En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                       15/02/2016

ENERO 2016

Noticias del sector

MÁS DE 4.300 ORGANIZACIONES SE UNEN EN EL CONSEJO ESPAÑOL PARA LA DEFENSA DE LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA

 

14/01/2016.- El Economista

 

Más de 4.300 organizaciones se han unido en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) con el objetivo de defender de los derechos este colectivo en el ámbito educativo, asistencial y de empleo y ser el interlocutor con las administraciones, sindicatos, partidos políticos y con la sociedad en general.

 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

 

Así lo han indicado los representantes de este consejo, fundado por Escuelas Católicas, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), durante la presentación oficial en la sede del IMSERSO en Madrid.

 

El presidente de esta organización, Alberto Campabadal, ha señalado que se trata de una gran asociación de "personas, asociaciones y organizaciones que se unen para trabajar por y para las personas con discapacidad y con dependencia". Asimismo, ha subrayado los principales pilares sobre los que se sustenta el CEDDD son el mundo educativo, el trabajo protegido y la asociación de empresas de la dependencia.

 

Según ha explicado, hasta ahora, la mayoría de las organizaciones de las que forman parte el CEDDD no contaban con el "paraguas" de una entidad superior que les agrupara y representara. Asimismo, ha subrayado que existen otras entidades que dan a conocer su posición respecto a los temas relativos a la dependencia con la que las organizaciones que ahora componen el consejo no se sentían representadas.

 

"No habíamos dado nuestra voz y nuestro voto y la administración, sindicatos y la sociedad tenían un mensaje distorsionado", ha denunciado Campabadal, para añadir que, a partir de ahora, la posición de este consejo sobre los temas que se traten en el ámbito de la discapacidad y la dependencia será "muy clara".

 

Sobre la situación de los más de cuatro millones de perdonas con discapacidad, el presidente del CEDDD ha afirmado que esta asociación le va a pedir a la Administración que los presupuestos, que son "insuficientes y muy ajustados", caigan como "lluvia fina" sobre el colectivo de la discapacidad y la dependencia y se distribuyan de una forma "más justa".

 

"El mundo de la discapacidad y la dependencia va evolucionado y lo que antes era innovador ahora están caduco. Las personas quieren más esfuerzos, más prestaciones, que más personas trabajen por ellos, una oferta de calidad, menos costes. En definitiva, llegar con fórmulas nuevas a soluciones donde hasta ahora no se ha llegado", ha subrayado.

UN TOTAL DE 602.102 PERSONAS, EXENTAS DEL COPAGO FARMACÉUTICO

19/01/2016.- El Mundo

 

  • Sobre jubilados y discapacitados, Puig recordó que el Consell "mira primero por los que menos tienen"
  • El 32% de jubilados no inicia su tratamiento el 16 % lo abandona al no poder pagarlo

 

La derogación del copago farmacéutico para pensionistas y personas con discapacidad sigue su curso. Aunque la exención de pagar sus medicamentos ya se aplica a un número importante de personas desde el pasado 1 de enero, los acuerdos se rubricaron ayer entre el presidente del Consell, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, y la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas Ortoprotésicas, Mª Luisa Lacomba.

 

En total se firmaron tres convenios que articulan las subvenciones frente al copago referentes a la prestación farmacéutica y a la prestación ortoprotésica y que ya han beneficiado a 530.462 pensionistas -con rentas inferiores a 18.000 euros- y 71.640 personas con diversidad funcional se han beneficiado de las ayudas de la Generalitat al copago. En total, 602.102 personas se han acogido a este plan.

 

Sobre los beneficiados, el presidente de la Generaltiat, Ximo Puig, subrayó «la voluntad de colaboración y cooperación» entre el Consell y las entidades farmacéuticas y ortoprotésicas porque «la prioridad de este gobierno son las personas y garantizar la igualdad ante la enfermedad».

 

Puig recordó que la Generalitat «mira primero por los que menos tienen», y la decisión de eliminar el copago se tomó «porque desde el Consell se antepone el interés general de las personas a otros intereses».

 

Para este fin la Administración valenciana ha destinado más de 41 millones de euros a las subvenciones que recogen los convenios y se beneficiarán más de un millón de personas de manera sencilla, con tan sólo acudir a la farmacia con la tarjeta SIP. Puig refirió al presupuesto destinado a esta acción del gobierno como una prioridad.

 

Montón recordó que el 32% de los jubilados, con el copago en marcha, no iniciaba su tratamiento y un 16% lo abandonaba al no poder pagarlo. «En estos momentos, la Comunitat Valenciana es vanguardista en la recuperación de derechos», destacó la consellera.

 

La Generalitat ha habilitado dos líneas presupuestarias de 35 millones y 6.630.240 euros para subvencionar el copago de medicamentos y material ortoprotésico.

 

Las personas con derecho a esta supresión del copago no necesitan realizan ninguna gestión sino únicamente ir a la farmacia con el SIP, ya que los establecimientos saben si son beneficiarios tras el trabajo de integrar bases de datos y el sistema informático. En este sentido, tanto Puig como Montón han agradecido el trabajo conjunto y colaboración de los colegios oficiales de farmacéuticos y la Asociación de Empresarios de la Comunidad Valenciana de Ortopedia para poder llevar a cabo esta medida

LAS ADMINISTRACIONES INVIERTEN UN 13% MENOS EN SERVICIOS SOCIALES EN 4 AÑOS

 

29/12/2015.- El País

 

  • Los mayores descensos desde 2012 hasta 2015 han sido los de Galicia, Murcia y Aragón

 

Casi 11.000 millones de euros menos han gastado las administraciones estatal, autonómicas y municipales en servicios sociales en la pasada legislatura (de 2012 a 2015, ambos incluidos), según el estudio que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves. Y el cálculo es conservador, ya que lo que se ha medido es la diferencia entre lo que se gastó durante esos cuatro años y el monto que se habría destinado si se hubieran mantenido las partidas de 2011, cuando lo normal hubiera sido que aumentaran. En ese periodo, de haberse mantenido el gasto, este hubiera sido de unos 82.000 millones de euros en los cuatro años. El recorte supone, por tanto, el 13% del total, que se divide entre el Estado (2.200 millones), las comunidades autónomas (4.900 millones) y los Ayuntamientos (3.700 millones).

 

La asociación no mide solo el dinero. Desde 2102 elabora, además, un índice DEC (derechos, economía y cobertura) con 26 indicadores. En el apartado de derechos, por ejemplo, se evalúa si hay un catálogo de prestaciones o una ley que recoja los derechos de los ciudadanos. En el económico se mide el gasto por población o qué proporción representa respecto al presupuesto total de la comunidad. Y en el de cobertura, el más amplio, hay apartados como el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben teleasistencia, las plazas públicas en residencias de mayores o el importe y extensión de las rentas mínimas de inserción. Una comunidad que tuviera todo perfecto según el baremo de la asociación tendría un 10. De esta nota, el 15% depende del primer apartado (derechos); el 35%, del de economía; y el 55% restante, del de cobertura, según ha explicado Gustavo García, coordinador del informe.

 

De acuerdo con este índice, solo seis comunidades (País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Cantabria) aprueban. Las peores son la Comunidad Valenciana (1,05 puntos, que equivale a prácticamente no hacer nada, dijo Ramírez), Murcia (2,35) y Canarias (2,4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España, como conjunto, no ha aprobado ninguno de los cuatro años que se han medido. La mejor nota la sacó en 2013 (4,91) y en 2015 ha llegado a su mínimo (4,54). Entre los Gobiernos autónomos, los tres donde el índice bajó más en el último año son Cataluña (1,35 puntos), Asturias (0,95) y Aragón (0,85). Por el contrario, los que más subieron fueron Andalucía (0,65), Extremadura y el País Vasco (0,55).

 

Si se toman los cuatro años de la legislatura, los mayores descensos desde 2012 hasta 2015 han sido los de Galicia (2,5 puntos), Murcia (1,25) y Aragón (1,15). Los mayores avances, de Madrid (1,30), el País Vasco (1,25) y Baleares (0,95).

 

Ocho millones de personas

 

"Los sistemas sociales se han debilitado en plena crisis, cuando más se necesitaban", ha dicho José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Según sus cuentas, hasta ocho millones de personas están en situación de recibir algún tipo de ayuda en este sentido. Esta es la primera de las conclusiones del informe presentado a partir de los datos del índice DEC.

 

La aportación de los Ayuntamientos está amenazada por la ley de reforma local

 

Otras son "la extraordinaria disparidad entre comunidades en temas básico", ha dicho Ramírez. Por ejemplo, "el 10,65% de la población potencialmente dependiente —mayores de 65 años o personas con discapacidad— de Andalucía recibe algún tipo de atención del sistema de dependencia, frente al 3,62% en Canarias", señaló Luis Barriga, encargado de la parte económica del informe. Prácticamente cada tabla es un ejemplo. En Navarra hay 5,1 plazas residenciales por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 32%; en la Comunidad Valenciana son 0,72; el País Vasco invirtió 611 euros por habitante en servicios sociales en 2014; la Comunidad Valenciana, 204.

 

Además, todavía el 26,7% del gasto lo realizan las entidades locales, y este esfuerzo está amenazado por la ley de reforma de las competencias y gasto de los municipios, ha dicho Barriga.

 

La asociación cree que la nueva composición del Congreso de los Diputados hace más factible una de sus viejas recomendaciones: un pacto de Estado para salvaguardar los servicios sociales. García ha señalado que casi todos los partidos políticos (menos el PP) llevaban en sus programas propuestas de proteger ciertos derechos en la Constitución. También para otra de sus reivindicaciones: una renta mínima garantizada. La tarde del jueves se veían con los grupos parlamentarios (menos el del PP, que no les ha querido recibir) para exponerles sus necesidades.

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