En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       02/04/2013

MARZO 2013

Editorial especial

DUDAS Y PROPUESTAS ACERCA DE LA LISMI Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SAAD

Han pasado más de seis años, sin embargo los debates en torno al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) siguen centrándose en tres temas básicos, que además cuestionan casi la totalidad de la Ley: la financiación actual parece insostenible, o al menos por ahora insuficiente; la autonomía personal y la atención a menores de tres años están descuidadas; las personas con discapacidad han perdido servicios a costa de la Ley, y no están atendidos en esta norma como desearían. Nada queda resuelto, y parece que todo seguirá igual.

 

Se plantea una duda inquietante: “la pregunta no es tanto si el sistema es sostenible sino si está garantizando los objetivos que se pretendían alcanzar, que era mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, de sus familias, y hacer posible el principio de autonomía personal; y lo que es muy evidente es que para muchísimas personas, y para muchísimas familias que tienen personas en situación de dependencia a su cargo, el conjunto de las políticas vinculadas a la atención de dependencia hoy no están garantizando esta mejora de la calidad de vida y este principio de la autonomía personal. Y es evidente que los recortes están afectando muy negativamente a esta política”.

 

Se plantean así dos cuestiones de peso: el espíritu de la propia Ley, su contenido y objetivos, y la sostenibilidad de la financiación. Una de las grandes asignaturas de esta Ley se encuentra en la promoción de la autonomía personal y la prevención, o atención a los menores de tres años. Pero además, ya se apuntaba un problema de financiación cuando la Ley aún no se había aprobado, un problema que ya podía estar superado. Es cierto que cuando empezó esta Ley adolecía de muchas cosas, ya entonces desde el Cermi , por ejemplo, se dijo que debería estar dentro del sistema de seguridad social, y se instó al Gobierno de entonces a que aprobara la Ley de manera más consensuada, porque fue todo muy acelerado; pero esto se aprobó en 2006 y estamos en 2013. Se hubieran podido hacer toda una serie de medidas correctoras, que no fueran las de los recortes, que son las únicas que hemos visto.

 

Y surge de nuevo un problema de financiación, añadiendo la cuestión de la crisis y los recortes, como puntilla de todo un catálogo de problemas. La Ley en su origen no resolvió el tema de la financiación adecuadamente; en aquel momento no se previó que el crecimiento económico no era sostenible y los años de comienzo de la Ley coinciden con el comienzo de la crisis; a partir de ahí, todos los esquemas de financiación del sistema se caen, era necesario tomar medidas de ajuste económico para hacer frente a la problemática. Una asignatura pendiente de esta Ley es hacer frente a una regulación del sistema de financiación sostenible, y esto es complicado en estos momentos, pero todos los países que han intentado financiarlo vía impuestos, al final han recurrido a la seguridad social, como Francia; y al final deberemos terminar ahí, entre otras cosas porque el modelo de financiación vía seguridad social es más ajustable desde el punto de vista de las necesidades financieras del sistema y porque la realidad de la seguridad social enmarca un sistema que se parece mucho a la protección que necesitan las personas en situación de dependencia.

 

Para Francisco Vañó, diputado del PP, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, todos los problemas de la Ley se resumen en su origen apresurado: “el problema de esta Ley es que se apresuró mucho el Gobierno de entonces en darla de alta, ponerla en marcha. Me acuerdo de que para el primer año se había presupuestado mil millones de euros, y se dotó con 50. De ahí ya viene el primer error. Y el segundo error grave es la prisa por correr y decir, ya hemos establecido el cuarto pilar del estado de bienestar social”.

 

Coste de servicios y aportación de usuarios

 

Planteamos la diferencia entre el coste del servicio en cada comunidad o lo que aporta el Estado y lo que aporta la comunidad autónoma, el beneficiario… las cuentas no salen de ninguna manera. El problema de financiación ha tenido dos dimensiones; nunca en la legislación se ha contemplado que la financiación del Estado a estos servicios que prestan fundamentalmente las CC.AA., esté vinculada a los costes efectivos de los servicios. Y lo que ha hecho el Estado es disminuir los recursos que transfiere a las CC.AA para prestar esos servicios que, o se prestan con menos intensidad, o lo paga la comunidad autónoma, o lo termina copagando más el ciudadano, y de ahí las decisiones que se han tomado en los últimos presupuestos, que han disminuido la aportación del Estado a las CC.AA.

 

Lo que sí podemos decir es que a partir de la puesta en marcha de la Ley de autonomía personal, todo el tema de la discapacidad ha ido desapareciendo de servicios sociales, es decir, el sector de la discapacidad está pagando un muy alto coste por una Ley que tampoco resuelve los problemas para los que se había planteado.

 

Es cierto que la Ley ha salido mal, pero es de 2006 y estamos en 2013. Han tenido tiempo, posibilidades y medios para corregirla. Si todos están de acuerdo en que la Ley no ha funcionado desde el principio, ¿a qué están esperando para poner unas medidas correctoras que realmente sean eficaces?, porque la Ley no se ha hecho para autocontemplarse, se ha hecho para que sirva a las personas, y la percepción que tienen las personas es que cada vez les sirve menos. La Ley no está solucionando los problemas de las personas.

 

Cabe destacar la importancia de contar con los propios afectados, o beneficiarios, a la hora de buscar soluciones. La participación de los colectivos afectados por estas normas debía ser más intensa, porque también somos técnicos, también conocemos la realidad del sector, y somos capaces de poner soluciones y a costos bastante más baratos de los que saca la administración o las empresas privadas, además es nuestro futuro.

 

En Europa, la sociedad somos todos y una sociedad moderna debe reflejar a todos sus miembros”, España sigue manteniendo intacta una legislación que cuenta con más de 30 años, y el problema, es que las ayudas económicas que se fijaron en esa norma para fortalecer la igualdad de todos los ciudadanos y proteger la discapacidad siguen sin actualizarse desde ese momento.

 

Ha tenido que pasar todo ese tiempo, para que el legislador tome conciencia del empleo de conceptos potencialmente discriminatorios en materia de discapacidad, pero todavía nadie se ha planteado la imprescindible reforma de la arquitectura jurídica sobre la que se asienta este sector en España.

 

Hasta que no llegue ese momento, seguiremos teniendo una Ley de Integración Social del Minusválido de 1982, una protección social a la discapacidad que se ha visto recortada en algunos ámbitos en más de un 40% y una desinversión en dependencia propia de Estados que no se corresponden con el nivel de desarrollo que posee el nuestro.

 

Fuente: Por Gabinete de prensa de AGEVALCEE realizado por Agenciamanía.

 

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