En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       11/06/2013

MAYO 2013

Editorial

LA ORDEN DE AYUDAS AL FOMENTO DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013 SE PRESENTO EN LA ONCE EL PASADO DÍA / DE JUNIO, EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR AGEVALCEE

AGEVALCEE en colaboración con la ONCE y CERMI Comunidad Valenciana organizó el pasado viernes dia 7, una jornada para la presentación de la Orden de Ayudas al Fomento del Empleo 2013, para personas con discapacidad, en presencia de casi la totalidad de los representantes de los CEE de la Comunidad Valenciana.

 

Esta Orden era muy esperada por el sector ya que supone una de las bases fundamentales para el empleo dentro del sector de la discapacidad. Por dicho motivo se considera de indudable relevancia celebrar dicha jornada, donde se exponen las inquietudes, opiniones y dudas que sobre la misma pueden acontecer, a los dirigentes de cargos públicos relacionados con la misma. El retraso en la publicación de la Orden no sólo dificulta la creación de empleo en el sector, sino que conlleva a la destrucción del mismo, ante la incertidumbre que se provoca.

 

Los números cada vez hablan más claro, los CEE son la figura responsable del 65% de la creación de empleo en el colectivo de Personas con Discapacidad aún y soportando grandes demoras en el cobro de ayudas a la contratación. Los impagos de la Administración y la no definición de la Orden de Ayudas, transmiten una gran intranquilidad. De ahí la importancia de la publicación de la misma: Están en peligro los puestos de trabajo de Personas con discapacidad . Trabajar es un derecho de todos los ciudadanos, pero cuando se trata de personas con discapacidad, se convierte en una necesidad de primer orden. Los CEE se encargan de dar dicha oportunidad a este colectivo, contribuyendo a la promoción de su inserción socio-laboral.

 

En esta jornada han participado D. Felipe Codina, Director General de Empleo e Inserción Laboral, D. Juan Planells, presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Dña. María Hilla Hueso, jefe del Servicio de Empleo para personas con Discapacidad y Dña  Cristina Pérez. Jefe de área del SERVEF. Todos ellos moderados a través del presidente de AGEVALCEE, D. Juan José Serrano, el cual está realizando una gran labor social a favor y en pro de los derechos de los CEE al frente de la agrupación sin ánimo de lucro que preside.

 

Se ha realizado agradecimiento a los principales representantes del sector contando con la presencia de D. José Manuel Pichel, Delegado territorial de la ONCE, D. Albert Campabadall Presidente de CONACEE, D. Carlos Laguna de COCEMFE Comunidad valenciana, entre otros. Pero se hace especial agradecimiento a la asistencia al acto de todos aquellos responsables de CEE de la comunidad, sindicatos y presidentes de asociaciones, que pese al momento difícil que se está atravesando luchan cada día por el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector.

 

En su presentación al acto D. Joan Planells realiza duras críticas al SERVEF, considerando que si no se realizan cambios en las actuaciones, el empleo protegido tiene peligro de desaparecer. Reclama una modificación de las políticas sociales para poder seguir adelante.

 

La Orden de ayudas es presentada por Dña Maria Hilla, que realiza una exposición técnica sobre el contenido de la orden, destacando que se mantiene las ayudas salariales, las ayudas a las unidades de apoyo y la bonificación de la Seguridad Social En el caso de las unidades de apoyo, además cabe destacar que la Comunidad Valenciana es la única comunidad del territorio nacional que ha mantenido las mismas.

 

En una intervención previa D. Felipe Codina realiza una exposición de los presupuestos destinados a empleo y discapacidad y adelanta un calendario de pagos al que dice se ajustará al máximo y muestra su disposición y compromiso de cumplir y ajustar los plazos al máximo para que el sector de la discapacidad no sufra las terribles consecuencias que conllevan los impagos. Estando previsto el pago de la cantidad pendiente del 2.012 para finales de agosto, principios de septiembre. En su opinión, las partidas presupuestarias para el presente ejercicio 2.013 se ajustan en gran medida a las necesidades del sector, indicando que dicha partida presupuestaria se adapta a las cantidades que en pasado ejercicio 2012 se destinaron a las ayudas concedidas y correctamente justificadas. En resumen, indica que dentro de la grave crisis que atravesamos, “los ajustes y las reducciones presupuestarias donde menos han afectado es a la partida destinada al empleo protegido”. Si bien es cierto, que esto no es válido, si luego esos presupuestos no llegan y los pagos no pueden realizarse.

 

Datos sobre las ayudas: Partida presupuestaria destinada a empleo y discapacidad por importe de 17.7 Millones de euros.

De ellos van destinados 15.5 Millones de euros a empleo protegido a través de CEE; 500.000 € a las unidades de apoyo (cuyo borrador de la Orden que las regulará ya está aprobado); 420.000 € para el Plan Integral para personas con discapacidad severa y el resto para los itinerarios de Inserción laboral.

 

Gabinete de prensa de AGEVALCEE realizado por Agenciamanía.

LOS PODERES PÚBLICOS NO VEN LAS VENTAJAS QUE APORTA EL TERCER SECTOR

Los eufemismos con los que los dirigentes políticos tratan de eludir la cada vez más dura realidad, van alcanzando cotas insuperables. Existen grandes dificultades de una gran parte de las organizaciones del Tercer Sector dedicadas a la acción social. La desaparición de muchas ellas supondría un duro golpe en la atención y cuidado de personas y colectivos especialmente vulnerables. En un escenario como el actual, lo que a la Administración le interesa son empresas y entidades capaces de “compartir riesgos”. ¿De que hablamos? Hablamos simple y llanamente de la preferencia hacia entidades o empresas, muy bien capitalizadas, que puedan resistir largo tiempo sin cobrar sus servicios a las administraciones. Aunque ello sea a costa de encarecer esos servicios o de prescindir de la carga social que su misión y orientación exigiría. No es pues extraño que empresas que hasta hace poco se dedicaban a la construcción, a la seguridad privada, o incluso al comercio o a los viajes, vayan entrando en el sector de servicios a las personas, sean estas personas dependientes, crónicos, discapacitados, o cualquier otro colectivo que capte aún cuotas significativas del gasto público y que incorpore beneficios o exenciones jugosas.

 

No se trata de defender al Tercer Sector por que sí. Ni de atacar a las empresas mercantiles por el hecho de serlo. Es evidente que muchas organizaciones sociales se lanzaron demasiado rápidamente a servir como proveedoras de servicios. Servicios que las administraciones públicas externalizaban, buscando reducir costes y mejorar prestaciones, dadas las dificultades que esas administraciones tienen en adecuar sus rigideces a la creciente heterogeneidad de personas y situaciones. Cuando los poderes públicos, faltados del maná de la burbuja y ante el creciente impacto de la evasión o elusión fiscal, han ido cortando prestaciones y subvenciones, la excesiva dependencia de los fondos públicos ha hecho mella en las organizaciones más frágiles. Pero, en cambio, las funciones que realizaban, el evidente valor añadido de su labor, los costes que evita a los propios poderes públicos su existencia y su trabajo, exigiría buscar nuevas formas de contribuir a su pervivencia. Una de ellas es la canalización hacia esas entidades de contratos de servicios y de bienes por parte de las administraciones públicas, basándose en cláusulas sociales. Después de meses reclamando avances en el tema, ha entrado finalmente en vigor la Orden ECO/47/2013, por la cual se podrá seguir y diferenciar los contratos públicos establecidos con entidades del Tercer Sector, y el grado en que se han tenido en cuenta cláusulas sociales en su adjudicación.

 

La situación general del sector es de emergencia, pero el tema es especialmente grave en el ámbito de los discapacitados, en el que las posibilidades de mantener los Centros Especiales de Trabajo en condiciones como las actuales, y con falta de regularización de pagos por parte de las administraciones, son muy escasas. Por si ello fuera poco, empresas mercantiles con ánimo de lucro, han entrado en el sector, para beneficiarse de las exenciones, beneficios fiscales y bonificaciones de la seguridad social, contratando a personas con discapacidades leves. Las personas y colectivos con dificultades especiales (por ejemplo con discapacidad física o sensorial de más del 65%), deberían ser especialmente protegidas. Y todo ello se acompaña a demás de recortes graves en transiciones al trabajo ordinario, residencias, atención diurna, con la consiguiente asfixia de familias y entidades. La resiliencia la busca la Administración en las capacidades financieras de los proveedores, no en la densidad de valor añadido que aportan. Si se quiere de verdad compartir riesgos, se debería ser capaz de compartir también datos, recursos y prioridades. Es decir, compartir poderes. Lo contrario, el confundir partenariado con capacidad de disponer de crédito, sólo conducirá a la desertización de un esfera de intervención social que genera mucho valor añadido, y que es difícilmente reemplazable. El Tercer Sector no lo hace todo bien. Es evidente. Debe ponerse al día. Buscar su propia autonomía y su propia capacidad. Pero, la Administración se equivoca si cree que podrá resistir lo que se avecina sin esos aliados.

 

Recortes a la Ley de Dependencia- La Dependencia retrocede

 

El Plan Nacional de Reformas 2013 prevé ahorrar 1.108 millones de euros en el sistema de ayuda a las personas dependientes.

 

Según el Principio de Normalidad, las personas dependientes deberían tener apoyos para poder llevar una vida relativamente autónoma. Además, la Ley de Dependencia está configurada como un derecho. La gente con deficiencias o minusvalías necesita recursos con precios elevados para poder llevar una vida digna, tales como sillas de ruedas, prótesis y atención logopédica o psicológica. Eso se suma al hecho de que necesitan estar acompañados la mayor parte del tiempo, por lo que sus familias no pueden trabajar o han de pagar a una persona que se encargue de esta tarea.

 

Debería tenerse en cuenta que las familias con necesidades especiales han de hacer frente, además de a los gastos habituales, a los gastos que conlleva una persona dependiente. Por ello resulta inconcebible que las medidas de ahorro ante la crisis se apliquen a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

 

El retroceso del sistema de atención a la dependencia es un hecho. Los últimos datos oficiales, limpios ya de errores y de duplicidades, ofrecen varias cifras que dejan poco espacio a la duda: el número de beneficiarios de ayudas ha caído en los cuatro primeros meses del año en 3.316 personas y, si se comparan con agosto del año pasado, ha bajado al menos en 18.883. Además, a pesar de que lista de espera ha bajado por distintas razones, esta asciende a 218.345; es decir, que casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir prestaciones o servicios no las reciben.

Así, el que estaba destinado a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar atiende a 748.235 personas a finales de abril (último dato oficial publicado). Ya no se puede hablar de posibles inexactitudes para justificar que la información no se corresponde a la realidad. Los datos están depurados después de que el ministerio haya expurgado las duplicidades y errores detectados por el Tribunal de Cuentas.

 

 

Ayudas a la Dependencia en España

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imserso

 

 

Un portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad explica que siguen entrando beneficiarios, y “si ahora es a ritmo menor es debido a la aplicación del baremo”, el nuevo procedimiento para medir el grado de dependencia que entró en vigor en febrero de 2012, “que ha ajustado el sistema a las previsiones de la ley”. Este mismo argumento, el hecho de que el baremo sea más riguroso y que haya más personas que no superan los requisitos para acceder a las ayudas, lo comparten responsables autonómicos que gestionan la dependencia. Pero sin dejar de reconocer que los recortes están asfixiando la capacidad de las comunidades de seguir prestando la atención que ofrecían antes de los ajustes aplicados por el Gobierno.

 

Los datos del Gobierno también apuntan a un retroceso en el número de personas a quienes se les ha reconocido el derecho a percibir las ayudas. Esta categoría incluye a dos grupos de personas. Por un lado, los beneficiarios; por otro, aquellas a las que la Administración ha reconocido su condición de dependientes pero aún no tienen residencia, centro de día o prestación económica de ayuda familiar que les corresponda por su grado de discapacidad.

 

El ministerio presume de que está reduciendo este atasco, ya que es inferior a las personas que había a la espera en enero de este año o los de enero de 2012. Pero para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, no hay razones para alegrarse. Si hay menos gente esperando a recibir ayudas no es porque se esté agilizando la incorporación de nuevos beneficiarios.

 

Uno de los motivos consiste en la decisión que se tomó el verano pasado de aplazar la incorporación al sistema de los dependientes moderados hasta el año 2015. Según los cálculos de la entidad que integra a los especialistas en servicios sociales, esta decisión ha dejado sin derecho a la asistencia a más de 35.000 personas. El otro motivo se explica, señalan, por la muerte de ancianos mientras esperan que les lleguen las ayudas. Según los cálculos de la asociación de directoras y gerentes, decenas de miles de mayores habrían fallecido en esta triste lista de espera, “de lo que se deduce que los fallecimientos ayudan al control del déficit del Estado y marcan el ritmo de desmantelamiento del sistema de dependencia”.

 

Suma de recortes

 

Supresión del nivel acordado. Una de las dos partidas con que el Gobierno financiaba la ley. Ascendía a 283 millones de euros.

 

Reducción de las prestaciones económicas. El Gobierno ha reducido un 15% la cuantía de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.

 

Copago. Se ha acordado incrementar las aportaciones a las prestaciones a percibir. Existe de plazo hasta este mes de julio para aplicar la medida.

Sin Seguridad Social. El Ejecutivo dejó de cotizar por los cuidadores familiares desde enero de este año.

 

Aplazados hasta 2015 los moderados. Los dependientes menos graves han sido excluidos del sistema hasta el año 2015.

 

Gabinete de prensa de AGEVALCEE realizado por Agenciamanía.

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