En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                      09/07/2018

JUNIO 2018

Noticias del sector

DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES PIDEN A PEDRO SÁNCHEZ QUE REACTIVE EL PACTO DE LA DEPENDENCIA

 

04-06-2018.- Europa Press

 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) ha propuesto al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una serie de medidas sociales que se pueden llevar a cabo "sin modificar los Presupuestos Generales del Estado", entre las que destaca reactivar y cumplir los contenidos del Pacto de Estado de la Dependencia, firmado en diciembre de 2016 por todos los partidos parlamentarios a excepción de PP y PNV. Para cumplir con dicho pacto, la asociación reclama volve ...

 

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CARLOS LAGUNA, NUEVO PRESIDENTE DE CONFEDERACIÓN DE PERSONAS DISCAPACIDAD

 

07-06-2018.- La Vanguardia

 

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV), ha elegido hoy en su Asamblea General a Carlos Laguna como nuevo presidente en sustitución de Javier Segura, que había presentado su renuncia por motivos personales.

 

La entidad ha señalado en un comunicado que en esta asamblea también han aprobado la gestión realizada en el año 2017 y los programas ejecutados, con un balance de 1.900 personas atendidas, y han establecido las líneas de trabajo para el segundo semestre del año.

 

Los miembros de la Asamblea han mostrado su malestar ante las novedades introducidas en la subvención de programas establecida por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y con el proceso de justificación que han determinado.

 

Para la entidad, estas novedades "ponen en riesgo la supervivencia de muchas asociaciones y federaciones", porque exigen unas condiciones que hasta el momento no se habían contemplado en los requisitos de justificación y que tampoco se exigen en otras convocatorias a las que acceden las entidades sociales.

 

En este sentido, Carlos Laguna ha expresado la extrañeza de muchas asociaciones al comprobar estas nuevas condiciones, que "limitan la acción de numerosas entidades".

 

Esta conselleria es quien debe velar por los intereses y por la atención a miles de personas con discapacidad a través del tejido asociativo, y hemos visto que se han aplicado unos requisitos en algunos casos insalvables para las estructuras financieras de muchas asociaciones, algo que no había pasado en los últimos 30 años y que las va poner en serio peligro?, ha manifestado el presidente de Cocemfe-CV.

 

Desde la confederación han señalado que tanto la resolución de esta subvención como la introducción de los nuevos requisitos "dejan sin financiación a un importante número de entidades locales, primer eslabón directo en la atención de las necesidades de las personas con discapacidad".

 

La asamblea se ha reunido con el delegado territorial de la presidencia de la Generalitat en Castelló, Adolf Sanmartín, a quien han trasladado las inquietudes de las asociaciones.

 

Asimismo, sus miembros han pedido ser recibidos por el presidente de la Genaralitat, Ximo Puig, y por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y POlíticas Inclusivas, Mónica Oltra, con el objetivo de pedirles una respuesta rápida para aclarar el procedimiento de las justificaciones.

 

Las asociaciones integradas en Cocemfe-CV no descartan otras acciones, tras mantener varias reuniones con altos cargos de Igualdad y no haber obtenido una respuesta satisfactoria ante esta situación ni ante la resolución de las ayudas con cargo al IRPF, que también dejó a numerosas entidades sin la financiación. EFE

 

LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA APUESTA POR UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE CON CRITERIOS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES E IGUALITARIOS

 

22-06-2018.- El periódico de aquí

 

  • Bartolomé Nofuentes: “estamos seguros de generar un impacto positivo real, con un desarrollo posterior amplio que no va a quedarse solo en una mera introducción de criterios”

La Diputación de Valencia ha aprobado en pleno el acuerdo impulsado por el área de Contratación y Central de servicios innovadores, que dirige el diputado provincial Bartolomé Nofuentes, para la implantación de una contratación pública responsable, basada en criterios sociales, medioambientales, lingüísticos e igualitarios.

 

Se trata de poner en marcha un programa de actuación para que los procesos de contratación incluyan cláusulas sociales, teniendo en cuenta los valores sociales de integración, de sostenibilidad y lingüísticos, haciendo especial hincapié en los aspectos referentes a la igualdad, que demanda la sociedad.

 

Nofuentes ha señalado que se trata de “establecer unas líneas generales de actuación con distintas alternativas para incorporar nuevos valores a la actividad de la administración pública, una necesidad y una obligación para las instituciones valencianas”.

 

“Para ello, ya hemos puesto en marcha un trabajo conjunto con todos los sectores interesados, estableciendo los primeros contactos con especialistas en la materia para desarrollar cada uno de los aspectos que vamos a incluir”, ha explicado el diputado.

 

Así, la institución valenciana ha iniciado reuniones con centros especiales de empleo y empresas de inserción, como la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción (AVEI) o el SERVEF.

 

Para tratar los criterios sociales de contratación, se ha aprovechado la celebración del itinerario formativo #DIVALDirectia y se está trabajando con un grupo de expertas para incorporar la perspectiva social y de género, no solo globalmente en la actividad administrativa y en la gestión de la Diputación, sino en aspectos concretos como lo es la contratación pública responsable.

 

Para ello, se han establecido contactos con Beatriz Belando, profesora del departamento de Derecho Adminsitrativo de la UV, experta en igualdad y coordinadora del Máster de Violencia de Género; Carmen Lloret, doctora en Psicología, docente del máster universitario de Cooperación al desarrollo; y Ana Alcatraz, consultora social y experta en responsabilidad social corporativa.

 

De igual manera, se están estableciendo unas líneas de actuación conjunta con los Servicios de Bienestar Social; Igualdad y con agentes sociales, no solo en la implementación de la contratación responsable, sino también en el establecimiento de medidas de control de ejecución junto con los responsables y unidades de seguimiento de los contratos.

 

Por último, también se está trabajando con el Servicio de Formación para desarrollar cursos y jornadas dirigidos a todos los servicios afectados, con el fin de ofrecer una formación en contratación responsable adecuada.

 

“A través de estas sinergias establecidas con todos los agentes implicados, estamos seguros de conseguir generar un impacto positivo real, con un desarrollo posterior amplio que no va a quedarse solo en una mera introducción de criterios”, ha concluido Nofuentes.

 

Una vez obtenidos los resultados, la Diputación pretende trasladar las conclusiones a los ayuntamientos valencianos interesados para su utilización práctica y efectiva.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DENUNCIAN LA "DISCRIMINACIÓN LABORAL"

 

25-06-2018.- Levante

 

  • Lamentan que para acceder a las plazas de empleo público de la Generalitat la experiencia laboral se valore en un 20 %

 

Su mundo laboral está «repleto de barreras». Son personas con discapacidad intelectual límite, ligera y moderada (del 33 %) a las que conseguir un empleo les resulta casi imposible. De hecho, solo un 20 % de las personas con diversidad intelectual tiene trabajo, según los últimos datos del INE.

 

Sin embargo, en la última convocatoria de la Generalitat para acceder a una plaza de empleo público en la Conselleria de Justicia y Administración Pública, la experiencia profesional se valora en un 20 %, cinco puntos por encima de la última convocatoria de 2014.

 

«Este porcentaje es absolutamente desproporcionado. Con esta puntuación es imposible que puedan acceder a una plaza en un proceso de selección irreal dado que hablamos de un colectivo que tiene muchas dificultades para acceder a un empleo. Un proceso que lleva a que las personas que ya han trabajado como interinos tengan plaza asegurada, mientras que un alto porcentaje de gente no tendrá ni la más mínima oportunidad de competir por una plaza», indicó Engracia Sánchez, presidenta de la Asociación Alfil.

 

Sánchez, junto a otras 12 personas con diversidad intelectual, firmó una carta de denuncia ante lo que consideran «una grave discriminación laboral».

 

«Con esta decisión comprobamos que aunque estudiemos y hagamos un examen de 10 no conseguiremos el empleo al no poder competir con los 20 puntos de aquellos que obtuvieron una plaza en convocatorias anteriores», lamentaron los firmantes de la carta, quienes consideran improbable que la bolsa de trabajo pueda actualizarse con dichos criterios.

 

Los méritos con la convocatoria de estas 23 nuevas plazas para cubrir puestos en la Administración Pública relegan, por tanto, la formación que más de 400 personas apuntadas a la convocatoria llevan realizando pese a sus «grandes limitaciones».

 

En anteriores convocatorias, el resultado del examen (de 30 preguntas tipo test) contaba el 75 %. Ahora, sin embargo, no supera los 65 puntos. «Queremos que todos los cursos que han realizado les sirvan de algo. Estos chicos necesitan la mayor integración posible», indicó Sánchez.

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