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DICIEMBRE 2020

Noticias del sector

LA DIPUTACIÓN ELEVA LOS CONTRATOS QUE EMPLEAN A DISCAPACITADOS O EN EXCLUSIÓN

 

02-12-2020.- La Vanguardia

 

La Diputación de Alicante ha situado en un 7 por ciento el porcentaje mínimo de reserva en los procedimientos de adjudicación de algunos contratos a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, lo que favorecerá a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

 

Según un comunicado de la institución provincial alicantina, se trata del porcentaje más elevado de la Comunitat Valenciana.

 

Se trata de una de las medidas aprobadas hoy por el pleno de la Diputación de Alicante que, en palabras del responsable del área, Juan de Dios Navarro, convierte a esta administración en "pionera no sólo en la Comunitat Valenciana, ya que el porcentaje fijado supera en un 3% lo que recomienda la Ley de Contratos del Sector Público".

 

En este sentido, ha recordado que la Generalitat Valenciana tiene establecido un 3 por ciento frente al 7 aprobado por la institución alicantina.

 

"Hoy es un día histórico porque este acuerdo va a tener un impacto muy positivo, dando voz a un sector que realiza una gran labor por la integración social y laboral de los colectivos más vulnerables", ha indicado Navarro, que minutos antes del pleno se ha reunido, junto al presidente de la institución, Carlos Mazón, del PP, con representantes de las empresas de inserción social y los centros especiales de empleo de la provincia de Alicante.

 

Durante el encuentro se ha presentado la guía elaborada por la Diputación para orientar a las entidades del tercer sector y a los ayuntamientos en el proceso de la contratación pública, animándoles a aplicar criterios sociales en sus procesos licitadores.

 

Celebrado de forma telemática, el pleno ha dado el visto bueno a cuatro convocatorias de ayudas dotadas con 3.150.000 euros y dirigidas a ayuntamientos y entidades de riego para impulsar la mejora y ejecución de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y abastecimiento e instalaciones y otras inversiones que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío.

 

En el apartado de mociones ha salido adelante una propuesta conjunta impulsada por el PP y Ciudadanos en la que se muestra el rechazo a la nueva ley educativa conocida como 'ley Celaá' por considerarla "un ataque frontal a la democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas más modernos e innovadores".

 

Por otra parte, todos los grupos de la corporación han respaldado una moción del PSPV-PSOE para combatir el acoso escolar en todas sus formas.

 

El pleno ha rechazado una moción presentada por Compromís a cuenta de la celebración de un acto organizado por el PP en IFA en el año 2009 y que estaría pendiente de cobro.

 

Los grupos popular y Cs han presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta defendida por Gerard Fullana en la que reprobaba esta cuestión y exigía el pago de la deuda, además de toda la documentación relativa a la cena y la requerida por el Síndic de Greuges sobre la contabilidad del grupo popular en la misma época.

 

El diputado popular, Juan Francisco Pérez Llorca, ha recordado que "ningún órgano -Fiscalía y Agencia Valenciana Antifraude- ha atribuido conducta dolosa, y por tanto subsumible en ilícito legal, la no facturación de la cena mitin, atribuyendo a un error técnico o administrativo de IFA".

 

Asimismo, ha avanzado que tras el archivo de la causa, el PP y la institución ferial han llegado a un acuerdo con procedimiento monitorio, como única vía legal, para hacer frente al pago.

 

El orden del día del pleno se ha cerrado con la votación de una moción presentada por el grupo socialista para instar al Gobierno de España a que permita a la administración local poder agilizar los trámites de las ayudas para paliar las consecuencias de la covid-19.

 

El texto original ha sido enmendado parcialmente por PP y Cs, aprobándose con estos cambios finalmente, con la abstención de PSPV-PSOE y Compromís. EFE ams

RECONOCIMIENTO DE DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

 

Supercuidadores

 

¿Conoces las claves para solicitar el grado de discapacidad en la Comunidad Valenciana? Desde SUPERCUIDADORES te lo explicamos paso a paso para que no tengas ninguna duda.

 

 Diversidad Funcional es el nuevo término que sustituye a discapacidad, con el objetivo de superar las definiciones en negativo. Propone una visión positiva de la discapacidad hablando de “diferentes capacidades”. La diversidad funcional es “la diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales (desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse…) de manera diferente a la mayoría de la población” (Foro de Vida Independiente 2005).

 

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El certificado de discapacidad es un documento público y oficial que se otorga a toda persona que lo solicite y que tenga una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental.  El procedimiento para el reconocimiento, declaración y certificación del grado de discapacidad, está regulado mediante el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Esta norma tiene por finalidad que la valoración y alegación del grado de discapacidad que afecte a las personas sea uniforme, garantizando así la igualdad de condiciones para el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorguen.

 

El grado de discapacidad se expresará en porcentaje y la discapacidad se reconoce a partir de un grado del 33%.

 

Plazo de solicitud

Indefinido.

 

Requisitos

Para solicitar el reconocimiento inicial y la adquisición

 

  1. Ser español o extranjero residente legalmente en España y que esté empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana.
  2. Padecer una discapacidad física, sensorial o mental.

 

Para solicitar la revisión

 

  1. Tener reconocido el grado de discapacidad.

 

Para solicitar la certificación del grado de discapacidad reconocido

 

  1. Tener reconocido el grado de discapacidad.
  2. En el caso de estar reconocido en otra Comunidad Autónoma, es requisito previo solicitar el traslado del expediente a la Comunidad Autónoma de Valencia.

 

Documentación a aportar por primera vez

  1. Solicitud (descargar solicitud).
  2. La Comunidad Valenciana consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta:
    1. Documento nacional de identidad del interesado y, en su caso, de su representante legal o guardador de hecho. En el caso de extranjeros, documento válido en España que acredite su identidad.
    2. Certificado o volante de empadronamiento del solicitante.
    3. Fotocopia de todos los informes médicos y psicológicos actualizados, que acrediten las diversidades alegadas tras la aplicación de las medidas terapéuticas.
    4. Informe de los servicios sociales sobre situación familiar, económica, laboral, cultural y de entorno.
  3. Importante: junto a las fotocopias, deben aportar los documentos originales para su compulsa.

 

Documentación en caso de revisión por agravamiento/mejoría o por finalización de plazo de validez

  1. Solicitud (descargar solicitud).
  2. La Comunidad Valenciana consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta:
    1. Documento nacional de identidad del interesado y, en su caso, de su representante legal o guardador de hecho. En el caso de extranjeros, documento válido en España que acredite su identidad.
    2. Certificado o volante de empadronamiento del solicitante.
    3. Fotocopia de todos los informes médicos y psicológicos actualizados, que acrediten dicho agravamiento.
    4. Informe de los servicios sociales sobre situación familiar, económica, laboral, cultural y de entorno.
    5. Resolución o certificado de la Gran Invalidez.
    6. Resolución o certificado de reconocimiento de grado de discapacidad emitido en otra provincia o comunidad autónoma.
  1. Importante: junto a las fotocopias, deben aportar los documentos originales para su compulsa.

 

Dónde se puede presentar la solicitud del grado de discapacidad

  1. Centro de Evaluación de Personas con Diversidad Funcional – Alicante
    C/ Fernando Madroñal, 52, 03007.                    Teléfono: 965 938 789.
  2. Centro de Evaluación de Personas con Diversidad Funcional – Castellón.
     Avda. Hermanos Bou, 81, 12003.                       Teléfono: 964 726 200.
  3. Centro de Evaluación de Personas con Diversidad Funcional – Valencia.
    C/ San José de Calasanz, 30, 46008.                  Teléfono: 963 989 550.
  4. Centro de Evaluación de Personas con Diversidad Funcional, Velluters – Valencia.
    C/ Arolas, 1, 46001.                                          Teléfono: 963 868 810.
  5. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
  6. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
  7. En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero.
  8. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

 

Tramitación

  1. Presentación de la solicitud y documentación requerida.
  2. Los centros de valoración y orientación de personas con diversidad funcional de las direcciones territoriales de Bienestar Social serán competentes para la instrucción de los procedimientos y realizarán de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben dictar la resolución.
  3. La instrucción del procedimiento para la valoración y alegación de las situaciones de discapacidad en orden al reconocimiento de grado, requerirá de los siguientes actos e informes preceptivos:

 

3.1. Citación para reconocimiento: recibida en forma la solicitud, el centro de valoración y orientación de personas con diversidad funcional notificará al interesado, el día, la hora y la dirección en que haya de realizarse los reconocimientos y pruebas pertinentes.

 

En el supuesto de incomparecencia no justificada debidamente, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

3.2. Reconocimiento: para la formulación de sus dictámenes el equipo de valoración de personas con diversidad funcional podrá recabar cuantas informaciones, reconocimientos o pruebas juzgue necesarias. Asimismo, podrá solicitar informes de otros profesionales del propio centro de valoración y orientación o de servicios ajenos.

 

Cuando las especiales circunstancias de los interesados así lo aconsejen, los equipos de valoración podrán formular su dictamen en virtud de los informes médicos, psicológicos o, en su caso, sociales emitidos por los profesionales autorizados.

 

3.3 Emisión de dictamen técnico: efectuadas las pruebas, reconocimientos e informes pertinentes, por el equipo de valoración de discapacidad se procederá a emitir dictamen técnico-facultativo, que será elevado, por el director/a del centro de valoración y orientación de diversidad funcional, al titular de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas correspondiente.

 

4. El personal al servicio de la administración pública que, por razón de sus funciones, conozca cualquier tipo de datos respecto del historial clínico y social de los interesados o parte del mismo, está obligado a mantener la confidencialidad del mismo.

 

5. Resolución: el titular de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, basándose en los dictámenes técnicos facultativos, dictará resolución expresa sobre el reconocimiento del grado, así como la puntuación obtenida en el baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad, si procede.

 

 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, computándose a partir de la fecha de la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

 

El vencimiento del plazo mencionado sin haberse notificado resolución expresa determinara la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo, a los efectos de interponer la correspondiente reclamación administrativa previa.

 

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencia.

 

El reconocimiento del grado de discapacidad se entenderá producido en la fecha de la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros y lugares contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

En todas las resoluciones en que se reconozca un determinado grado de discapacidad se hará constar, en su caso, el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del mismo por agravamiento o mejoría.

 

Quién resuelve la solicitud del grado de discapacidad

En la Comunidad Autónoma de Valencia es el titular de la Dirección Territorial de Igualad y Políticas Inclusivas quien resuelve la solicitud.

 

Qué hacer en caso de no estar de acuerdo con el reconocimiento de grado de discapacidad

Contra las resoluciones que recaigan sobre reconocimiento de grado de discapacidad, los interesados podrán interponer, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con lo establecido en el artículo 2/1995, de 7 de abril.

 

La reclamación previa a la vía jurisdiccional social se podrá interponer en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución que haya recaído y deberá ser dirigida al Director Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas.

 

Más información sobre Diversidad Funcional

- En el teléfono 012 // 900 100 880.

 

- En los servicios centrales y territoriales.

 

- En la página web del Gobierno Valenciano.

EL PP CRITICA QUE EL CONSELL RESTE 1,2 MILLONES EN SERVICIOS SOCIALES

 

25-12-2020.- Las provincias

 

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá lamenta que el president de la Generalitat, Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra, hayan quitado del presupuesto de la Generalitat 1,2 millones de euros que estaban previstos destinarlos a Valencia para financiar servicios sociales.

 

«De su puño y letra, Compromís, PSPV y Podemos en Les Corts han quitado, vía enmienda, 1,2 millones de euros para financiar programas y servicios sociales. Es impresentable que con la que está cayendo, con las listas de espera creciendo, den un hachazo a un dinero que esta ciudad necesita urgentemente», subraya.

 

La enmienda elimina 1.240.000 euros de los 2.288.180 previstos para el Ayuntamiento para financiar programas como los de servicios de infancia y adolescencia, de violencia de género, de atención a personas con discapacidad o de personas con problemas crónicos de salud mental.

 

Por otra parte, la portavoz del PP desvela que, según respuesta oficial del Ayuntamiento de Valencia de la semana pasada, Oltra aún no ha abonado nada de los 12 millones que debe a la ciudad para financiar servicios sociales, como centros de atención social para personas con discapacidad, centros de día o residencias. «Y lamentablemente, Ribó no dice nada», critica Catalá.

 

La portavoz popular destaca que «está más que constatado el fracaso de la izquierda en la gestión de los servicios sociales ya que a fecha de 21 de diciembre hay más de 8.800 expedientes de valoración de dependencia y de Renta Valenciana de Inclusión bloqueados y en espera».

EL PP DENUNCIA EL CIERRE DEL CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALICANTE "SIN PLAN B"

 

27-12-2020.- El Periodico de Aquí

 

  • La portavoz de Política Social de Grupo Parlamentario Popular, Elena Bastidas, ha asegurado que este ha sido el "regalo" de Mónica Oltra a 60 familias de Alicante

 

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha denunciado el cierre del centro de discapacitados de Alicante "sin un plan B" y ha exigido una alternativa a los 60 usuarios y familias del mismo.

 

La portavoz de Política Social de Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastidas, ha asegurado que este ha sido el "regalo" de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a 60 familias de Alicante con un miembro con discapacidad intelectual.

 

En un comunicado, Bastidas ha señalado que espera que a Oltra "le toque el Espíritu de la Navidad y plantee una alternativa urgente para estas 60 familias".

 

Bastidas se ha referido así al cierre "indiscriminado" del Centro de Día CAMP Santa Faz, que cerró sus puertas con el inicio de la pandemia "y desde entonces todo el mundo se ha desentendido de sus usuarios".

 

"Ha faltado coordinación, un plan de actuación, ha faltado previsión, ha faltado alternativa y mucho corazón", ha indicado.Ha señalado que a estas alturas, "bien podría la vicepresidenta haberles buscado otro local, o haber puesto en marcha protocolos para poder atenderlos. Cualquier cosa mejor que desatenderlos", ha señalado.

 

Al respecto, ha recordado que el Centro de Día ha estado cerrado desde el 16 de marzo 2020 y apenas ha abierto 40 días.

 

"Ha sido el último centro de la provincia en iniciar sus actividades, ya que el resto de Centros de Día abrieron sus puertas con el fin del Estado de Alarma".

 

Por todo ello, ha señalado que Oltra "ha tenido tiempo de sobra para elaborar junto con Salud Pública un Plan de Prevención y Contención como el resto de los centros de trabajo, centros educativos y demás entidades de la Comunitat".

 

"Dan un servicio de vital importancia al sector de la población más desfavorecido, el de la discapacidad intelectual severa y a sus familias", ha concluido.

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