En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                         09/03/2018

FEBRERO 2018

Noticias del sector

EMPRESAS VALENCIANAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL, DESTACADAS EN EL NUEVO INFORME CEPES

 

07-02-2018.- Las Provincias

 

  • Los ocho grandes grupos con implantación nacional emplean a más de 169.000 personas

 

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) elabora desde hace once años un informe que bajo el título de ‘Empresas relevantes de Economía Social’, detalla información de 848 empresas de economía social, facilitadas por los 26 socios miembros de Cepes.

 

Este informe muestra datos relativos a facturación, empleo, sector de actividad y ámbito territorial. Además, las empresas están divididas según su fórmula jurídica: cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, grupos empresariales y otras empresas de Economía Social.

 

Asimismo, el informe demuestra que grandes marcas conocidas y de prestigio en el mercado pertenecen a la economía social, algunas de las cuales lideran sus sectores de actividad tanto a nivel internacional, como estatal, autonómico o territorial.

 

Esta edición incluye información de ocho grandes grupos de la economía social que emplean a más de 169.433 personas. Son: Grupo Cooperativo Cajamar (actividades financieras y de seguros), Atlantis Grupo (actividades financieras y de seguros), Fundación Espriu (actividades sanitarias y de servicios sociales), Grupo Clade (otros servicios), Unide (distribución), Corporación Mondragón (multisectorial), Grupo Ilunion (multisectorial) y Grupo Gredos San Diego (educación).

 

Dentro del ranking elaborado por Cepes hay una marcada presencia de empresas valencianas, principalmente del sector agroalimentario. Anecoop, Coarval, Surinver Hortofrutícola, San Alfonso Coop. V., Sant Bernat de Carlet, Benihort, Agrícola Villena, Copal, Canso, Intercoop Comercial Agropecuaria, Cheste Agraria, Coavre, Coooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, la SAT Novacitrus, Nulexport, Coagri, Cooperativa Agrícola Benasalense, Rural San Vicente Ferrer de Benaguasil, Coviñas, Unió Cristiana de Sueca, Cooperativa del Campo de Vila Nova de Castelló, Cooperativa del Campo de Llutxent-Otos, Cofrudeca, Alzicoop, Bodega La Viña y Frutaltea están relacionadas en el mismo. La presencia valenciana incluye a cooperativas y grupos empresariales de otros sectores como Consum, Grupo Sorolla, Sercoval o Cinfer, entre otros.

 

Hay más empresas que las descritas pero las expuestas son un claro ejemplo de la pluralidad y diversidad del tejido productivo de la economía social española que además se ha convertido en un agente importante en la consecución de 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

 

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, señaló que este informe «demuestra el peso socioeconómico que tienen las empresas de economía social y evidencia cómo actúan en todos los sectores económicos, a la vez que constata la existencia de empresas de todos los tamaños, desde microempresas y pymes a grandes grupos empresariales».

 

«Las empresas de economía social conforman un modelo empresarial, vertebrador de un modelo económico de éxito donde las personas priman por encima del capital, donde los beneficios se redistribuyen entre las personas o el fin social, o se reinvierte para seguir creciendo y creando empleo; y en las cuales la eficiencia empresarial se combina con los valores de la solidaridad, responsabilidad y cohesión social. Un modelo que trabaja para combatir las desigualdades», concluyó Pedreño.

LA GENERALITAT VALENCIANA BENEFICIARÁ A LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

 

11-02-2018.– Valencia Plaza

 

La Generalitat está más cerca de que todos sus contratos incluyan cláusulas sociales. Y es que la próxima semana se inicia el trámite de participación ciudadana en la comisión de Transparencia en Les Corts de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social.

 

La ley pretende implantar la regla general de que los contratos públicos no se adjudiquen tan solo teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, entendida como aquella sólo tenga en cuenta el menor precio, sino a la oferta que suponga una mejor relación coste-eficacia, justamente valorando esas cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública.

 

Los contratos con estas cláusulas tendrán en cuenta aspectos sociales, éticos y medioambientales en los procedimientos de licitación además de incluir la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción.

 

Además se prevé la inclusión en los pliegos de contratación de cláusulas relacionadas con las oportunidades de empleo, el trabajo digno, el cumplimiento con los derechos sociales y laborales, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, el diseño de accesibilidad para todas las personas, criterios de sostenibilidad o con productos basados en el comercio justo.

 

También se prevé la aplicación del convenio colectivo que establezca mejores condiciones, así como medidas para garantizar la subrogación de trabajadores cuando exista esta obligación y la inclusión de una declaración responsable por la cual el licitador o contratista no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas.

 

Con esta ley la Comunitat Valenciana se convierte en la segunda autonomía que dispondrá de una ley que regule una materia que el Gobierno considera clave para el cambio hacia un modelo social y económico más justo, sostenible e igualitario por el que apuesta el Govern del Botànic.

 

Posibles ventajas fiscales para las empresas socialmente responsables

 

Se creará el distintivo “Entidad Valenciana Socialmente Responsable” para aquellas empresas, autónomos e instituciones que acrediten prácticas de responsabilidad social. Se otorgará después de presentar una memoria que será evaluada por auditores independientes y que supondrá beneficios en materia de contratación pública, concesión de subvenciones o posibles ventajas fiscales, además de visibilización a través de un distintivo proporcionado por la Generalitat.

 

La norma recogerá conceptos como son la auditoria social o la memoria de responsabilidad social, facilitando así a los operadores jurídicos la interpretación de una norma que aborda una materia relativamente nueva. Hasta la Generalitat estará obligada a rendir cuentas anualmente a través de una Memoria que deberá presentar ante Les Corts.

 

La responsabilidad social no solo se fomentará en el ámbito privado, también en el público. Se aplicarán fórmulas entre los trabajadores que, como el teletrabajo, permiten la flexibilidad y racionalización de horarios por facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, además de fomentar la implicación de su personal en acciones de voluntariado corporativo. Asimismo, se incidirá en la mejora continúa y modernización de los servicios. Además se creará una “Red de Municipios Socialmente Responsables”.

 

Consejo Valenciano de Responsabilidad Social

 

También se pondrá el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, órgano colegiado y de participación en esta materia y, al mismo tiempo, se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, actuando como órgano de información y consulta. Como instrumento de planificación y gestión, el Consell deberá aprobar un “Plan Valenciano de la Responsabilidad Social” que será de carácter plurianual.

 

EL SUPREMO FIJA EN UN 45% EL MÍNIMO DE DISCAPACIDAD PARA OPTAR A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

12-02-2018.- Expansión

 

"No nos encontramos ante una revisión, sino una actualización del baremo", afirma el alto tribunal.

 

El Tribunal Supremo ha aceptado que quienes padezcan un mínimo del 45% en su grado de discapacidad podrán acceder a la jubilación anticipada siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un tiempo suficiente, debido a que se les podrá aplicar el decreto que así lo fija.

 

La sentencia que señala esta doctrina, que ha sido divulgada por la Asociación El Defensor del Paciente y por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), afecta a todos aquellos ciudadanos incluidos en el decreto 1851/ 2009, relativo a, entre otros colectivos, las víctimas de la talidomida.

 

El citado decreto, según explica Efe, afecta a las personas que padezcan una discapacidad en relación con las siguientes enfermedades: "Discapacidad intelectual (antes retraso mental), parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome X frágil, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, fibrosis quística, Enfermedad de Wilson, trastornos del espectro autista, anomalías congénitas secundarias a Talidomida, secuelas de polio o síndrome postpolio".

 

En síntesis, el Supremo se hace eco de aquellas situaciones en las que se encuentran muchos trabajadores a quienes, padeciendo alguna de estas enfermedades y un grado de discapacidad superior o igual al 45% a la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, no les había sido concedida ésta porque no acreditaban haber trabajado 15 años desde que padecen la discapacidad.

 

El decreto citado establece unos baremos que algunas de estas personas no podían cumplir aunque por la naturaleza de su enfermedad, ésta se hallara presente antes de la entrada en vigor de la norma (en el caso de los talidomídicos obviamente desde el nacimiento).

 

Lo que hace ahora el TS es reconocer que siempre que éstas enfermedades no hayan sufrido evolución alguna en el tiempo, los plazos a tener en cuenta deberán retrotraerse a la primera vez en que se valoró el grado de discapacidad de las personas afectadas.

 

El caso que ha dado lugar a la sentencia afecta a un enfermo de talidomida que padecía la discapacidad desde el nacimiento.

 

A este respecto el tribunal dice que "se trata de aplicar el nuevo baremo establecido para la valoración de las minusvalías".

 

"No nos encontramos ante una revisión, sino una actualización del baremo, por lo que el periodo total cotizado por el actor lo ha sido habiendo trabajado con un grado de discapacidad superior al 45%, en concreto del 75%" (una patología congénita consistente en agenesia de ambos antebrazos y varios dedos).

C.VALENCIANA SUPERA 90 % DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

 

13-02-2018.- La Vanguardia

 

La Comunitat Valenciana supera el 90 % en inclusión educativa de alumnos con discapacidad, por encima de la media nacional del 80 %, junto a otras muchas comunidades autónomas.

 

En España existen casi 200.000 alumnos con discapacidad matriculados en enseñanzas no universitarias, de los que algo más de 35.000, un 17 %, lo están en centros especiales, lo que muestra el "notable éxito" del proceso de inclusión iniciado en los ochenta pero que hoy padece de signos de estancamiento.

 

Así lo ha expuesto el profesor asociado de la Universidad de Salamanca Agustín Huete, autor del artículo "Las personas con discapacidad en la escuela. Luces y sombras del proceso de inclusión educativa en España", integrado en el último número de "Panorama Social" de Funcas presentado hoy y que está dedicado a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país.

 

Ese "notable éxito" de la inclusión educativa ha situado a España por encima de países como Suecia, Finlandia, Alemania o Dinamarca, con más del 80 % del alumnado con discapacidad matriculado en centros ordinarios.

 

Los 101.617 niños con discapacidad que estaban segregados en centros especiales en 1986 fueron descendiendo de manera progresiva hasta llegar a su mínimo en el curso 2001-2002, con 27.000, pero desde el periodo 2002-03 han ido creciendo de manera sostenida hasta los 35.190.

 

Sin embargo, atendiendo a los datos, ese incremento es paralelo al del número de estudiantes con necesidades especiales por razón de discapacidad, un "estancamiento" que este experto atribuye a factores sociales, administrativos y de recursos.

 

Por comunidades autónomas son muchas las que superan la media de inclusión, sobre todo Galicia, Navarra y la Comunitat Valenciana, que rebasan el 90 %, mientras que Madrid, Canarias, Aragón, Extremadura y Cataluña no llegan al 80 %.

 

La tasa de segregación aumenta conforme avanza la edad de los niños, de forma que la inclusión más alta se da en la educación infantil y primaria.

 

Dos terceras partes del alumnado escolarizado en centros especiales sufre una discapacidad intelectual o trastorno generalizado del desarrollo, mientras que la tasa de inclusión en centros ordinarios para la población con trastornos graves de la personalidad, discapacidad visual, auditiva y motora supera el 90 %.

 

El género también incide, aunque menos, en el nivel de inclusión: el 80,3 de las mujeres con discapacidad están matriculadas en centros ordinarios frente al 83,9 % de los hombres.

 

Para este experto, aunque las medidas y los profesionales de educación especial "son vitales", los centros especializados no dejan de "ser guetos"; así, opina que separar alumnos con discapacidad de los que no la tienen "es como plantearse si los niñas tienen que ir al colegio con las niños".

 

Otra de las "sombras" de la inclusión educativa en nuestro país es el alto nivel de analfabetismo registrado en este colectivo, que alcanza el 6 %, multiplicando así por diez el de la población en general, aunque es la mitad que el registrado en 1999.

 

También destaca su escaso acceso a los estudios universitarios, que es del 15,1 % frente al 33,2 %, aunque en este caso la cifra es tres veces mayor que hace veinte años.

 

En el monográfico también hay otros artículos como "Discriminación salarial y discapacidad; de los datos a la política de empleo", del economista de la Universidad de Salamanca Miguel Ángel Malo, quien ha considerado que "el gran problema sigue siendo la baja actividad" del mercado laboral de estas personas.

 

El delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, ha denunciado que este colectivo "tiene más cuotas de visibilidad", pero se le "sigue ignorando" a pesar de que en uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad.

 

"Somos el 9 % de la población, pero aportamos el 20 % de las víctimas mortales de la lacra de la violencia machista", ha enfatizado Martín antes de censurar: "Estamos en una situación de exclusión permanente, sistemática y estructural". EFE

FUNDACIÓN BANCARIA 'LA CAIXA' RECIBE EL SELLO BEQUAL PLUS, QUE CERTIFICA SU POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD

21-02-2018.- Europa Press

 

La subdirectora general de Fundación Bancaria 'la Caixa' Esther Planas ha recibido el Sello Bequal Plus de manos del Patrono de la Fundación Bequal, Francisco Vañó Ferre, según informan en un comunicado. El acto celebrado en la sede de Fundación Bancaria 'la Caixa' ha contado con la presencia del director General de la Fundación Seeliger y Conde, Ramón Giró; el director Gerente de Fundación Bequal, José Antonio Martín; la directora del Departamento de Personas, Montserrat Cabré; la re ...

 

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