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Noticias del sector

01/08/2012

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07/07/2012.– Las provincias. Miles de personas reclaman al Consell que pague la deuda con los centros de atención a personas dependientes.

Las personas con discapacidad también protestan. El impago de las subvenciones por parte de la Generalitat valenciana a los centros y entidades que tratan de mejorar su calidad de vida sacó ayer a las calles del centro de Valencia a casi diez mil personas, según contabilizaron las plataformas convocantes. Trabajadores, directivos, voluntarios, familiares y personas discapacitadas, unidas por un mismo objetivo: defender la viabilidad de los centros sociales.

 

«Este año no hemos recibido ningún pago de la administración y tenían que haber aportado ya el 60%», apuntó Gloria Cubillos, directora del Centro Ocupacional La Torre. «Nos hemos visto obligados a poner dinero de nuestro bolsillo, pero no hemos podido pagar a los proveedores ni al comedor desde marzo», lamentó. «La situación es insostenible, porque el coste de nuestra labor social asciende a unos 950 euros por cada persona a la que atendemos. No sé si podremos abrir en septiembre», asegura la directora.

 

Vanesa tiene 33 años y padece una discapacidad intelectual. Como sus compañeros del taller de La Torre, se sumó a la protesta porque, como aseguraba rotunda, «me parece fatal que recorten. Mis monitores no tienen sueldo». Entre otras actividades, Vanesa y sus compañeros fabrican tapones embellecedores y cápsulas de café. Aunque no reciben un sueldo propiamente dicho, «se les reconocen sus tareas con una gratificación de 20 euros mensuales», apunta Raquel, una de las monitoras del taller. Cantidad que el pasado mes de junio ya no obtuvieron por falta de liquidez.

 

«No podemos más» o «Queremos cobrar» fueron algunas de las consignas más repetidas en las pancartas que acompañaron la marcha, aunque también otras tantas que pedían «Ayuda, respeto y dignidad» para el sector de atención a personas que sufren discapacidad.

 

Marián Ferrús, una de las portavoces que leyó el manifiesto final, es madre de una de las tantas personas dependientes sobre las que está repercutiendo la crisis. No obstante, explicó que los proveedores de los centros sociales están «mostrándose muy comprensivos con la situación y ofrecen la misma calidad de productos a costa de endeudarse». Pero siempre hay un límite. «Esto tiene que solucionarse ya, porque llegará un momento en el que no podrán prestarnos más», zanjó Marián. María José, otra de las portavoces de la marcha, lamentó que «los profesionales estén supliendo con su esfuerzo la falta de garantías de la Administración».

 

Hablan los portavoces de la discapacidad en el Congreso de los Diputados.

26/07/2012.– El CERMI semanal. Los portavoces de los siete grupos parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados escriben para 'Cermi.es semanal' sus impresiones sobre la agenda política de la discapacidad en los primeros meses de esta legislatura, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Además, los portavoces parlamentarios deslizan comentarios sobre lo que está previsto que pueda ocurrir en los próxios meses dentro de la agenda de esta comisión del Congreso.

Consulta aquí los artículos de los portavoces:
Francisco Vañó (Grupo Popular).
Laura Seara (Grupo Socialista).
María Concepció Tarruella (Grupo Catalán: CiU).
Ascensión de las Heras (Izquierda Plural: IU, ICV-EUiA, CHA).
Toni Cantó (Unión Progreso y Democracia).
Arantza Tapia (Grupo Vasco, EAJ-PNV).
Xabier Mikel Errekondo (Grupo Mixto, Amaiur).

Los discapacitados tachan de «insostenible» su situación.

09/07/2012.– Discapnet.

· La medida se suma al fin de la cotización social para las personas que cuidan a familiares

· La Administración tendrá dos años para tramitar la ayuda sin generar atrasos

· El Gobierno dejará de cotizar por las cuidadoras de la Dependencia

· El Gobierno pedirá la renta familiar para dar la paga al cuidador

· Nuevo intento de incluir la vivienda para fijar el copago de la dependencia

 

La paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15% como mínimo. Es una de las medidas que han acordado el Gobierno y las comunidades autónomas este martes. Esta prestación por cuidados en el entorno familiar alcanza como media unos 400 euros mensuales y le cuesta a las Administraciones 1.900 millones de euros al año. La reducción de ese 15% supone un ahorro de 285 millones de euros, una cantidad equivalente a la que ha perdido la dependencia en los recientes Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, podría decirse que serán las familias las que pagarán esa rebaja presupuestaria. Además las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.

Pero la pretendida unificación nacional que ha vendido el Gobierno, "a igual grado de dependencia, similar atención", no está garantizada porque habrá flexibilidad y cada comunidad podrá reducir aún más ese porcentaje. La consejera de Castilla y León -una de las comunidades que mejor gestiona la ley-, Milagros Marcos, reconoce que en su región esa paga sufrirá una rebaja mayor: "Se trata de hacer menos atractivas aún las pagas familiares, de tal forma que los ciudadanos se decanten por los servicios, como la mejor manera de generar empleo". El problema es cuando alguna comunidad rebaje mucho la paga familiar y siga desatendiendo los servicios. Aquí pueden generarse 17 sistemas.

 

La segunda gran medida que se ha tomado ha sido la ampliación a dos años del periodo en que las comunidades tienen para atender a los dependientes sin generar retroactividad económica, en lugar de los seis meses actuales. Es decir, la Administración puede retrasarse hasta dos años para tramitar el expediente del usuario y concederle la ayuda. Si esta es una prestación económica, el dependiente no recibirá atrasos por ese periodo. Es un plazo suficientemente amplio para que muchos ciudadanos mueran esperando su ayuda. Es un colectivo "muy vulnerable", como muchas veces, este mismo martes, ha señalado la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato.

Los dependientes moderados no entrarán al sistema hasta el año 2015, un año más de retraso. La justificación es que así se puede atender a los grandes y moderados, pero en realidad eso no ha ocurrido, porque en la actualidad no se atiende por dependencia a los moderados, pero tampoco se están sustituyendo las bajas en el sistema; es decir, no entra al sistema tanta gente como causa baja.

El Gobierno ha corregido su propuesta de tomar como medida para el copago ciudadano el 75% del IPREM. El que no alcance el 100% del IMPREM, 532 euros, no pagará nada. A partir de ahí se establecerán tramos en función de la renta y el patrimonio (en el que se incluye como cómputo el 5% del valor catastral). "El copago sube, sí, en virtud de esos tramos", ha reconocido la consejera de Andalucía.

 

Otro de los grandes cambios es el reparto del dinero, que ahora se hará de forma ponderada siguiendo un calendario. Cada año, a partir de 2013 se reservará un porcentaje del dinero total que reparte el Gobierno a las comunidades y se repartirá con otro criterio: se será más generoso con aquellas comunidades que presten más servicios respecto a las que den más ayudas al cuidador familiar. Cada año se ampliará este porcentaje hasta repartir la mitad del dinero con este criterio. Eso sería en cinco años.

 

¿Es esto un empleo?

Los cuidados en el entorno familiar -427.747 ayudas son de esta clase- están atendidos mayoritariamente por mujeres, que ahora recibirán menos dinero y además, alrededor de 180.000 por las que ahora cotizaba el Gobierno en la Seguridad Social, perderán ese derecho. Es cierto que estrictamente no era empleo, y que durante mucho tiempo estas ayudas han impedido que se atendiera a los dependientes con servicios profesionales, como residencias y centros de día.

 

El Gobierno entiende que con esta medida las familias optarán por los servicios profesionales en lugar de la prestación económica, lo que redundará en creación de empleo y liberación para la mujer. Pero en tiempos de crisis son miles las familias que ayudaban sus pobres economías con esta paga y nadie puede afirmar, porque no hay estudios ni inspecciones para ello, que se les atienda ni mejor ni peor que en residencias. Además, no siempre se trataba de una elección personal: a veces se concedía esta ayuda porque la Administración no tenía servicios que ofrecer, ni plazas de geriátrico ni centros de día. Tampoco parece que, dada la situación económica, vayan ahora a abundar las plazas si no hay mayor inversión , por lo que muchas familias pueden verse sin servicios y con una paga de cuidador reducida más del 15% fijado como obligatorio.

 

La duda es si todas las comunidades harán un trasvase de dinero desde las prestaciones económicas a los servicios, o si seguirán acusándose los problemas de gestión tan habituales recientemente.

El Gobierno recorta un 15% la paga a los cuidadores familiares de la Dependencia.

Alertan del aumento de la pobreza entre las personas con discapacidad.

 

26/07/2012.– El Mundo. Los ciudadanos con discapacidad tienen unos ingresos un 25% más bajos

 

La crisis golpea con fuerza a los colectivos más vulnerables, como los discapacitadios. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha alertado del aumento de la pobreza que está sufriendo este colectivo, que tiene unos ingresos un 25% inferiores que el resto de la población y que, además, ha de hacer frente a gastos que no afrontan sus conciudadanos sin discapacidad.

Desde esta perspectiva, Cocemfe ha advertido a la Administración el riesgo que pueden conllevar para las personas con discapacidad losrecortes que se están efectuando a todos los niveles en servicios sociales, sanidad, dependencia, educación y empleo.

Según la entidad, los ciudadanos con discapacidad tienen unos ingresos un 25% más bajos que la población en general y en España hay 21.200 personas con discapacidad que viven al mes solo con una pensión no contributiva (357,70 euros/mes).

"Este dato es, por tanto, muy inferior a lo aceptado como umbral de pobreza (627 euros/mes), que es nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida", y al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado en 532,5 euros mensuales, señaló Cocemfe.

Además, ha recordado la confederación, las personas con discapacidad se ven obligadas a hacer un sobreesfuerzo económico para mejorar sus condiciones de vida, "que se llevan una gran parte de sus ingresos". Por todo esto, el presidente de Cocemfe, Mario García, ha considerado que el Ejecutivo "debería aumentar los niveles de protección de las personas con discapacidad, en lugar de que sean las primeras en verse afectadas por los recortes".

Igualmente, ha pedido al Gobierno que promueva medidas estructurales que apuesten por la inclusión social del colectivo, "luchando decididamente contra las discriminaciones en el ámbito del trabajo y educativo, el paro y la precariedad laboral". Y es que, ha recordado, la tasa de personas con discapacidad que ha terminado estudios secundarios o superiores representa menos de la mitad que la de la población en general (tan solo el 12% frente al 30%).

Ante este panorama, García cree que es "ineludible" rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo, donde las aportaciones del Estado son "imprescindibles" para su sostenibilidad y funcionamiento.

Cuadro de texto: Noticias del sector