En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                         08/01/2018

DICIEMBRE 2017

Legislación

 

AGEVALCEE QUIERE AYUDARTE CON TUS CONSULTAS JURÍDICAS

 

Agevalcee desea ofrecer a sus asociados información sobre temas de particular interés sugeridos por los mismos y/o la resolución de consultas específicas teórico - prácticas en el ámbito mercantil, fiscal y laboral relacionados con el sector del trabajo con discapacidad y los Centros Especiales de Empleo, a través del apartado legislativo de nuestro Boletín mensual.

 

Entendemos que son consultas que pueden ser comunes y de ayuda a todos los asociados, consiguiendo de esta manera que el apartado legislativo de nuestro boletín sea un apartado de consulta de referencia para nuestro sector.

 

Además de ofrecer información en el ámbito jurídico de carácter general, el objetivo es ofrecer a los asociados, empresarios y profesionales que a diario trabajan en los CEEs, información importante y relevante específica para el desarrollo de su actividad en los Centros, una visión certera, breve e integral de las problemáticas reales, huyendo de dogmatismos y extensos análisis jurídicos de difícil lectura. Una obra de fácil consulta y profundo sentido práctico.

 

Los asociados pueden enviar sus consultas por mail a: prensa@agevalcee.es

 

Quedamos a vuestra disposición.

 

 

 

 

ASPECTOS LABORALES DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

 

Con fecha 9 de noviembre de 2017, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), con entrada en vigor prevista para el próximo 9 de marzo de 2018, y por la que se transponen al ordenamiento jurídico español sendas Directivas europeas en materia de contratación pública. La norma introduce importantes novedades de índole social y laboral sobre las cuales se exponen comentarios a continuación.

 

Objetivos de la LCSP

La LCSP pretende introducir una mayor transparencia y eficiencia en la contratación pública y mejorar la relación calidad-precio de las prestaciones demandadas por el sector público, rediseñando los criterios de adjudicación e incluyendo entre los mismos, aspectos sociales vinculados al objeto del contrato.

 

Por ello, a través de la nueva LCSP se refuerzan los principios rectores de la contratación del sector público y se regulan con mayor rigor los requisitos con los que deben cumplir las ofertas para contratar con el Sector Público, garantizándose que las mismas no puedan ser anormalmente bajas o reducidas por no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, laboral o social.

 

Principales novedades de la LCSP en el ámbito laboral

Las principales incidencias sobre el derecho laboral de la nueva LCSP son las siguientes:

 

• Obligación de cumplimiento por parte de la adjudicataria de la normativa convencional sectorial:

La nueva LSCP impone que la normativa de referencia para las empresas que quieran optar a licitaciones públicas sea el convenio sectorial, desplazando de esta forma al posible convenio de empresa, lo que ha generado controversia al disipar la prioridad aplicativa del convenio de empresa que introdujo la Reforma Laboral del año 2012. Con esta medida se pretende evitar mermas en las condiciones laborales en el ámbito de la contratación pública.

 

• Subrogación en contratos de trabajo y obligaciones de información:

Cuando exista para el adjudicatario la obligación legal, convencional o derivada de un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, de subrogarse en determinadas relaciones laborales, los órganos de contratación deberán facilitar a los licitadores (en el propio pliego), la información detallada sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, y que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales.

Dicha información deberá ser proporcionada por la anterior adjudicataria/empleadora, y en caso de que los costes laborales fueran superiores a los indicados, el nuevo contratista tendrá acción directa contra el anterior.

 

• Remunicipalización de servicios públicos:

La obligación de subrogación en los contratos de los trabajadores, si existe obligación legal (sucesión empresarial), convencional o derivada de un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, también opera para el supuesto de que una Administración Pública lleve a cabo una reversión/remunicipalización del servicio.

En este sentido, si la remunicipalización del servicio conlleva una sucesión de empresas ex artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la Administración deberá subrogarse en los contratos de los trabajadores que venían desarrollando esa actividad, lo cual suscita serias dudas dado que la D.A. 26 y 36 LGPE no permite esta integración automática de trabajadores públicos, por lo que no es claro si éstos tendrían la condición de trabajadores indefinidos no fijos, o congelación del estatuto jurídico privado como una categoría nueva conocida como «personal subrogado».

 

• Imposibilidad de subrogación impuesta por los pliegos de contratación pública:

Los pliegos de contratación pública no podrán imponer ex novo la subrogación de trabajadores. En consecuencia, salvo que se den los supuestos exigidos por el artículo 44 ET o lo imponga un Convenio Colectivo, los pliegos no tendrán tal facultad.

 

• Redefinición de los principios a tener cuenta en materia de contratación pública:

En el precio y presupuesto de la licitación se deberán indicar de forma desglosada –y con desagregación de género y categoría profesional– los costes salariales estimados a partir del convenio de referencia.

Asimismo, se implementan instrumentos destinados a potenciar la igualdad e integración, concretamente se podrán aplicar criterios sociales de desempate ante igualdad de ofertas (discapacitados, género, etc.).

 

• Establecimiento de medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento con las obligaciones en materia laboral:

En aras de fortalecer las garantías laborales de los trabajadores, se establecen medidas coercitivas, que impiden el acceso a la contratación pública de aquellas empresas que incumplan las políticas de igualdad e integración, que hayan sido sancionadas por infracción laboral muy grave, o condenadas por un delito contra los derechos de los trabajadores.

 

 

 

 

PARO DE LOS AUTÓNOMOS

 

Si cotiza en el RETA pero su actividad no funciona. Si cotiza por el paro de autónomos, ¿qué requisitos deberá acreditar para cobrar la prestación? ¿la puede capitalizar otra actividad por su cuenta?

 

Ceses de actividad

Prestación. Un autónomo que cese en su actividad de forma involuntaria tiene derecho a cobrar el paro (la prestación por cese de actividad) si cumple varios requisitos. Por ejemplo:

 

• Debe soportar la cotización adicional del 2.20% por cese de actividad, y debe haber cotizado al menos 12 meses por este concepto. Apunte. No es necesario cotizar por contingencias profesionales (hasta 2014 sí lo era).

 

• También es necesario que esté al corriente de pago con la Seguridad Social y que no haya alcanzado la edad de jubilación.

 

• Por otro lado, deberá acreditar causas técnicas, económicas, productivas u organizativas que impidan el desarrollo viable de la actividad. Apunte. Por ejemplo, dichas causas existirán si sufre unas pérdidas superiores al 10% de los ingresos durante un año, o si tiene impagados por valor del 30% de los ingresos. Si posee un establecimiento abierto al público, será necesario el cierre durante el período de cobro del paro, o su transmisión a un tercero.

 

Societario. Si el afectado cotiza en el RETA por el hecho de trabajar en la SL, de la que es socio, también tendrá derecho a esta prestación. Para ello, la sociedad deberá acreditar las pérdidas indicadas (superiores al 10% de los ingresos durante un año), o bien deberá haber disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social. ¡Atención! Si es el administrador, deberá acreditar que ha cesado en el cargo. Y si presta otros servicios para la empresa, deberá acreditar que ya no los realiza (por ejemplo, mediante un documento firmado por el nuevo administrador).

 

Acceso a la prestación

Duración y cuantía. La duración de la prestación puede variar en función de los períodos cotizados en los 48 meses anteriores a la situación legal de desempleo. Por ejemplo: si el autónomo ha cotzado por cese de actividad de 12 a 17 meses, tendrá derecho a dos meses de prestación; y si ha cotizado 48 meses o más, la prestación durará 12 meses (éste es el máximo). Apunte. Respecto a la cuantía, la prestación será igual al 70% de la base de cotización media de los 12 meses anteriores.

 

Pago único

Requisitos. Por último, si el autónomo tiene derecho a la prestación y tiene pendiente de cobrar, al menos, un periodo de seis meses, puede capitalizar la prestación para volver a iniciar otra actividad por cuenta propia. En concreto:

 

• Deberá acreditar que va a realizar una actividad profesional, o que va a aportar el 100% del importe de la prestación al capital social de una sociedad nueva o constituida en los 12 meses anteriores (siempre que vaya a poseer el control efectivo y vaya a ejercer una actividad profesional en ella).

 

• La solicitud de la capitalización deberá ser anterior  a la fecha de incorporación del autónomo a la sociedad o a la fecha de inicio de la actividad. ¡Atención! A partir de ahí, una vez percibida la prestación, el autónomo deberá iniciar la actividad y darse de alta en el RETA en el plazo de un mes.

 

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Por Gabinete de prensa de AGEVALCEE realizado por Agenciamanía.

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