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DICIEMBRE 2018

Noticias del sector

HIPERMOTIVADOS PARA TRABAJAR Y SIN EMPLEO

 

02-12-2018.- Levante

 

  • La plena inclusión laboral de las personas con discapacidad no se alcanzará hasta el año 2249, según publica un estudio

 

Hace 26 años, Naciones Unidas declaraba el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo: promover los derechos y el bienestar de este colectivo. Y aunque es cierto que se ha avanzado mucho, también lo es que hay algunas asignaturas pendientes. Entre ellas, la inclusión laboral.

 

Y precisamente en este aspecto, la sociedad suspende por mucho. Según un reciente informe, la plena integración de las personas con discapacidad no se producirá hasta el año 2249. Los datos del estudio de la Fundación Adecco muestran que solo un 35 % de los aquejados en edad laboral participa en el mercado laboral, frente al 78 % en personas sin discapacidad.

 

«Cada vez que logramos la colocación de una persona con discapacidad lo celebramos a lo grande», explican desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe), que cuenta con sus propios centros de empleo. «Es muy complicado», aseguran. Además, se da la circunstancia de que los puestos de trabajo que se ofertan dejan bastante que desear: «son precarios, de baja cualificación y temporales», describen.

 

Actualmente en la Comunitat Valenciana hay 159.100 personas de entre 16 y 64 años que cuentan con un certificado de discapacidad, según la Fundación ONCE. De ellos, 15.944 son demandantes de empleo inscritos en el servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

 

Las razones por las que la colocación de este colectivo es difícil son varias. Desde los bajos niveles de estudios -aunque cada vez más aumentan las matriculaciones en formaciones superiores- que en ocasiones viene determinada por la propia naturaleza de la discapacidad que se padece, pasando por los prejuicios o desconocimiento de las empresas («algunos empresarios no saben que contratar a una persona con discapacidad tiene ventajas», dicen en Cocemfe), hasta los problemas de accesibilidad que se encuentran tanto en los propios edificios de las compañías como en los medios de transporte.

 

«Lo que tampoco saben muchos responsables de contratación es que una persona con discapacidad está hipermotivada en el trabajo», manifiestan desde la confederación. Estos trabajadores «se esfuerzan al máximo, dando un extra, para mantener su contrato».

 

Para salvar los obstáculos con los que se encuentran los demandantes de empleo las líneas de actuación deberían atacar en diferentes dimensiones. La primera intervención se dirigiría a la sensibilización del empresariado. «Hay que acabar con las ideas preconcebidas que son erróneas, como que una persona con diversidad funcional va a ausentarse más por problemas médicos. No es cierto», afirman.

 

Otra de las propuestas es que hayan más inspecciones en las empresas de más de 50 trabajadores, que están obligadas a tener al menos un 2 % de contratos de personas con discapacidad. «Pero debemos ser realistas, hay trabajos que son de difícil cobertura», como alternativa proponen que estas entidades hagan donaciones a asociaciones que se dediquen a la inclusión laboral de estas personas.Hallar nuevos yacimientos de empleo es otra de las claves que mejorarían la empleabilidad. «Los trabajos con ordenador ofrecen muchas posibilidades».

Hacer compatibles las pensiones con un contrato a media jornada y un plan autonómico específico son otras ideas para una mejor inclusión laboral.

EL CERMI SALUDA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE “VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LA TERMINOLOGÍA”

 

07-12-2018.- Servimedia

 

  • El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha saludado la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que aprobará previsiblemente este viernes el Gobierno en Consejo de Ministros, que "inscribe a las personas con discapacidad en un enfoque exigente de derechos" y que "transciende con mucho el mero cambio terminológico".

 

Con esta decisión del Gobierno, que converge con los trabajos preparatorios llevados a cabo en este mismo sentido por los grupos parlamentarios en el seno de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, comienza un proceso de modificación constitucional que dotará de un contenido complemente renovado al artículo 49 de la Carta Magna, dedicado a las personas con discapacidad.

 

Según indicó el Cermi en una nota, la reforma aborda el cambio de terminología, consagrando constitucionalmente la expresión “personas con discapacidad”, como "corresponde según los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España, y tal y como venía reclamando la representación abrumadora de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad".

 

Pero, en opinión del Cermi, esta reforma “va mucho más allá”, pues el nuevo artículo tendrá una redacción completamente nueva, acorde con el modelo social y de derechos de entender la discapacidad.

 

A juicio del Cermi, entidad que ha sido escuchada en los trabajos de confección de la iniciativa por medio de consultas y diálogo intenso con el Parlamento y el Ejecutivo, la propuesta del Gobierno, que ahora pasa a dictamen del Consejo de Estado, “es un muy buen punto de partida, globalmente positivo, aunque en el proceso que ahora comienza queda recorrido de mejora, con matizaciones y ampliaciones de redacción”.

 

El Cermi espera que la propuesta de modificación, en los trámites que quedan, siga contando con un amplio respaldo político y social y a la vuelta de unos meses pueda verse culminada, "siendo la avanzadilla de la necesaria y más profunda reforma social que necesita la Constitución, 40 años después de su aprobación".

 

DESAPARECE "DISMINUIDOS"

 

El Gobierno de España tiene previsto aprobar este viernes, al día siguiente del 40º aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, una reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el término "disminuidos" y sustituirlo por "personas con discapacidad", como lleva años reclamando el sector en defensa de un trato digno a este colectivo. Además, reconocerá la "igualdad real y efectiva" de este colectivo y obligará a los poderes públicos a "garantizar una vida participativa, autónoma e independiente" de estas personas.

 

Fuentes gubernamentales y parlamentarias confirmaron a Servimedia que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará un proyecto de ley para iniciar el procedimiento de reforma de la Constitución en su artículo 49, al considerar que utiliza un lenguaje obsoleto y discriminatorio hacia las personas con discapacidad.

 

El artículo 49, tal y como se aprobó hace cuatro décadas, establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

 

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, tomó a principios de otoño la decisión de reformar este artículo para adaptarlo a la realidad actual y recoger el sentimiento de las personas con discapacidad.

 

Esta decisión coincidió con la demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en representación del sector y con una campaña de recogida de firmas en Change.org puesta en marcha por la periodista Vicky Bendito con el lema "Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución".

 

LA SOCIEDAD HA EVOLUCIONADO

 

Bendito, que durante años ha trabajado en la agencia de noticias Servimedia como corresponsal parlamentaria y de tribunales, ha promovido esta campaña al considerar que "la sociedad española ha evolucionado a la hora de aceptar a las personas con discapacidad y sus problemas" y, en consecuencia, "no es comprensible que habiendo firmado y ratificado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, España se refiera a nosotros en su Carta Magna con un término como ‘disminuido’".

 

Cuando la vicepresidenta, Carmen Calvo, tomó la decisión de afrontar esta reforma de la Constitución, encargó a los integrantes de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso que intentaran alcanzar un consenso para modificar el texto del artículo 49.

 

Los miembros de la Mesa y los portavoces de la Comisión han trabajado con discreción durante las últimas semanas para buscar ese acuerdo y lo cerraron la semana pasada en dos encuentros no oficiales celebrados el martes y el miércoles en el Congreso de los Diputados.

 

Allí pactaron que el término "disminuidos" que es objeto de la polémica desaparezca y sea sustituido por "personas con discapacidad". Pero también se pusieron de acuerdo de manera unánime en que la reforma del artículo 49 de la Constitución vaya mucho más allá para cambiar la redacción completa con un objetivo más profundo.

 

Las fuentes consultadas explicaron a Servimedia que la intención es transformar el "espíritu" del propio artículo para sustituir una "visión asistencial" de la sociedad hacia las personas con discapacidad por el concepto de "autonomía personal", dando por hecho que son ciudadanos igual que los demás y con plenos derechos que el artículo 49 reconocerá expresamente para la inclusión laboral, la accesibilidad y una vida autónoma.

 

NUEVA REDACCIÓN

 

El nuevo texto, al que ha tenido acceso Servimedia y que ha consensuado la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, reconoce y amplía los derechos de las personas con discapacidad con cuatro puntos.

 

"Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación", afirma en primer lugar. "Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad", prosigue.

 

"Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes", añade. "Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos", concluye en alusión a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006 por Naciones Unidas.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NECESITA DE UN REFUERZO DE LA CONSTITUCIÓN

SEGÚN MANIFESTARON LOS EXPERTOS REUNIDOS EN EL FORO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN AEQUITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

 

16-12-2018.- Confilegal

 

Proteger a los más vulnerables desde una Constitución que garantice sus derechos fundamentales, esa ha sido la principal conclusión del  Foro 40 Aniversario de la Constitución Española. Protección e igualdad de la persona, organizado por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Esta jornada de debates contó con la participación de cargos públicos, magistrados, fiscales, notarios, representantes institucionales y miembros del movimiento asociativo.

 

La jornada se estructuró en cuatro mesas redondas que abordaron la protección e igualdad de cuatro colectivos vulnerables (personas con discapacidad, mayores, mujeres e infancia), sus ámbitos de actuación, logros y cuestiones pendientes.

 

El Foro fue inaugurado por Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado; Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Miguel Rodríguez-Piñero, consejero permanente y presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de la Mutualidad General Judicial (estos tres últimos también patronos de Aequitas).

 

José Ángel Martínez Sanchiz, destacó la labor que ha realizado la ‘ONG del Notariado’ en el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Constitución relacionados con la protección de los sectores más desfavorecidos.

 

“La Fundación Aequitas quiere contribuir al ideario de la Carta Magna vehiculando la actuación de los notarios, acostumbrados a dar respuesta a las necesidades jurídicas de personas con discapacidad, mayores, mujeres y niños. La labor de nuestra Fundación ha sido esencial en esta protección jurídica, que responde a una exigencia de Justicia y Equidad”, dijo.

 

  • Personas con discapacidad
  • Trabajar desde la igualdad
  • Frenar la vulnerabilidad de niños con discapacidad

 

Personas con discapacidad

La protección e igualdad de las personas con discapacidad en La Constitución: ámbitos de actuación, logros y cuestiones pendientes fue el tema elegido para la primera mesa redonda.

 

Con el diputado Francisco Vañó -patrono de la Fundación Aequitas- como moderador y el notario Manuel Seda, como ponente, esta mesa contó con las intervenciones de Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del Consejo General del Poder Judicial; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de Aequitas.

 

Para el notario Manuel Seda, “a pesar del camino recorrido en la protección de las personas con discapacidad, es evidente que aún queda mucho por hacer. Quedan numerosas tareas y medidas concretas por adoptar, a fin de remediar cuestiones como la privación del derecho de sufragio a personas con discapacidad”.

 

Junto a esas cuestiones también están pendientes de resolver para Seda“ el espinoso tema del internamiento en instituciones al margen de la voluntad del internado, los menores discapaces obligados a asistir a escuelas especiales, la asignación de vivienda familiar, la pensión alimenticia, el régimen de guarda y custodia de hijos con padre o madre discapacitado, la esterilización de personas discapacitadas, y un largo etcétera”.

 

Los siguientes paneles de debates tuvieron similar estructura. En el segundo -dedicado a las personas mayores- participaron José Luis Seoane, presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña; Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo; José María Paz, fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo -moderador-  y el notario Jorge Díaz -ponente-.

 

Jorge Díaz Cadórniga destacó la diferente situación de las personas mayores en comparación con 1978, año de la aprobación de La Constitución.

 

“Las mejoras en el ámbito sanitario y socio-económico han hecho posible mejorar la calidad de vida de este colectivo, por lo que el número de personas en este rango de edad se ha incrementado exponencialmente. Esta situación obliga a potenciar nuevas figuras que garanticen su suficiencia jurídica -tutela, curatela, poderes preventivos- y sanitaria. A las prestaciones sociales y asistenciales y pensiones existentes se deberían sumar, y en algunos casos dotar de mayor seguridad jurídica, ciertos mecanismos de autodeterminación económica y financiera, tales como el seguro de dependencia, la renta vitalicia, la hipoteca inversa o el contrato de alimentos”, afirmó.

 

Trabajar desde la igualdad

Por su parte, el  director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, moderó la mesa relacionada con las mujeres.

 

El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pascual Ortuño, pronunció la ponencia principal, que contó con las aportaciones de Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y Pilar LLop, delegada del Gobierno para la violencia de género.

 

Para el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido,nos falta cierta “perspectiva histórica para reconocer todo lo que ha aportado La Constitución a nuestra sociedad. Ha habido un gran desarrollo de los españoles gracias al reconocimiento de sus derechos en la Carta Magna, aunque la igualdad no es todo lo efectiva que pudiera ser: por ejemplo, desde 2003 el cómputo es de 967 víctimas de violencia de género, 43 sólo en este año. Es un ejemplo claro de desigualdad por razón del sexo, a pesar de la igualdad teórica. Toca trabajar en la efectividad plena de la idea de la igualdad de una manera multidisciplinar”.

 

Junto a la violencia de género, el magistrado Pascual Ortuño,señaló otros retos pendientes para lograr la plena igualdad entre sexos, como “la brecha salarial en el mundo del trabajo y la discriminación de la mujer por razón de pertenencia a clases sociales más desfavorecidas” o “la trata de personas que es un gran problema, ante el que la hipocresía social tiene cerrado los ojos “.

 

Frenar la vulnerabilidad de niños con discapacidad

La primera mesa de la sesión de tarde se centró en la problemática de la infancia. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, fue el moderador; Consuelo Madrigal, fiscal del Tribunal Supremo y patrona de Aequitas, la ponente; los otros dos miembros que cerraron el panel fueron Jorge Prades, notario y presidente de la Asociación Familias para la Acogida y Marta Kindelán, técnica jefe del área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo.

 

Consuelo Madrigal centró el tema de debate en los niños con discapacidad. “Lamentablemente, los niños con discapacidad son más vulnerables -se calcula que cinco veces más- a todos los tipos de abuso, mental, físico o sexual en cualquier entorno, incluidas las familias, las escuelas, las instituciones privadas y públicas, el ámbito laboral y la comunidad en general”.

 

La mejora del acogimiento residencial, la normalización de la imagen de los niños con discapacidad en los medios de comunicación -evitando enfoques caritativos, victimistas o discriminatorios- y la aplicación plena de su derecho a la enseñanza obligatoria y a la educación inclusiva (“se deben presentar recursos contra las decisiones administrativas de escolarización en centro especial”) fueron algunos de los retos pendientes señalados por la que fuera Fiscal General del Estado.

 

Esta intensa jornada fue  clausurada por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, junto a José Marqueño -presidente de la Unión Internacional del Notariado- y José Ángel Martínez Sanchiz-presidente del Consejo General del Notariado-.

 

González Rivas, en su turno de palabra, manifestó que la dignidad preconizada en la Constitución y plasmada en su artículo 10, “se proyecta en la igualdad, el honor, la libertad personal, en la tutela judicial…” de colectivos como personas con discapacidad, mayores, infancia o mujeres.

 

El presidente del Constitucional  demandó la “acción positiva de los poderes públicos, que deben remover los obstáculos que impiden el libre ejercicio de los Derechos Fundamentales”.

LA GENERALITAT VALENCIANA ADAPTA LA LEGISLACIÓN NACIONAL RELATIVA A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

 

17-12-2018.- RHPress

 

Redacción. El Gobierno de la Generalitat Valenciana acaba de aprobar un decreto que regula la calificación e inscripción de los Centros Especiales de Empleo en la Comunidad Valenciana.

 

Los Centros Especiales de Empleo son entidades cuya finalidad es proporcionar a las personas con discapacidad o diversidad funcional la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado de trabajo.

 

Con este decreto, el Gobierno regional se adapta a la legislación nacional e incide en las obligaciones de los Centros Especiales de Empleo. De esta manera, según el decreto, la plantilla de los CEE estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70% de aquella.

 

Asi mismo, se han actualizado las obligaciones de los CEE calificados, que deberán de prestar a todo el personal con diversidad funcional los servicios de ajuste personal y social que requiera su tipo y grado de diversidad funcional, mediante atención individualizada de todas las personas trabajadoras con diversidad funcional que deben ser evaluadas individualmente de forma periódica y desarrollar itinerarios individualizados de inserción y orientación sociolaboral.

 

Para ello, los CEE deben de tener contratado en plantilla personal técnico y de apoyo con la formación, titulación y experiencia necesarias para realizar sus funciones y tienen que facilitar los servicios y apoyos necesarios para la incorporación al mercado ordinario de trabajo del personal con diversidad funcional.

 

Por otro lado, este decreto regula las causas y el procedimiento para la pérdida de la calificación como centro especial de empleo y regula la documentación y actos inscribibles en el Libro de Inscripciones de CEE.

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