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JUNIO 2015

Noticias del sector

EL SALARIO MEDIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD BAJA 4 PUNTOS Y ES UN 14% INFERIOR AL DE LAS PERSONAS SIN DISCAPACIDAD

 

02/06/2015.- El Economista

 

El salario medio bruto de las personas con discapacidad en España disminuye un 4,1 por ciento hasta los 19.505,8 euros y es un 14,5 por ciento más bajo que el de las personas sin discapacidad (22.815,2 euros), según ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2012 y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad de ese mismo año.

 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

 

Desde el punto de vista laboral, el aspecto más significativo para el

colectivo de las personas con discapacidad legalmente reconocida y superior al 33 por ciento es, según el INE, su baja participación en

el mercado de trabajo.

 

Así, en 2012 este colectivo con discapacidad presentaba una tasa de actividad del 36,7%, cuarenta puntos inferior a la de la población sin discapacidad; una tasa de ocupación del 24,5%, menos de la mitad que la del caso sin discapacidad; y la tasa de paro del 33,2%, superior en más de ocho puntos a la de la población sin discapacidad.

 

El INE advierte de que en las diferencias entre las personas con y sin discapacidad también puede influir la diferente distribución de estos colectivos respecto a variables como el sexo, la edad y la ocupación.

 

El salario medio bruto es un 14,5 por ciento inferior entre las personas con discapacidad y las que no la tienen y la ratio media salarial --la relación entre salarios brutos durante el mismo periodo de tiempo y el mismo sector de actividad-- asciende al 85,5%, tres puntos menos respecto a 2011 (88,5%).

 

En cuanto al 'salario mediano' --aquel para el cual hay tantos trabajadores con salarios más altos como trabajadores con salarios más bajos-- las diferencias se situaron en el 12,1%. La posición

relativa de las dos medidas --salario medio superior al mediano-- se debe al peso de los trabajadores con mayores salarios.

 

LA DIFERENCIA SALARIAL POR SEXO ES MENOR

Las diferencias entre las personas con y sin discapacidad aumentan a medida que los salarios son más elevados, pasando de un 10,7% a un 14,7% en los casos de los percentiles 10 y 90, respectivamente.

Aunque la distribución salarial es similar en ambos colectivos, en el caso de las personas con discapacidad un porcentaje mayor de trabajadores se concentra en torno a salarios bajos.

 

Por sexo, el salario de las mujeres con discapacidad fue de 17.909,7 euros de media por trabajadora y año en 2012, mientras que para los hombres fue de 20.550,5 euros. El salario de las mujeres fue un 12,9% inferior al de los varones, diferencia menor que en el caso de la población sin discapacidad (24,3% más bajo).

 

Según aumenta la edad y la experiencia, las diferencias salariales disminuyen (como en 2011), aunque en ningún caso la ratio salarial llega a superar el 84%, es decir, el salario de las personas con discapacidad para ningún grupo de edad distó menos del 16% del de las personas sin discapacidad. Por tipo de contrato, la ratio resultó similar, tanto para el contrato indefinido como para el de duración determinada (86,0% y 86,6%, respectivamente).

 

Las personas con discapacidad en puestos de ocupación altos --directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo-- redujeron su salario respecto a 2011, de manera que la brecha salarial aumentó en tres puntos.

 

En puestos de ocupación medios --empleados, artesanos y trabajadores cualificados-- las personas con discapacidad casi igualaron el salario de la población sin discapacidad, reduciéndose la ratio salarial al 99,7%. Por lo que respecta a los puestos de ocupación bajos (operadores y trabajadores no cualificados) la ratio se redujo hasta el 80,7%.

 

Las mayores diferencias entre colectivos con y sin discapacidad se registraron en centros de cotización de tamaño mediano (de 50 a 199 trabajadores), con niveles salariales para las personas con discapacidad un 30,3% inferiores a las de sin discapacidad. Por sectores de actividad, las diferencias entre los salarios fueron menores en el sector servicios.

 

SALARIO Y TIPO DE DISCAPACIDAD

Las mayores discrepancias salariales se deben al tipo de la discapacidad. Así, las ganancias más elevadas correspondieron en 2012 a personas con discapacidad sensorial, seguidas de personas con discapacidad física y otras, con salarios que superaron al salario medio de las personas con discapacidad.

 

En el extremo opuesto, los trabajadores con discapacidad intelectual y mental percibieron los salarios más bajos --11.590,2 y 16.741,1 euros anuales, respectivamente--, inferiores a la media anual del colectivo con discapacidad en un 40,6% y un 14,2%, respectivamente.

 

Atendiendo al grado de discapacidad también se observaron diferencias, aunque no tan acusadas. En 2012 los salarios oscilaron desde los 19.891,7 euros anuales en el caso de personas con menor grado, hasta los 18.479,6 euros en el caso de personas con grado de discapacidad comprendido entre el 45% y el 64%.

LOS JUECES ANULAN Y EXIGEN DEVOLVER EL COPAGO EN DEPENDENCIA

 

03/06/2015.- El País

 

  • El TSJ valenciano reconoce el derecho a cobrar el dinero retenido por la Administración en concepto de aportación del beneficiario
  • Sentencias previas habían apuntado en la misma dirección en discapacidad
  • El copago en dependencia crece un 68% en los años de la crisis
  • “¿Con 20 euros por hijo quieren justificar que me están ayudando?”

 

En noviembre de 2012 la Generalitat valenciana comenzó a aplicar el copago a los dependientes por lo que redujo el dinero que transfería a las miles de personas a las que había concedido ayudas económicas para acudir a una residencia privada o tener ayuda en el ámbito familiar. F. J. B. pasó de cobrar 442,59 euros en virtud de su situación de gran dependiente a 247,39 euros sin que se le comunicara en ningún momento a qué se debían los motivos del recorte.

 

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado la razón a F. J. B. en el recurso que presentó contra esta medida. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha anulado la minoración de las ayudas ligadas al copago de un dependiente y, por vez primera, ha condenado a la Consejería de Bienestar Social a devolver el dinero que le dejó de pagar desde noviembre de 2012 en concepto de aportación del beneficiario, así como los intereses generados por estas cantidades.

 

Varias sentencias han apuntado en la misma dirección respecto al copago en discapacidad. La última, una del TSJ hecha pública esta semana en la que tumba (una vez más) la tasa que deben de asumir personas mayores y con discapacidad (no necesariamente dependientes) que se calcula en función del servicio que se recibe y la capacidad económica del usuario. Esta tasa ya ha sido transformada en ley debido a la acumulación de sentencias contrarias.

 

“Es la primera sentencia que obliga a devolver las cuantías minoradas con intereses en dependencia y, además, condena en costas a la conselleria”, subraya Sandra Casas, la abogada que ha presentado el recurso. “Hay otras comunidades autónomas que han actuado de igual forma que la Comunidad Valenciana, por lo que esta sentencia no solo sería aplicable a todos los dependientes valencianos que vieron minorados sus aportaciones por el copago, sino a los de estas siete autonomías”, añade esta letrada especialista en dependencia. Y no solo a las prestaciones económicas, sino también a los servicios, como las residencias, los centros de día o la teleasistencia.

 

Casas planteó en el recurso que los criterios establecidos por Bienestar Social para fijar el copago en dependencia, determinados en la orden de 21/2012 de 25 de octubre, debían ser considerados nulos ya que la comunidad autónoma no es competente para regular la participación económica del usuario en las prestaciones de la dependencia, una cuestión que corresponde al Gobierno del Estado.

 

También sumó otro motivo para pedir que se anulara la decisión adoptada por Bienestar Social. La reducción del copago se ejecutó directamente sin anunciarla ni justificarla previamente: hubo una falta de “resolución, notificación y motivación”, según plasmó en el recurso.

 

Ausencia de norma estatal

El TSJ ha asumido estos planteamientos, y le ha dado la razón. Como, según destaca Casas, los magistrados no reconocen a la Generalitat la capacidad de abordar el copago mientras no esté regulado -como no está- por una norma estatal (como un real decreto). Las siete autonomías que han actuado de la misma forma que la valenciana se encuentran en una situación similar, destaca.

 

La orden 21/2012 que reguló el copago valenciano ha sido sustituida por otra en 2014. Además, la Generalitat aprobó una ley de tasas para blindar el copago en discapacidad (que ha sido reiteradamente anulado en los tribunales), servicios sociales y dependencia. Esta ley ha sido recurrida pero, de nuevo según la abogada, tendría los pies de barro ya que -una vez más- carece del amparo de una norma estatal necesaria para regular la dependencia.

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha iniciado una campaña estatal para solicitar un copago "no confiscatorio", moderado y regulado de forma homogénea bajo una norma estatal. La organización ha lanzado una recogida de firmas con la intención de presentar una iniciativa legislativa popular al respecto. La opinión de Casas, la de la  Coordinadora de Plataformas de Dependencia del País Valenciano y la de todo el Estado es distinta: "si podemos anular el copago en todas sus formas no tiene sentido plantear que se unifique esta medida y que se reduzca su cuantía; lo que hay que hacer es eliminarlo".

EL DOCV PUBLICA LAS COMPETENCIAS DE LOS CONSELLERS

 

 

30/06/2015.- Las Provincias

 

  • Dos decretos organizan la administración valenciana

 

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica hoy dos decretos del president de la Generalitat, Ximo Puig, en los que se determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat y se nombran vicepresidenta, consellers, secretaria y portavoz del Consell.

 

Según los decretos, fechados ayer y con efectos desde el día de su aprobación, se asignan a la Presidencia de la Generalitat las competencias de asesoramiento al president, el impulso de la acción interdepartamental del Consell y las relaciones con la Unión Europea, el Estado y otras comunidades autónomas.

 

También figuran en Presidencia las competencias en comunicación institucional de la Generalitat, promoción institucional, estudios de innovación, turismo, administración local y medios de comunicación social, además de las relaciones con Les Corts, representación y defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat.

 

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, que también ha sido nombrada secretaria y portavoz del Consell, contará con la Oficina de Apoyo a la Portavoz y la Oficina del Secretariado del Consell, que coordinará la acción del Consell.

 

Tendrá las competencias en políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, personas con discapacidad, familia, menores, adopciones, juventud, mujer, inmigración y voluntariado social.

 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se ocupará de hacienda, modelo económico y financiación, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat, patrimonio, proyectos y fondos europeos, y tecnologías de la información y la comunicación de la administración.

 

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, llevará justicia, reformas democráticas, interior, protección civil, gestión de la Policía adscrita a la Comunitat, función pública y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado.

 

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, gestionará las competencias de educación, investigación formación profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultural, política lingüística y deporte.

 

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, tiene asignadas las materias de sanidad, salud pública, farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente.

 

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, llevará economía sostenible, fomento del empleo y de la economía social, formación profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, industria, energía, sectores productivos, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía, consumo e investigación e innovación tecnológica.

 

La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, tiene atribuidas agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención y extinción de incendios.

 

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, gestionará vivienda, proyectos urbanos, obras públicas, vertebración del territorio, paisaje, transportes, puertos y aeropuertos.

 

Finalmente, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, tiene asignadas las competencias en materia de transparencia, responsabilidad social, fomento del autogobierno, participación ciudadana y cooperación al desarrollo.

LOS AUTÓNOMOS PODRÁN GOZAR DE UNA BONIFICACIÓN DEL 100 POR 100 DURANTE UN AÑO

 

02/07/2015 Discapnet

 

  • En su cotización por atención a un familiar con discapacidad con necesidad de apoyos intensos.

 

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por tener a su cargo un familiar con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

 

La situación de discapacidad con intensas necesidades de apoyo o supervisión deberá estar debidamente acreditada y el familiar no podrá desempeñar ninguna actividad retribuida.

 

Así lo establece una modificación normativa incluida en el proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados y que ha pasado al Senado para continuar su tramitación.

 

Esta medida, planteada por el CERMI y asumida por los grupos parlamentarios del Congreso, se dirige a favorecer entre los trabajadores autónomos la conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación.

 

La aplicación de esta nueva bonificación estará condicionada a la permanencia en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deberá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute.

 

Además de a discapacidad, este mismo beneficio se extiende a las situaciones de dependencia y de cuidado de menores de 7 años a cargo del trabajador autónomo.

 

Podemos ver esta noticia en la Web Oficial de CERMI.

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