En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                         10/09/2017

JULIO Y AGOSTO 2017

Noticias del sector

LAS ADMINISTRACIONES RESERVARÁN ENTRE EL 7% Y EL 10% DE DETERMINADOS TIPOS DE CONTRATOS PÚBLICOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

 

27/07/2017.- El Economista

 

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. El texto salió adelante con los votos a favor de todos los grupos menos PSOE y Podemos, que se abstuvieron.

 

Con esta norma, que tras el visto bueno del Congreso pasará a debatirse en el Senado, se transponen al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014.

 

La ley, tras las enmiendas introducidas en la Cámara Baja, prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.

 

Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.

 

En este caso, una enmienda introducida en el Congreso hace que la entrada en vigor de esta obligación sea en el mismo momento en que lo haga la ley. En el proyecto de ley se recogía que esta obligación no sería efectiva en tanto no se realizara un desarrollo reglamentario posterior de la norma, algo que se ha modificado vía enmienda.

 

Otra novedad es que la ley reconoce el papel de las empresas de la Economía Social y se facilitará el acceso de este tipo de sociedades a las licitaciones de contratos públicos.

 

También se ha acordado en el seno de la Comisión de Hacienda que no se podrá contratar con empresas que, estando obligadas a ello, no cuenten con planes de igualdad, como por ejemplo aquellas de más de 250 trabajadores.

 

Por otra parte, en los criterios de adjudicación de determinados contratos se tendrá en cuenta la experiencia del personal en servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos.

 

En líneas generales, entre los objetivos de texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.

 

Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.

 

Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.

 

 

LA LEY VALENCIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE ADAPTARÁ AL TRATADO DE ONU

 

24/07/2017.- La Vanguardia

 

 El Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana adaptará todos sus artículos en base a la filosofía de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que aprobó la ONU en 2008.

 

Esta proposición de ley nace atendiendo a una demanda sostenida en el tiempo y trasladada por el Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), a todos los grupos parlamentarios de Les Corts y a la Generalitat.

 

Para su presidente, Luis Vañó Gisbert, esta convención de la ONU "es lo más relevante de lo acontecido en la esfera de las personas con discapacidad en lo que va de siglo, y sus efectos están a la altura de los abrumadores requerimientos de derechos, inclusión y bienestar que reclamamos las personas con discapacidad".

 

Nueve años después de su entrada en vigor en España, las comunidades autónomas apenas habían adoptado medidas para adecuar su legislación y sus políticas al nuevo y exigente marco de derechos del texto internacional de la discapacidad.

 

La Proposición de Ley (PL), firmada por todos los grupos parlamentarios, pretende realizar una revisión profunda de su marco normativo y de su acción pública para adaptarla con celeridad al tratado de derechos humanos de la discapacidad.

 

Vañó ha adelantado algunos de estos aspectos como el de la terminología, por el cual las administraciones públicas deberán utilizar la denominación "persona o personas con discapacidad  y evitar el término "diversidad funcional. No somos personas con diversidad funcional, personas con discapacidad, con una barrera".

 

Aspectos más concretos como la inclusión laboral, el derecho a la sanidad o la reproducción y la protección de su imagen en las redes sociales, serán tratados por la comisión especial para el estudio sobre políticas integrales de discapacidad.

 

Vañó prevé que la proposición de ley obtenga el visto bueno del Consell a finales de septiembre y, durante su tramitación en la comisión sobre discapacidad, se abra un periodo de participación ciudadana para obtener un documento consensuado y vinculado con la ONU que se debata en Pleno antes de que acabe el año.

 

La diputada socialista Concha Andrés, que ha trabajado durante cuatro meses en este proyecto con Cermi, ha señalado que "es necesario que intentemos adaptarnos nosotros a las personas con discapacidad y no al revés".

 

La portavoz adjunta de Podem en las Corts, Fabiola Meco, ha incidido en que "la situación del actual estatuto es una prueba más de como los tratados internacionales se firman pero luego no se acoplan a la normativa nacional o autonómica vigente", por lo que para la diputada éste "era un paso de justicia colectivo".

 

Para el diputado de Ciudadanos Toni Woodward, "los políticos hemos tardado mucho tiempo en avanzar en materia de discapacidad pero, con iniciativas como esta, esperamos que con la unanimidad de todos los grupos podamos conseguirlo".

 

La portavoz adjunta del grupo popular, María José Catalá, ha reprochado al gobierno valenciano que "hace tres meses se aprobó el pago a los centros especiales de ocupación de personas con discapacidad a los que se les debe todo el año 2016 y hay algunos expedientes que aún no han resuelto".

 

Esta iniciativa es un paso importante para adaptar la esencia y la filosofía de la Convención de la ONU a la normativa valenciana, pero como ha recordado Cermi "aún queda trabajo institucional y ciudadano para crear una verdadera norma legal consensuada y coparticipada, sentida como propia por toda la sociedad".

 

EL CONSELL RESERVA UN CUPO DE CONTRATOS DE PROVEEDOR A CENTROS DE DISCAPACITADOS

 

23/06/2017.- Las Provincias

 

  • Se ampliará a iniciativas de víctimas de violencia machista para facilitar su inserción laboral
  • Las cláusulas sociales que ha aprobado la Administración contemplan esta vía
  • El Consell inyecta 669.037 euros a los centros de empleo para discapacitados

 

Los centros especiales de empleo, que en la Comunidad Valenciana dan trabajo a alrededor de 6.000 personas con diversidad funcional, se convertirán también en proveedores del Gobierno autonómico. Y todo ello sin necesidad de competir con otras empresas de sus respectivos sectores. La directora general de Planificación y Servicios, Eva Hernández, ha reservado la adjudicación de dos contratos para que sean realizados expresamente por trabajadores con discapacidad. De este modo, se pretende favorecer la inserción laboral de dicho colectivo.

 

En concreto, el Servef les ha otorgado el suministro de material básico de papelería a dos centros de formación del Servef, así como el mantenimiento y conservación de la jardinería de estos mismos locales, según confirmó Hernández a este diario. Es la primera vez que la Administración valenciana reserva una adjudicación a los centros especiales de empleo de acuerdo con la implantación de nuevas cláusulas sociales.

 

La adjudicación se produce después de meses de varios desencuentros públicos entre la patronal del sector, Agevalcee, y el Consell por la supuesta carestía de subvenciones. Un problema que, finalmente, se ha logrado reconducir. Sin embargo, desde el Ejecutivo valenciano desligaron estos contratos de suministro y servicios de la agria controversia que ha minado sus relaciones. De hecho, a juicio de la directora general de Planificación, «la apuesta por estas entidades es un hecho».

 

«Las administraciones debemos ser las primeras en impulsar y potenciar el trabajo de las personas con discapacidad porque la inserción laboral es uno de los pasos fundamentales para la plena integración», continuó Hernández. El Servef está decidido a extender la reserva de contratos a otros colectivos sensibles, aquejados de especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Previsiblemente los próximos beneficiarios de esta regulación serán las víctimas de violencia de género, indicaron desde esta institución. Pero las adjudicaciones sin concurso tampoco se generalizarán en la Generalitat. Se respetará en todo caso el techo de contrataciones que pueden eludir la vía de la libre concurrencia.

 

Según la directora general de Planificación, las cláusulas sociales han demostrado ser «una política muy útil para incentivar la contratación» de los grupos que presentan menos facilidades de inserción. Los centros especiales de empleo, cuyo objetivo principal es el de proporcionar a las personas con discapacidad, un trabajo productivo y remunerado que facilite su salto al mercado laboral ordinario, cumplen escrupulosamente con estos requisitos.

 

En este caso, Impremta la Plaça se ha adjudicado el contrato de material básico de la papelería personalizada para los cursos que imparte el Servef, por un importe total de 46.000 euros, mientras que el servicio de mantenimiento y conservación de la jardinería de los centros de formación ha ido a parar a la UTE Jardival por 20.000 euros en dos lotes, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

 

La directora general destacó el esfuerzo presupuestario que está llevando a cabo el Servef para apoyar el empleo entre las personas con diversidad funcional. En este sentido, recordó que la Generalitat ha incrementado en cerca de 4 millones de euros las ayudas destinadas a mantener las plazas en los centros especiales de empleo a los que el Servef destina cerca del 60% de la partida dirigida a colectivos vulnerables. «El resto del presupuesto, ha explicado, se destina a otros colectivos de difícil inserción, como jóvenes o parados de larga duración», apuntó.

 

El mantenimiento de los puestos de trabajo en estas entidades especiales es sólo uno de los programas que el Servef ejecuta para favorecer la inserción laboral de este colectivo. La institución desarrolla otras actuaciones como, por ejemplo, las unidades de apoyo de los CEE, los programas de fomento de la contratación indefinida y temporal o el empleo con apoyo en empresas ordinarias, según explicó Hernández.

 

A finales de julio, el Consell anunció el inminente abono de 669.000 euros a los centros de discapacitados que se quedaron sin subvención en 2016 porque el presupuesto de la Generalitat resultaba insuficiente para atender todas las solicitudes. El Servef asumirá 28 expedientes sin resolver tras una resolución de las Cortes que instaba a ampliar el presupuesto. Finalmente, Intervención de la Generalitat ha validado una solución técnica que permite el pago.

 

 

LA GENERALITAT FINANCIARÁ A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO QUE EN 2016 NO RECIBIERON SUBVENCIÓN

 

28/07/2017.- Valencia Plaza

 

El pleno del Consell ha aprobado financiar a los Centros Especiales de Empleo que en 2016 no recibieron subvención por agotamiento de presupuesto con un importe total máximo de 696.183 euros.

 

De esta manera, la Generalitat  da cumplimiento a la Resolución de les Corts aprobada por todos los grupos parlamentarios, en la que se acordó  apoyar anualmente a todos los Centros Especiales de Empleo, sin que ninguno pueda quedarse excluido completamente del apoyo para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con diversidad funcional.

 

El Servef ha incrementado durante esta legislatura en más de cuatro millones  de euros la partida adscrita en los Centros Especiales de Empleo. Así, si en 2014 se les concedieron ayudas por 18,3 millones de euros, en 2016 se aumentó hasta los casi 22 millones, una cantidad que demuestra la especial sensibilidad de este Consell para fomentar el empleo entre las personas con diversidad funcional.

 

Los Centros Especiales de Empleo reciben cerca del 60% de todos los fondos destinados al fomento del empleo a colectivos vulnerables, que asciende a 38 millones de euros. El resto de subvenciones de fomento de empleo van adscritas a otros colectivos de difícil inserción, como jóvenes o parados de larga duración y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Estas ayudas han permitido que los Centros Especiales de Empleo contraten a 5.701 personas, 400 más que el pasado año.

 

© AGEVALCEE | Av. Cortes Valencianas, 41 - 1° - A | C.P. 46015 Valencia | Telf. 963 470 042

Web: www.agevalcee.es | E-mail: prensa@agevalcee.es

 

Portada I Editorial I Legislación I Noticias del sector I Suscripción I Hemeroteca

 

Realización por Agenciamanía