visitantes y una gran oportunidad de obtener un puesto de trabajo.

 

El público objetivo al que va dirigido esta Feria de Empleo son fundamentalmente las personas demandantes de empleo con algún tipo de discapacidad física, sensorial o psíquica. Se pretende posibilitar su integración en el mundo laboral y a la vez sensibilizar a la sociedad de que es posible mejorar la calidad de vida de estas personas y facilitar su autonomía personal, garantizando en igual medida la integración de la perspectiva de género.

 

Las empresas y entidades presentes buscan a través de este evento cubrir parte de su plantilla con personas que tienen algún tipo de discapacidad, siguiendo las exigencias de la legislación laboral. Las contrataciones se realizan no sólo a través de empresas ordinarias, sino también mediante Centros Especiales de Empleo, creados expresamente para generar empleo protegido, como recoge el artículo 37 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI).

 

Además, la zona de exposición de empleadores se completa con un área de actividades paralelas como talleres prácticos adaptados de búsqueda de empleo, conferencias sobre discapacidad y mundo laboral, experiencias en buenas prácticas de integración o prevención de riesgos en el puesto de trabajo.

 

Para más información :

 

Teléfono de información al ciudadano 012

 

Teléfono de información del evento 91 420 68 95 Fax: 91 420 65 65

 

Correo electrónico: areaestudios@madrid.org

RSC.-LA ONCE DEFIENDE QUE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ES POSIBLE Y RENTABLE"

 

20/11/2013.- Europa Press

 

El director corporativo de Alianzas, Sinergias y RSC del grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, Fernando Riaño, ha defendido que "la inclusión laboral de las personas con discapacidad es posible y rentable", durante la XI Jornada Sectorial 'El sector automoción y la responsabilidad social corporativa', organizada este miércoles por Forética y la Cámara de Comercio de Madrid, y que ha contado con el patrocinio de Fundosa Servicios Industriales (FSI).

 

Riaño ha puesto de relieve los proyectos que se están llevando a cabo por parte de las empresas de Fundación ONCE en el sector de la automoción, y ha destacado que los objetivos hasta ahora alcanzados han sido posibles no sólo por la labor propia realizada sino también por las alianzas con terceros.

 

El responsable de CEOSA/Fundosa ha hecho hincapié también en que pensar bajo el prisma de diseño para todos no es un sobre coste, sino que éste se produce en las adaptaciones posteriores de los productos y servicios.

 

La jornada ha sido inaugurada por el director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, Miguel Garrido; el director general de Fonética, Germán Granda; y el subdirector general de Promoción Industrial y Energética de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, José Antonio González.

 

Durante el encuentro, se han dado a conocer buenas prácticas empresariales desarrolladas en este sector en diversas áreas como la movilidad sostenible, la inclusión de personas con discapacidad o la RSE en la cadena de proveedores, entre otras. Además, se han mencionado las principales herramientas que las empresas del sector utilizan en la gestión de la RSE, como los planes de salud y seguridad o la gestión de la diversidad.

 

En esta jornada han participado representantes de algunas de las principales empresas del sector como Toyota España, Renault España o BMW, y de compañías que fabrican materiales para la industria como Gestamp, Grupo Antolín o entidades pertenecientes al grupo de empresas de la ONCE y su Fundación.

EL GOBIERNO SACA CON RETRASO LA LEY DE DISCAPACIDAD

 

29/11/2013.– El País

 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley General de Discapacidad, una norma que llega con retraso. Inicialmente, este texto, que agrupa la reglamentación básica sobre la materia que se encuentra dispersa en tres leyes, debía haberse aprobado antes del 3 de agosto del año pasado. Así lo establecía la ley 26/2011 de adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Pero el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato no llegó a tiempo. Por ello, una vez superada la fecha fijada en un principio, el Grupo Parlamentario Popular modificó la ley 26/2011 para extender el plazo marcado. El nuevo tope se fijó en el 31 de diciembre de 2013. El motivo que se dio entonces por el PP es que debido al cambio de legislatura y “la complejidad de la elaboración y tramitación de la norma” era necesario fijar una nueva fecha.

 

Con la aprobación hoy del texto legal -al que ha tenido acceso este diario-, el Ministerio lo tendrá listo en la conmemoración del Día Europeo de Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. La ley General de Discapacidad unifica la Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También adapta aspectos recogidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2006.

 

El texto, sin apenas perfil político, responde a la tarea técnica de agrupar y dar sentido a la normativa ya existente, por lo que apenas aporta novedades. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del régimen de infracciones y sanciones. La cuantía de las multas es la misma que ya fijaba la anterior ley. De esta forma, se mantiene la sanción máxima en un millón de euros en los casos de infracciones muy graves , como a las que se exponen quienes cometan acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad o provoquen situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de estas personas.

 

Discriminación directa, indirecta y por asociación

 

También se definen tres casos de discriminación: directa, indirecta y por asociación. En el primer caso, es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

 

La indirecta se da cuando "una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad". La discriminación será por asociación cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.

 

Respecto al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la ley establece que se realizará “de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones”, aunque para lo cual “la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles”. A ello añade que “en todo caso, se deberá tener en cuenta las circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar el tipo de decisión en concreto y asegurar la prestación de apoyo para la toma de decisiones”.

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