En la unión está la fuerza    

Editorial Ley

02/09/2012

Mucho se ha escrito, especialmente en los últimos tiempos, sobre la Ley de Dependencia y la reforma de la misma que ha planteado el RDL 20/2012. Mucho se ha escrito, pero poco se ha analizado en profundidad.

 

Asistimos a la ceremonia de la confusión, pues no deja de sorprendernos la falta de rigor en algunos de los planteamientos que se vienen haciendo.


Conviene recordar que la llamada Ley de Dependencia (en realidad técnicamente «Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias»), aprobada en 2006 y cuya entrada en vigor se produjo en 2007, contó con la aprobación de una amplia mayoría del Congreso.


Sin embargo, ya en ese momento desde el Partido Popular se avisó de que era una Ley que nacía con muchas deficiencias; no se habían hecho los cálculos relativos al número de dependientes con ningún rigor, no se había elaborado una memoria económica en condiciones y, sobre todo, no contaba con una adecuada financiación para su puesta en marcha. Era de esperar que acabaría por convertirse en una losa si no se adecuaba el sistema de financiación, y todo ello visto en un contexto económico bastante menos desfavorable que el actual.


Pero la realidad siempre se obstina en salir a la luz, y el resultado ha sido, como en tantas otras cosas, un desfase importante entre el coste de las medidas y la capacidad para hacerles frente; una vez más, toca poner rigor, seriedad y establecer bases de futuro que construyan los cimientos de un sistema nacional de Dependencia, basado en criterios de eficacia y eficiencia, que alejen el sistema del colapso al que estaba abocado por la falta de previsión de los anteriores gestores.


La reforma también fija los criterios de aportación en función de unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio. Debemos alejarnos de la falacia del «gratis total». No existe la gratuidad, el debate es si los servicios los debemos pagar entre todos o si debe haber aportación del beneficiario al sistema. Aportación que, por otra parte, es uno de los aspectos que siempre ha formado parte de la norma, y a partir de ahora el Gobierno y las CCAA trazarán parámetros de acuerdo con el nivel de renta del dependiente. Aquellas personas
cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del Iprem (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.


Otra de las líneas fundamentales de la mejora del sistema consiste en la modificación de los criterios para financiar el modelo en cada una de las Comunidades Autónomas. Se trata, de construir un auténtico sistema de Servicios Sociales eficiente donde el usuario reciba una atención personalizada y de calidad, y donde no quepa una inadecuada financiación que, como hasta ahora, nos abocaba a un colapso del sistema.


Seguramente podemos debatir sobre si esta postura es o no la adecuada, pero a la vista de la evolución del sistema, actualmente es la única viable, pues la alternativa es la quiebra del sistema y, por tanto, la desaparición del mismo. El rigor y la responsabilidad frente al puro cálculo electoralista.

 

Dejando morir a la ley de Dependencia………….

 

Ante la evidencia de que ha sido la contestación social la que realmente ha conseguido que el Gobierno del PP dé marcha atrás en su decisión de suprimir los 400 euros que perciben los parados que han agotado las prestaciones, a uno se le ocurre pensar que por qué razón esa presión no se ha dejado sentir en el caso de la Ley de Dependencia. Entre unos y otros la están dejando morir.

 

Hay algo en la Ley de Dependencia que la acerca a los postulados cristianos y morales de todo humanismo que se precie: su puesta en marcha sirvió para favorecer a los seres humanos que más sufren. Como han dicho algunos, es una ley de raíces evangélicas. Los recortes, hechos al margen de la piedad, sin tener en cuenta las leyes del corazón —que son ésas que no admiten argumentos ni silogismos en contra— se están cebando con ella.

 

Mujeres que en su día, para atender a los suyos, dejaron de trabajar, pasaron a cobrar y a cotizar en una Seguridad Social que les posibilitaría el acceso a una jubilación que las ayudase. Ya no cotizan. Y lo poco que cobran se verá afectado por un recorte del 15%. No hay manifestaciones que las defiendan. Ni el PSOE, de cuya iniciativa nació una ley que nos honra a todos como pueblo, ha defendido esa causa con el denuedo que ha desarrollado al denunciar el intento de dejar a los parados sin los 400 euros que perciben. ¿Están solos los dependientes? ¿Puede un Gobierno dejar sin efecto una ley que tanto se acerca a los valores esenciales humanos? ¿Se ha perdido el alma?

 

 

En defensa de los cuidadores

 

Existen cientos de personas en este país que ejercen de cuidadores principales de un familiar catalogado como gran dependiente. Los cuidadores de personas con dependencia son trabajadores a tiempo total las 24 horas del día los 365 días del año. Para ellos no hay fines de semana ni días festivos. Hipotecan su vida personal y laboral para ofrecer calidad a la vida de otras personas.

En 2006, la Ley de Atención a la Dependencia supuso una esperanza para ellos, pues se reconocía mínimamente su labor y se dignificaba su trabajo. Con las reformas de esta ley concretadas recientemente se da un gran paso hacia atrás, dejándolos en clara desprotección social, ya que, además de recortar sustancialmente las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, a partir de enero de 2013 tendrán que costearse íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que resultará inviable para muchas personas de este colectivo.

 

 

El Cermi critica el cambio de la ley de la Dependencia

 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi) ha criticado las recientes modificaciones de la ley de Dependencia por entender que vulneran la convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En un comunicado, esta entidad se ha mostrado crítica con las citadas modificaciones, que la Consejería de Justicia y Bienestar Social ha adaptado en el borrador de una orden.

 

Desde la citada consejería se apunta que su labor se limita a seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad y ajustar la normativa autonómica a los criterios marcados. El Cermi, en una reunión mantenida ayer, rechazó el citado borrador porque “muchos de sus artículos son un atropello a los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”.

 

“El borrador tiene un afán recaudatorio que no respeta, ni siquiera, las rentas más bajas, no reconoce las vacaciones del cuidador personal no profesional y reduce su prestación”, según las mismas fuentes.

 

Por estas y otras consideraciones, el Cermi “no puede consensuar con la Consejería de Justicia y Bienestar Social el citado texto, e incluso se reserva las acciones legales pertinentes en el supuesto caso de que la orden, una vez aprobada, vulnerase los derechos de las personas dependientes, tal y como hace el borrador”.

 

El Cermi solicita una prórroga para la aprobación de dicha orden con el fin de que pueda ser analizada y estudiada con más profundidad.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/10/valencia/1344620092_736615.html

 

Por Gabinete de prensa de AGEVALCEE realizado por Agenciamanía.

 

ARTÍCULO DE OPINIÓN: LA LEY DE DEPENDENCIA

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Cuadro de texto: Editorial Ley