En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       10/03/2016

FEBRERO 2016

Noticias del sector

CASI 10.000 DEPENDIENTES RECIBEN LA AYUDA MÁXIMA QUE ESTABLECE LA LEY

 

04/02/2016.- Levante

 

  • Igualdad revisa 11.205 expedientes y amplía las cuantías a todos los beneficiarios al eliminar un «copago oculto» que fijaba las subvenciones según la renta

 

Lo prometido es deuda. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha revisado 11.205 expedientes de dependencia cuyos usuarios han visto incrementada su ayuda mensual desde el pasado 1 de enero. ¿Por qué? La respuesta la dio ayer la responsable del área, Mónica Oltra, al explicar la eliminación de un «copago oculto» „que el anterior gobierno puso en marcha en 2012„ que consistía en otorgar la subvención que le corresponde a cada usuario ajustando la ayuda a los ingresos.

 

Es decir, la persona dependiente no recibía la ayuda en la cuantía que establece la ley, por su grado de dependencia, sino en función de los ingresos que percibiera. Eso llevó a que personas dependientes vieran como su ayuda se reducía de forma considerable. En algunos casos la subvención llegó a ser de 20 euros.

 

Esta situación ha pasado a la historia. La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, explicó ayer que con la derogación de la orden 21/2012 a través de la Ley de Acompañamiento de la Generalitat «se han podido elevar las cuantías a percibir porque en algunos casos la ayuda que recibían los usuarios era insultante». Así, tras la revisión de más de 11.000 expedientes durante tres meses, 9.649 usuarios (el 86,1 %) pasan a percibir el máximo establecido por el Gobierno central, independientemente de su situación económica.

 

Como ejemplo, la vicepresidenta señaló que, a partir de ahora y para aquellos casos donde la prestación económica está vinculada al servicio residencial, «los grandes dependientes pueden llegar a cobrar 833 euros al mes, y en los casos de prestación por cuidador no profesional la ayuda varía de 153 a 442 euros al mes según si el grado es moderado o se trata de grandes dependientes».

 

El antes y el después

 

El resto de expedientes revisados (1.556) también incrementan la nómina ya que se trata de aquellos dependientes que percibían un complemento «de análoga naturaleza», es decir o por poner un ejemplo, una subvención por gran invalidez, entre otros casos. Hasta ahora estos usuarios no cobraban ni tan siquiera el mínimo garantizado de la ayuda a la dependencia, al percibir una subvención estatal. Ahora ya no es así.

 

«El anterior gobierno decidió que, quienes recibían un complemento de análoga naturaleza no tenían derecho a nada más, y aunque les correspondiera una parte proporcional de la ayuda, la eliminaban. Nosotros no, nosotros les estamos pagando el mínimo al que tienen derecho o la diferencia que existe entre ambas ayudas porque es lo justo y lo que marca la ley», explicó Oltra.

 

Cero euros por el centro de día

 

Pero ahí no acaba la cosa. Desde el pasado 1 de enero 4.669 personas mayores o con diversidad funcional ya no pagan en los centros de atención diurna, mientras que 12.482 personas más han visto aumentado el dinero que perciben para «tener una vida digna». «Había usuarios que abandonaban los centros de día porque no podían hacer frente al gasto. Ahora ya no pagan nada. Cero. Pero, además, las 12.482 personas que viven en residencias también disponen ahora de algo más de dinero para sus gastos y para poder vivir dignamente», puntualizó Oltra.

 

Todas estas medidas puestas en marcha por la Conselleria de Igualdad tienen un coste de 33,3 millones de euros y afectan a 17.151 usuarios. Eso sí, Mónica Oltra presentó el balance tras los cambios del sistema acompañada de la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas y de la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez.

 

 

EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD SE MOVILIZA PARA SALVAR EL MODELO DE IRPF DE INTERÉS SOCIAL

 

 

15/02/2016.- Discapnet

 

  • El sector social y cívico de la discapacidad, articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se ha movilizado para salvar el modelo de gestión del 0,7 % del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

 

Ante el peligro de desaparición de este mecanismo de redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía, el movimiento de la discapacidad ha planteado una estrategia de incidencia política en los planos estatal, autonómico y local para que el nuevo Parlamento busque una solución legal que permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad.

 

A juicio del CERMI, “el modelo de IRPF para fines de interés social se ha revelado muy útil en sus casi tres décadas de existencia, por lo que su supresión por cuestiones de formalismo competencial supondría una pérdida irreparable sin beneficio para nadie, y con grave perjuicio para los sectores sociales más expuestos a la exclusión”.

 

La tarea de incidencia del movimiento de la discapacidad perseguirá convencer a las fuerzas políticas y a los grupos parlamentarios para que adopten con urgencia decisiones legales que preserven a corto, a medio y a largo plazo el mantenimiento de este modelo de gestión social.

 

 

 

 

EL 81% DE EMPRESAS ESPAÑOLAS NO CUMPLE CON LA LEY DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN UN ESTUDIO

 

23/02/2016.- El Economista

 

País Vasco, Navarra y Murcia, entre las CC.AA. que registran las mayores tasas de contratación de personas con discapacidad

 

El 81% de las empresas españolas no cumple aún con la ley de inserción laboral de personas con discapacidad (LISMI) que establece una cuota mínima de un 2% de empleados con discapacidad para empresas de 50 o más empleados, según se desprende de un estudio realizado por la consultora Leialta sobre la inserción laboral de este colectivo.

 

"El grado de cumplimiento es bajísimo", alerta en una entrevista a Europa Press Javier Martínez Galiana, socio fundador de Leialta, al tiempo que reconoce no entender "porqué el porcentaje de empresas que no cumple con la ley es tan alto, cuando además la legislación contempla ventajas económicas para las empresas y la contratación de personas con discapacidad se enmarcaría en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que las empresa fomentan".

 

Por esta razón, añade, se amplió el alcance del estudio para detectar cuáles eran las razones por las que no contrataban a personas con discapacidad, siendo la razón principal el desconocimiento de la LISMI. "Es decir, no saben que tienen que tener al menos un 2% de la plantilla compuesta por personas con discapacidad cuando son más de 50 empleados en total", explica Martínez.

 

"Otras razones que desmotivan la contratación de personas con discapacidad, según las empresas consultadas, son: la falta de acceso a bases de datos específicas de personas con discapacidad, la dificultad de encontrar personas con discapacidades compatibles con el puesto de trabajo disponible, el coste de la adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad del trabajador y un teórico mayor absentismo de las personas con discapacidad", precisa.

 

El experto recuerda que la situación laboral del colectivo de personas con discapacidad "no puede definirse como buena cuando la tasa de desempleo es del 32,2%, según los últimos datos del INE", una cifra que supone que la tasa de paro es 7,8 veces superior al de las personas sin discapacidad.

 

Además, el 60% de ellos están dentro del colectivo de 'desempleados de larga duración', mientras que en el caso de las féminas, "las mujeres con certificado de discapacidad tienen menos presencia activa en el mercado laboral".

 

Asimismo, indica que la crisis ha agudizado esta situación, al duplicarse el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad hasta llegar a la situación actual, en la que sólo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad activa (25,7%). Además, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala una o más barreras para ser contratado, frente al 60% de las personas sin discapacidad, según Martínez.

 

En este sentido, respecto a los principales impedimentos con los que se encuentra este colectivo, se enumeran motivos relacionados con la salud o la enfermedad (para el 56,7%), la falta de oportunidades (para el 54%), la falta de cualificación o experiencia (en un 32,6%) y las limitaciones en las actividades básicas (en un 29,1%).

 

"Con estas cifras, casi uno de cada seis trabajadores con discapacidad pertenece al colectivo de trabajadores pobres, es decir, son trabajadores que residen en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza", detalla.

 

Por comunidades, las mayores tasas de actividad entre personas con discapacidad se encuentran en País Vasco (49%), Comunidad Foral de Navarra (45,8%) y Región de Murcia (44,8%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (52,4%). Por el contrario, están a la cola Galicia (26,6%), Asturias (26,8%), Andalucía (33,3%) y Canarias (33,8%).

 

Por sectores, Maartínez señala que la "inserción laboral natural" es a través de empresas que ofrecen lo que se conoce como 'facility services', es decir, servicios de limpieza, jardinería, secretaría, alimentación, etc.

 

PAPEL DE LOS CEE

 

Por todo ello, el experto subraya "el papel importante" que tienen los Centros Especiales de Empleo (CEE) "ya que son una herramienta prevista en la Ley para cumplir con la integración de personas con discapacidad, empresas cuyo objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado laboral".

 

"Los CEE suponen un trampolín para las personas con discapacidad porque les dota de capacidades para desenvolverse en la vida profesional y en sociedad y, por tanto, para su plena integración. Los CEE realizan una labor de selección, de formación, de preparación que obliga a la persona con discapacidad a acostumbrarse a una rutina, a responsabilizarse de su tarea etc", detalla.

 

Por último, explica que desde la consultora se quiere "mejorar el tejido productivo español, pero a la vez hacerlo más social y comprometido y mejorar la situación de las personas con discapacidad". "Si conseguimos que se formen más CEE, mejorará el empleo de las personas con discapacidad. Esto es importante porque sólo si se integran en el mundo laboral, podremos conseguir su verdadera integración en la sociedad", apostilla.

DISCAPACIDAD. EL DEFENSOR CONSTATA QUE SIGUEN SIENDO FRECUENTES LAS QUEJAS RELACIONADAS CON LA TRAMITACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

 

25/02/2016.- El Economista

 

El informe de la oficina del Defensor del Pueblo relativo a 2015 constata que las quejas de ciudadanos relacionadas con la obtención o renovación del certificado de discapacidad siguen siendo frecuentes, pese a que en su memoria anterior, la de 2014, este departamento recomendaba ya que se incrementaran los recursos para la tramitación de este documento, en respuesta a las numerosas protestas recibidas en este sentido.

 

En el Informe Anual 2015, presentado este jueves por la defensora, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se señala, concretamente, que siguen siendo frecuentes las reclamaciones relacionadas con la demora en la tramitación de los procedimientos de valoración inicial o revisión de la situación de discapacidad.

 

Relacionado también con el certificado de discapacidad, la oficina del Defensor del Pueblo pone de manifiesto que el instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) no ha avanzado en la agilización de la modificación de este documento, para adecuarlo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.

 

En concreto, el informe indica que ya en el del año pasado se dejaba constancia de la recomendación formulada al Imserso sobre la agilización de los trabajos de modificación del baremo de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad para adecuarlo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF/OMS-2001), respecto de la que no se han registrado avances.

 

La última memoria del Defensor evidencia también que el año pasado se registraron situaciones de discriminación hacia ciudadanos con discapacidad como la denegación de alojamiento a un grupo de personas con discapacidad intelectual en dos hoteles de un mismo grupo empresarial, situados en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

 

O la negativa a que una persona con discapacidad que utiliza silla de ruedas accediera al interior de un bien de interés cultural situado en Galicia, durante una visita turística.

 

En estas y otras actuaciones semejantes, indica la oficina dirigida por Becerril, se pone de manifiesto las dificultades existentes para objetivar en términos jurídicos y especialmente jurídico-penales o sancionatorios la mayor parte de las situaciones de discriminación.

 

Otras consideraciones relacionadas con las personas con discapacidad que hace el informe pasan por la recomendación de actualizar la guía de estilo para profesionales de los medios de comunicación, de 2006, que incluye medidas para la lucha contra los estereotipos.

 

Dado el tiempo transcurrido y la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual, que contempla unos requisitos para que el tratamiento de la imagen que se transmite de las personas con discapacidad sea ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva, se ha solicitado la actualización de la Guía para profesionales de los medios de comunicación del año 2006, indica el informe.

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