En la unión está la fuerza                                                                                                                                                                      13/05/2019

ABRIL 2019

Noticias del sector

HASTA 2.350 EUROS AL MES PARA QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONTRATEN A UN ASISTENTE PERSONAL

 

09-04-2019.- Levante

 

  • La conselleria regula la figura del "asistente personal por horas" para fomentar la autonomía de personas con diversidad funcional de entre tres y 64 años

 

Hace ocho meses solo había seis valencianos con diversidad funcional que contaban con la ayuda del «asistente personal», una figura reconocida por la Ley de Dependencia pero sin apenas repercusión. Ahora ya se ha aprobado esta ayuda para 10 valencianos más y hay 25 en tramitación. Y es que el pasado 15 de enero la Comunitat Valenciana fue pionera en España a la hora de regular la figura del asistente personal mediante una instrucción que desarrolla la pretación económica de la asistencia personal, aumentando las cuantías y las horas de contratación.

El colectivo de personas con diversidad funcional llevaba años reclamando la regulación de una figura desconocida que, sin embargo, es clave para la automía. Porque no se trata de una ayuda cualquiera. Se trata de una prestación económica para que el usuario contrate a una persona para que le ayude. No para que haga las cosas por él. Ahí está la diferencia. Unas 68.000 personas con diversidad funcional podrían beneficiarse de esta ayuda para dar un paso en firme hacia su autonomía personal.

 

¿Quién puede solicitar la prestación? Las personas con diversidad funcional,que hayan sido valoradas en cualquiera de los grados de dependencia (I, II o III) y que tengan entre 3 y 64 años. Además, deben disponer de un Programa Individual de Atención (PIA) y tener capacidad para determinar los servicios que requieran. «Los únicos que quedan excluidos de esta ayuda son las personas mayores que son dependientes, pero no por ser personas con diversidad funcional. Si viven en una residencia o vivienda tutelada, tampoco, lo que no significa que haya tres personas con diversidad funcional que alquilen un piso y vaya cada uno con su asistente personal. Esta figura es clave para la autonomía y hemos hecho un gran esfuerzo para regularla con diversas entidades implicadas, además de ampliar las cuantías y las horas de contratación», explica la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando.

 

Con la nueva instrucción de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra la ayuda máxima pasa de 2.100 euros a 2.350 euros en caso de contratar 120 horas al mes (se puede emplear a un máximo de 3 personas) y a 833,96 euros al mes en caso de contratar menos de esas 120 horas al mes. La cuantía máxima es la misma para los usuarios con grados II y III (y varía en función de si la contratación es menor de esas 120 horas al mes). Para quienes cuenten con un grado I o niveles 1 o 2 la ayuda es de 300 euros.

La primera matización de esta ayuda que hace Ferrando se centra en las tareas del asistente personal. «El tiempo dedicado a las tareas personales y domésticas o de higiene no superarán el 30 % de las horas porque el asistente personal no es una persona contratada para las labores domésticas. Para eso hay otras ayudas. Se entiende que deben cubrir tareas como vestirse o levantrase de la cama, afeitarse... si así lo desea el usuario, claro, pero su trabajo no será ese. Su trabajo serán labores de acompañamiento, gestiones fuera del hogar, transporte... Se trata de que realicen las tareas que le mande su contratador, en función de lo que necesite pero no se centra en un trabajo de cuidados, es algo diferente porque no se trata de que 'hagan cosas por él' sino de que él mande lo que precisa. Y en el caso de menores, sus padres o tutores, claro», explica Ferrando.

 

El segundo punto al que hace referencia la secretaria autonómica se centra en lo que supone esta ayuda para los usuarios y sus familias. Y es que en el 38 % de las familias, un cónyuge deja el trabajo para dedicarse en exclusiva a cuidar a su hijo con discapacidad, según recoge el Informe de Discapacidad y Familia de la Fundación Adecco. «Esta ayuda significa que las familias tendrán una nueva herramienta para la independencia de sus hijos y para poder trabajar porque son muchas las mujeres (hablamos en femenino) que dejan su trabajo para ocuparse de la persona con dependencia. Este asistente personal puede acompañar al joven a la universidad, al niño con TEA (Trastorno del Espectro Autista) a la terapia... Y una cosa a destacar es que se respeta la decisión del usuario. Por ejemplo, si un chaval va con su madre a la universidad pero no quiere entrar en una clase... Su madre lo obligará seguro. Pero eso no ocurre con el asistente personal. La persona con diversidad funcional es la que manda porque el asistente personal es la persona que él ha contratado para que le ayude».

EL 74% DE LOS VALENCIANOS NUNCA HA TENIDO UN COMPAÑERO DE TRABAJO CON DISCAPACIDAD

 

27-04-2019- Valencia Plaza

 

El 74% de los valencianos nunca ha tenido un compañero de trabajo con discapacidad, un porcentaje similar al nacional (75%) que da cuenta de la "escasa penetración de las personas con discapacidad en las empresas".

 

Así se refleja en un el informe 'Discapacidad y Relaciones Sociales' elaborado por la Fundación Adecco tras encuestar a 800 trabajadores, entre 18 y 66 años, de los cuales 90 son de la Comunitat Valenciana.

 

A las puertas de la tercera década del siglo XXI, apuntan desde la fundación, "parece obligado esperar una evolución, sustancial y cualitativa, en todos los retos sociales, particularmente en los que atañen a la igualdad de oportunidades entre todas las personas".

 

En este sentido, el objetivo del estudio es evaluar el grado de inclusión y de normalización de la discapacidad en la sociedad contemporánea e identificar los factores que "perpetúan la discriminación y lastran el avance hacia una sociedad libre de barreras".

 

Los principales resultados muestran que el 63% de los contratos en la Comunitat Valenciana se suscriben en Centros Especiales de Empleo (CEE), entornos especialmente constituidos para personas con discapacidad, bajo la modalidad de empleo protegido.

 

Además, "la participación de los valencianos con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo exigua": su tasa de actividad es del 36% o, lo que es lo mismo, el 64% de los que tiene edad laboral no tiene trabajo ni lo busca, apunta el informe.

 

La existencia de prejuicios, desconocimiento y discriminación en la sociedad es otra de las grandes causas que frenan el acceso de la discapacidad a las empresas, avisa. De este modo, en el plano personal, un 43% de los encuestados admite sentir "cierto grado de incomodidad" al relacionarse con personas con discapacidad, por temor a importunar o a no saber reaccionar de forma correcta.

 

Según el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, "la discapacidad continúa infrarrepresentada en las empresas y ello frena su normalización en la sociedad; de hecho, la inclusión social nunca será plena sin inclusión laboral", asegura.

 

Por el contrario, añade, "la mayor convivencia entre personas con y sin discapacidad en las empresas contribuiría de forma decisiva a la erradicación de prejuicios y estereotipos, muy arraigados en el imaginario social".

 

En esta línea, considera que "el voluntariado corporativo constituye un valioso recurso para acercar la discapacidad a las empresas, en la medida en que genera empatía, compañerismo e intercambio de valores entre los trabajadores y las personas con discapacidad".

 

A su juicio, existe un desconocimiento generalizado sobre el concepto discapacidad: la mayoría de los encuestados únicamente la asocia con las condiciones más visibles y evidentes, desconociendo que ciertas patologías, orgánicas o psicológicas, también pueden ser discapacitantes.

CON LA EMOCIÓN DE CONQUISTAR SUS DERECHOS, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SALEN A VOTAR

 

28-04-2019.- Las Provincias

 

  • Virginia Martín Oliva, una de las cien mil personas con discapacidad intelectual que pueden votar por primera vez, meditó su elección en grupos de trabajo

 

Vestida de negro y rojo, Virginia Martín Oliva se detiene en la puerta del colegio electoral Las Artes, de Pinto, en las afueras de Madrid. Frente al cartel con el distrito de votación, revisa su tarjeta censal e ingresa al gran salón donde hay cuatro mesas con urnas y dos mesones con las papeletas. «Nunca había entrado a este colegio», murmura. Virginia vive a unos diez minutos caminando, en un piso tutelado por la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad intelectual. Ella es una de las cien mil personas que puede votar por primera vez. «Supe que no podía votar cuando me hicieron la tutela por la comunidad», recuerda Virginia. «Cuando tenía 18 años un juez decidió mis derechos. Ya no. Se quitó esa ley después de luchar mucho».

 

Desde ese día, en que su familia cedió la tutela al Estado y ella descubrió que no tenía los mismos derechos electorales que los demás, Virginia, hoy con 28 años, se ha involucrado en la lucha por conquistarlos. Incluso acudió al Congreso el año pasado y fue una de las representantes que discutió con los políticos de los distintos partidos el derecho al voto y las papeletas de lectura fácil. «Estuvo bien, nos escucharon a todos», asegura. Tuvo que pasar una década hasta que se materializó la igualdad en cuanto a derechos electorales. «Me enteré que se había aprobado la ley el mismo día», dice Virginia, que trabaja con la organización Plena Inclusión Madrid, una de las más activas en esta iniciativa y con la que pusieron en marcha la campaña 'Mi voto cuenta'. Ella lleva una chapa con el logo en su jersey rojo.

 

Cerca del mediodía, la jornada transcurre con tranquilidad en este centro del distrito uno. A Virginia, con una discapacidad intelectual superior al 60% de grado uno y nivel uno, la acompaña David, uno de sus tutores, que guarda distancia mientras ella busca su mesa. Una vez que la identifica, elige el mesón de la derecha para recoger las papeletas. Hay un puñado de vecinos. Ella aguarda su turno. Primero, coge las blancas. «Estoy un poquito nerviosa», reconoce. Busca la intimidad de las cortinas para ejercer su voto. Al salir, se reúne con David, pregunta si los sobres deben cerrarse, mete la solapa dentro, busca su DNI.

 

La decisión de votar la tomó con mucha reflexión, después de numerosas jornadas de discusión con su grupo de compañeros, todos con alguna discapacidad intelectual. No hay voto emocional entre este colectivo que elige representantes políticos por primera vez. Quizás sea el más racional de cuantos se depositen hoy. Ellos han estudiado las propuestas que cada partido ha formulado con relación a su situación: trabajo, recursos, derechos. Les habían solicitado a través de sus plataformas que redactaran sus contenidos con el método de lectura fácil y, a la hora de decidir, han tenido bien en cuenta los que no lo han hecho. «Porque no han querido o por falta de tiempo». Se han leído y debatido una carpeta con una veintena de folios con los programas de los cinco candidatos. Virginia se decanta por la opción que ha ofrecido aumentar el empleo y «hacer la vida más digna para las familias de la gente con discapacidad».

 

Aprender a votar más allá del acto mecánico ha sido una de las prioridades de Virginia, junto a sus actividades en el centro ocupacional donde hace manualidades y aprende sevillanas y las tardes que transcurren en compañía de amigos y su pareja. «Hemos mirado cómo podemos ayudar a los políticos», dice. «Qué hacer mejor y qué ley cambiar». El voto, desde luego, es secreto. Virginia no lo esconde, pero «algunos no querían decirlo». ¿La opción que les negó su programa en lectura fácil? Descartada.

 

En el preludio, las manos de Virginia tiemblan levemente, pero va a su fila con seguridad. Una persona antes que ella le entrega los sobres al presidente de mesa. Ella no. Prefiere meterlas en las urnas con su propia mano. «El nerviosismo se me ha quitado al meter la papeleta».

 

Antes de salir, en su edificio se encontró con otros compañeros. En un piso viven cinco chicas bajo la tutela del gobierno y en otro de la misma finca, seis chicos. ¿A dónde vas?, le pregunta uno. ¡A votar!, responde ella. «Se estaba produciendo una vulneración grave de sus derechos, ya que se juzgaba la calidad del voto de un colectivo muy concreto de personas», ratifica Silvia Sánchez, directora de Plena Inclusión Madrid. «El derecho al voto no es un fin en sí mismo, sino un peldaño hacia la conquista de otros derechos que también les están siendo negados».

 

Virginia sale del colegio electoral. Una mañana soleada. Tiene planes. Irá al parque cercano y se encontrará con su pareja. han quedado a comer. «Votar merece la pena», sentencia Virginia que anuncia cuál será su próxima lucha: lograr que las mujeres como ella puedan tener hijos sin perder la tutela de la comunidad y sin tener que entregarlos en adopción o a sus familias. «Quiero que haya más recursos para las personas mayores, para que puedan estar con sus hijos. Tengo amigas que han tenido que dar a su bebé en adopción. Pero, claro, al no tener trabajo y como están las cosas no se pueden tener ni mantener».

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