En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                         12/06/2020

MAYO 2020

Legislación

 

CÓMO CONTABILIZAR LA EXONERACIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LOS ERTES POR FUERZA MAYOR VINCULADA AL COVID-19

 

El tratamiento preferente que da el ICAC ante estas bonificaciones es el registro de las mismas como una subvención y registrarlas como un ingreso, a no ser que el importe en cuestión sea poco significativo en cuyo caso dicho importe puede minorar el gasto ocasionado en el subgrupo 64 por este concepto.

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece que en los ERTEs autorizados en base a fuerza mayor vinculada al coronavirus se exonera a la empresa del pago de hasta el 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social (el 75 % de la cuota cuando se trate de empresas de 50 trabajadores o más), siempre que ésta se comprometa a mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

Además, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, establece una exoneración parcial de la seguridad social para los trabajadores en ERTE por fuerza mayor que se reincorporen a la actividad.

 

¿Cuál es el tratamiento contable de estas bonificaciones?

Para saber el tratamiento que debemos darles a estas bonificaciones, podemos tomar como referencia la Consulta Nº 5 del BOICAC 94 que trata sobre la contabilidad de desembolsos incurridos por cursos de formación de los trabajadores de una empresa que disfrutan de una bonificación en las cotizaciones de la seguridad social.

 

El tratamiento preferente que da el ICAC ante estas bonificaciones es el registro de las mismas como una subvención y registrarlas como un ingreso, a no ser que el importe en cuestión sea poco significativo en cuyo caso dicho importe puede minorar el gasto ocasionado en el subgrupo 64 por este concepto.

 

De tal modo que la bonificación que realice el Estado en el fondo es una subvención, bien de capital o bien de explotación, en función del concepto que este financiando el Estado.

 

De tal modo, que, si se financia elementos del activo, la subvención será de capital y se irá incorporando a gastos de forma proporcional a la pérdida de valor de dicho activo, bien por amortización o deterioro, o a la baja del mismo en el balance.

Mientras que, si se está financiando pérdidas del ejercicio o gastos del mismo, la subvención es de explotación y se imputará al mismo ejercicio al que se refieren las pérdidas o gastos financiados.

 

En el caso que nos ocupa, se trata de financiar una parte de la Seguridad Social, por lo que nos encontramos ante una bonificación de la misma, y obviamente siguiendo el mismo criterio debería ser reconocida como un ingreso por una subvención de explotación afectando al ejercicio del devengo del gasto pudiendo utilizar para ello una subcuenta del subgrupo 74 Bonificaciones Seguridad Social por ERTE´S.

 

En este sentido, al presentar los seguros sociales de los meses en que se mantenga el ERTE habrá que distinguir la base de cotización de los días de alta de los trabajadores y la base de cotización correspondiente a los días en los que ha estado en suspensión o con jornada reducida. Esto se hará mientras no se haya finalizado el ERTE por completo, continúe el ERTE por fuerza mayor de forma total o parcial (hasta el 30 de junio como fecha tope).

 

De esta forma, se generan dos recibos de liquidación, uno con la cuota a pagar y otro por la parte exonerada, lo que puede llevar a confusión a la hora de realizar el pertinente registro contable de los seguros sociales.

 

Resumiendo

 

• Se trata de una exoneración de la Seguridad Social, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, como son el mantenimiento del contrato con los trabajadores por un período mínimo de 6 meses desde la reanudación de la actividad.

• De este modo, al tratarse de una exoneración condicionada a unos requisitos, y desde un punto de vista económico, podríamos asimilarla a una subvención condicionada al mantenimiento posterior de la plantilla.

• El tratamiento preferente que da el ICAC ante estas bonificaciones es el registro de las mismas como una subvención y, por tanto, registrarlas como un ingreso, a no ser que el importe en cuestión sea poco significativo en cuyo caso dicho importe puede minorar el gasto ocasionado en el subgrupo 64 por este concepto.

• De este modo se entiende que la bonificación realizada por el Estado es en el fondo una subvención, bien de capital o bien de explotación, en función del concepto que se esté financiando.

• En nuestro caso particular, se trata de financiar una parte de la Seguridad Social, es decir, un gasto del mismo ejercicio, por lo que calificaremos la subvención como de explotación, imputándola al mismo ejercicio al que se refieren los gastos que financia.

• Esta imputación de la subvención al ejercicio en el que se devenga el gasto, la podemos registrar mediante una subcuenta del subgrupo 74, dándole el título de Bonificaciones Seguridad Social por ERTEs.

• De este modo, la empresa registrará en su contabilidad el gasto total de Seguridad Social, en el subrgupo 64, y lo compensará posteriormente con un ingreso por la parte exonerada, que quedará registrado contablemente en el subrgupo 74.

• Con lo cual tendríamos las nóminas contabilizadas por los días de actividad igual que realizamos todos los meses, con el registro de la Seguridad Social por las cuotas resultantes de aplicar los tipos de gravamen correspondientes a las bases de cotización totales y, por otro lado, en otro asiento registraríamos el importe de la exoneración.

 

 

 

 

Medidas sociales en defensa del empleo

 

NOVEDADES EN MATERIA LABORAL - REAL DECRETO-LEY 18/2020, DE 12 DE MAYO, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

Tras la reciente publicación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, a continuación, se detallan los aspectos más significantes de las medidas adoptadas, en el ámbito laboral:

 

1. SITUACIÓN FUERZA MAYOR TOTAL Y FUERZA MAYOR PARCIAL

A partir de la entrada en vigor del REL 18/2020, continuarán en situación de FUERZA MAYOR TOTAL las empresas que, teniendo un ERTE de Fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del RDL 8/2020, sigan afectadas por las causas indicadas en dicho artículo y que impidan el reinicio de su actividad, consecuentemente se este tipo de ERTES TOTALES, se vinculan a la continuidad de las causas de fuerza mayor descritas en dicho precepto, tales como suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público, de la movilidad de las personas y/o mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, situaciones urgentes extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria).

 

Durante los meses de mayo y junio, para las empresas que no puedan reiniciar su actividad debido a la pervivencia de las causas descritas en el artículo 22 del RDL 8/2020, en función del número de trabajadores o asimilados a los mismos que la empresa tuviera en alta en la TGSS a 29 de febrero, se mantendrán las siguientes exoneraciones de cotización sociales:

 

Empresas de menos de 50 trabajadores: 100% exoneración respecto a la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas de recaudación conjunta.

Empresas de 50 o más trabajadores: el 75% de exoneración respecto a la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas de recaudación conjunta.

 

Sin embargo, las empresas que a partir de la entrada en vigor del RDL 18/2020 puedan recuperar parcialmente el desarrollo de su actividad, se encontraran en situación de FUERZA MAYOR PARCIAL, y en todo caso como máximo hasta el 30 de junio de 2020, por lo que deberá proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad.

 

Ambas modalidades de ERTE podrán continuar en vigor mientras duren las causas que impidan la realización de la actividad y como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

 

Durante los meses de mayo y junio se establecen dos tipos de exoneraciones, para las empresas qué sí que puedan reiniciar su actividad, debido a que sus actividades ya no estén suspendidas y en función del número de trabajadores o asimilados a los mismos que la empresa tuviera en alta en la TGSS a 29 de febrero, se mantendrán las siguientes exoneraciones de cotización sociales:

 

• TRABAJADORES QUE REINICIEN LA ACTIVIDAD:

o En empresas de menos de 50 trabajadores:

 Mayo: exoneración del 85%

 Junio: exoneración del 70%

 

o En empresas de 50 o más trabajadores:

 Mayo: exoneración del 60%

 Junio: exoneración del 45%

 

• TRABAJADORES QUE NO REINICIEN LA ACTIVIDAD Y POR TANTO PERMANEZCAN AFECTADOS POR EL ERTE:

o En empresas de menos de 50 trabajadores:

 Mayo: exoneración del 60%

 Junio: exoneración del 45%

 

o En empresas de 50 o más trabajadores:

 Mayo: exoneración del 45%

 Junio: exoneración del 30%

 

2. ERTES POR CAUSAS ECONÓMINCAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCION.

Los ERTES basados en estas causas que se inicien entre el 13 de mayo y 30 de junio, les será de aplicación el procedimiento abreviado del artículo 23 del RDL 8/2020, y podrán iniciarse durante la vigencia de los ERTES por causa mayor derivada del COVID-19.

Cuando se inicie un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción tras la finalización de un ERTE por causas de fuerza mayor (art.22 RDL 8/2020), sus efectos se retrotraerán a la fecha de finalización del ERTE por causas de fuerza mayor.

Los ERTE por causas ETOP mantendrán su vigencia hasta la fecha prevista indicada en la comunicación final de la empresa.

 

3. COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Se modifica la cláusula de salvaguarda del empleo recogida en la D.A. 6ª del RDL 8/2020, estableciendo que las medidas extraordinarias previstas en dicho precepto estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, aun cuando esta incorporación sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

 

No obstante, no se entenderá incumplido el compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muertes, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando éste no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

 

Respecto a los contratos temporales, el compromiso de mantenimiento de empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto del mismo, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos fijados en el artículo 5.2 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.

 

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, previas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

 

 

 

 

Cómputo de los ingresos y patrimonio para acceder al ingreso mínimo vital

 

Vemos qué ingresos se computan y cómo para la obtención del ingreso mínimo vital

 

¿Qué se computa?

El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

 

a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

 

b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente.

 

c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia.

Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias.

 

d) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

 

e) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

3.º Las rentas exentas sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

 

Cómputo de Ingresos

Se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud.

 

El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior.

 

Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.

Rendimientos mensuales

 

Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros.

 

Se exceptuarán del cómputo de rendimientos mensuales:

1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

3.º Las rentas exentas sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las cotizaciones sociales.

 

Patrimonio

Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto.

 

Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:

a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.

b) Las cuentas bancarias y depósitos.

c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.

d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.

 

Valoración de los activos no societarios y del patrimonio societario

Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

 

b) El resto de activos inmobiliarios, bien sean de carácter urbano, bien sean de carácter rústico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble.

 

c) Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.

 

El patrimonio societario se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

 

Por Gabinete de prensa de AGEVALCEE realizado por Agenciamanía.

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